La idea de mantener hasta el infinito una lucha contra la reforma “educativa” del gobierno a través de métodos más que cuestionables, desgastados e ineficaces es sencillamente errónea. No es posible incidir en la política educativa a punta de marchas, plantones, quemas, allanamiento de oficinas públicas, bloqueos o suspensión de clases, aderezados con castigos y humillaciones a los que no se alinean. La única forma, y eso implica pensar en el mediano y largo plazo, es la construcción de una fuerza capaz de generar amplios acuerdos sobre el contenido educativo de la reforma necesaria y las formas idóneas para revalorar la profesión magisterial, incluyendo la erradicación de prácticas clientelares y corruptas, y poniendo en el centro el profesionalismo y la profesionalidad del trabajador docente. Pero esa perspectiva de lucha no existe o, para decirlo con exactitud y en positivo, sólo existe en segmentos pequeños de la oposición magisterial, cuyos esfuerzos, desafortunadamente, han sido subordinados a la lógica confrontacionista, radical y provocadora de las corrientes dominantes de la CNTE.
El gobierno no dará marcha atrás en la reforma “educativa”. El congreso tampoco lo hará. La recuperación del IEEPO en Oaxaca por parte del gobierno estatal, los descuentos, la amenaza de despidos y la detención de dirigentes es un claro aviso de que el gobierno federal no cederá. El recurso de la violencia política no sólo es privativo de la CNTE sino también del gobierno, que ha hecho efectivas las órdenes de aprehensión contra dirigentes, tras la inicial detención del tesorero de la sección 22 hace dos meses, acusado de lo mismo que Rubén Núñez. Es posible que muy pronto veamos más detenciones. De ninguna manera es una política sensata del gobierno, y menos cuando el rasero que aplica es completamente disparejo pues, por ejemplo, no se ha actuado contra dirigentes magisteriales del SNTE de quienes existe información (Reforma 14 de junio, 2016) sobre actos semejantes a los que ahora sirven para acusar a los dirigentes de la CNTE detenidos. De todas maneras, tampoco es buen argumento decir que si el gobierno es omiso con unos, debe serlo con todos. No debe ser omiso con nadie.
La CNTE está obligada a replantear su lucha. Si no lo hace, además de una severa derrota, implicará para muchos de sus seguidores serios problemas por el ausentismo o por la comisión de actos delictivos, desde la suspensión de salarios, la posible pérdida del empleo o la consignación penal. Los alumnos de los maestros movilizados también serán perdedores, pues es imposible que logren aprendizajes en contextos conflictivos donde el ausentismo es moneda corriente. Pero la nueva oleada de movilizaciones es un recurso que la CNTE despliega para defender los reductos que aún tiene. La radicalización de la protesta está lejos de la construcción de proyectos educativos viables, tanto en el nivel estatal como nacional. El propósito es mantener una reserva de poder que poco a poco los dirigentes han comenzado a perder.
Se requieren proyectos, no discursos radicales. Las experiencias locales de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, deben ser analizadas con detalle para determinar si representan verdaderas opciones educativas o no, y en que nivel de extensión pueden aplicarse. Es claro que en un país tan diverso propuestas educativas cobijadas con retóricas revolucionarias son inviables como proyecto nacional. Suponer que estas movilizaciones son el inicio de cambios radicales en el país es una mera ilusión. De hecho, la supuesta “vanguardia” que ahora representaría la CNTE en la lucha popular es inexistente pues un proyecto de país no puede sostenerse mediante la lucha por conservar un status quo que privilegia prácticas gremialistas alejadas del profesionalismo magisterial. Las lógicas particularistas muy difícilmente pueden construir amplios consensos para la lucha social y menos generar una visión general del cambio social.
La perspectiva que ofrece el Diálogo Nacional por la Educación, es, por decir lo menos, incierta. Positiva en sus intenciones, en la práctica se ha convertido en una forma de legitimación de las acciones de la CNTE. Sus reuniones y decisiones están subordinadas a la agenda política de la CNTE y no han logrado que las propuestas se conviertan en el punto central de la actividad opositora a la reforma “educativa”.
A estas alturas, la acción de la CNTE sólo refuerza el empecinamiento gubernamental y permite que las tareas de la reforma educativa permanezcan en la oscuridad. ¿Quién sabe qué está planeando el gobierno federal para hacer modificaciones en los planes de estudio de la educación básica? Terreno vedado a la transparencia. La prolongación del conflicto refuerza la opinión negativa hacia los maestros que con arrogancia el gobierno tuvo desde el inicio de la reforma “educativa” y le ofrece un magnífico pretexto para no mostrar a nadie su propuesta. Los foros de 2014 para revisar