En las últimas tres semanas, tras los acontecimientos de Nochixtlán, hay cambios en el día a día del escenario donde transcurre el conflicto magisterial: se tienen mesas de diálogo y hay atisbos de lo que podría ser una agenda de discusión aceptada por las partes. El escenario, por supuesto, conserva rasgos de las fases previas: movilizaciones y bloqueos que cambian de intensidad en función de la capacidad o del cálculo político; discursos maximalistas; participación de diversos grupos, incluidos los ultras, los provocadores y los oportunistas de toda laya; amenazas de un lado o del otro que luego se matizan o se finge olvidar; y juegos de lenguaje.
También está cambiado la participación de los actores, las posiciones políticas y territoriales, y el peso de unos con respecto a otros. Además, han entrado a escena figurantes que parecían estar llamados a tener papeles secundarios, como los maestros de Monterrey, Colima y Aguascalientes, o, en la última semana, el SNTE. Todavía con modorra política, los senadores y diputados dan tímidas señales de querer salir del confort en el que están instalados. Estos nuevos movimientos han producido redefiniciones en la agenda de negociación y pueden producir cambios importantes en el escenario educativo y político del corto y del mediano plazos.
Los dos elementos recientes más destacados son el intercambio de documentos entre la Secretaría de Gobernación y la CNTE para fijar posiciones y temas de negociación, y la exigencia del SNTE para replantear “todo el proceso de implementación de la reforma educativa”. El secretario de gobernación había dicho que el tiempo se estaba agotando y muchos temimos que la represión podía catastróficamente asomarse de nuevo. Pero eso no ocurrió. La CNTE mantuvo su discurso, afirmó que los plantones y movilizaciones continuaban… mientras disminuía el número de bloqueos y permitía parcialmente el abasto, especialmente en Oaxaca.
Eso fue reconocido por Osorio Chong para explicar que, tras intensos trabajos, se había llegado a la conclusión de encontrarse de nuevo con la CNTE. No existe información pública suficiente, pero al parecer se ha establecido un carril de negociación en corto y sin reflectores entre la CNTE y la SEGOB, que posibilitó reducir los bloqueos e incluir temas para una agenda educativa. La CNTE no desistirá en sus movilizaciones, de hecho son su único recurso para hacer avanzar sus puntos en la agenda. La SEGOB no cederá en la idea de “todo dentro de la reforma” y “la ley no se negocia”, algo absurdo desde cualquier punto de vista, pero puede abrir un nuevo escenario de negociación donde discutir el modelo educativo.
Sin embargo, abrir los temas educativos no es suficiente para la CNTE porque, como lo han dicho sus dirigentes, su demanda central es la abrogación de la reforma, ya sea mediante la moratoria o la suspensión. Pero también porque eso no le interesa: su agenda no es educativa sino gremialista, con base clientelar y corporativa. De todas maneras, el documento que entregó a la SEGOB, además de insistir en abrogar la reforma, introduce argumentos educativos. No es una coincidencia que tanto el documento de Gobernación como el de la Coordinadora toquen esos temas. Queda la impresión de que en los contactos privados se acordó que deberían tener más peso. Así, en resumen, para la CNTE los temas son: 1) la suspensión de la reforma mientras se modifican los artículos 3º y 73º constitucionales y las leyes secundarias; 2) iniciar un proceso social de transformación educativa con todos los actores a través de debates, foros, conferencias, mesas de trabajo, etcétera, cuyos resultados serán “obligatorios” para el nuevo modelo educativo; y 3) resolver los temas de los “costos” de la reforma: víctimas, presos, cesados, órdenes de aprehensión, y otros.
Por su parte, Aurelio Nuño a regañadientes ha debido asumir que la CNTE participará en la discusión de lo educativo y se ha exhibido como un funcionario técnicamente incapaz y un político carente de oficio. Las aportaciones de muchas investigaciones han dejado claras las inconsistencias conceptuales y técnicas de la reforma “educativa” (Rodríguez; Díaz Barriga, Instituto Belisario Domínguez), así que no abundaré al respecto. Nuño ha mostrado su carencia de oficio en muchas ocasiones. Por ejemplo, no pudo escoger peor momento -esta semana- para que la SEP planteara que el estímulo de Carrera Magisterial no impactaría aumentos salariales, primas, aguinaldos y jubilaciones, lo cual generó una inmediata respuesta del SNTE. El secretario ya había recibido hace unas semanas un pescozón por parte del dirigente del Sindicato por los pagos incumplidos a profesores que fueron evaluados.
Desde entonces existían indicios de que Nuño no las tenía todas consigo ante el SNTE pues éste se deslizaba hacia una posición defensiva, gremialista, que desembocó ayer en un amplio conjunto de exigencias, demandas y propuestas para la transformación del sistema educativo. El fraseo utilizado por el SNTE de replantear la implementación de la reforma educativa no es ingenuo: no demanda la abrogación de la reforma ni plantea cambios a la ley, aunque algunas demandas de su pliego pueden llevar a ello. Es una aceptación a la reforma educativa, algo para contentar a Nuño, pero contiene demandas semejantes a las de la CNTE, como, entre otras, eliminar el carácter punitivo de la evaluación, diversificarla de acuerdo con los contextos de aplicación, incluir la autoevaluación y la evaluación de pares y de directores, y que la SEP presente el modelo educativo para analizarlo y enriquecerlo. El documento del SNTE es preciso, con puntos específicos para la negociación y está firmado por todos los secretarios de las secciones que lo integran, con excepción de las secciones 7 (Chiapas) y 22 (Oaxaca).
Es difícil saber si esta nueva iniciativa se debe a una operación política secreta entre Nuño y Díaz para centrar la negociación con el Sindicato y no con la Coordinadora. En primer lugar, implicaría que el secretario tiene amplia capacidad de maniobra, lo cual es dudoso pues ha perdido iniciativa política y es claro que dentro del gobierno federal el mando está en Gobernación. En segundo lugar, incluir a un actor de gran peso en las negociaciones no sólo no asegura su control sino que agrega mayor complejidad y nivel de conflicto al escenario.
Es mucho más probable que los reflejos gremialistas del SNTE se estén activando para, de un lado, subirse en una negociación de la que pueden resultar beneficiados con bajos costos políticos y, del otro, contener una posible extensión de la inconformidad magisterial que podría ser capitalizada por la CNTE. La percepción de que la reforma laboral ha fracasado y de que no habrá una reforma educativa es muy amplia, y el SNTE lo sabe bien.
El Sindicato poco tiene que ganar con ser aliado del gobierno federal. Hace mucho que dejó de ser el brazo electoral del PRI, a los dirigentes actuales no les interesa aliarse con ese partido en las elecciones de 2018 y sus alianzas importantes se verifican en los gobiernos estatales. La amenaza que podría recaer sobre sus dirigentes por probables delitos semejantes o peores a los que se atribuyen a varios dirigentes de la CNTE hoy en prisión se ve lejana pues el gobierno pagaría costos políticos adicionales si decidiera emplear ese recurso. Así, para el SNTE la apuesta es poner en la negociación asuntos gremiales relacionados con la reforma; evitar que la CNTE monopolice las negociaciones; contener desbordamientos en sus flancos dado el extenso descontento del magisterio; y mantener su status quo en los estados.
Es previsible que la CNTE descalificará y desconocerá las negociaciones con el SNTE. Marcará distancia simbólica radicalizando su discurso. No puede permitir que le arrebaten las banderas ni perder protagonismo en las negociaciones. Posiblemente el gobierno planteé que las negociaciones se circunscriban a cada estado, argumentando las especificidades de cada uno, con lo cual se liberaría la presión y se encaminarían soluciones.
No obstante, el panorama continúa nebuloso. La agregación del SNTE añade complicaciones pues no es clara cuál será la ruta que el gobierno abrirá para resolver el cúmulo de demandas. Esto debería ser suficiente para llamar al INEE a adoptar una posición avanzada, que apoye desde su capacidad técnica a encontrar un camino y avanzar en la transformación educativa.
Los legisladores están obligados a dejar de bostezar y a participar en el proceso, escuchando a los actores, sugiriendo salidas, elaborando iniciativas para reformar las leyes y tratar de enderezar el rumbo de nuestra maltrecha política y legislación educativas. Pero más allá de declaraciones aisladas, marginales o arrogantes de algunos senadores y diputados no se percibe un clara iniciativa que los ponga seriamente en movimiento.
La excepción ha llegado del lado del Congreso de Colima, que tras una reunión con el Movimiento de Lucha Magisterial “Somos más que dos”, exhortó al Congreso de la Unión a realizar una “exhaustiva revisión del marco normativo de la llamada “reforma educativa”, para modificar, derogar, abrogar en su caso, aquellas normas jurídicas que atenten contra los derechos humanos de los trabajadores de la educación, sean de difícil aplicación o ambiguas”.
Si el Congreso de Colima se reunió con maestros, cualquier otro congreso puede hacerlo. El Congreso de la Unión debería intentarlo, no hay ninguna otra institución que goce de representación política y que sea capaz de dar cauce a la crisis política que vive el país en torno a la educación mediante la modificación de las leyes.
Que el INEE, los legisladores y otros actores del magisterio y de la investigación educativa intervengan en la solución del conflicto actual es un imperativo para hacer salir al gobierno federal y a la CNTE de un escenario en el que se hablan a gritos con muy escasa capacidad de escucha.
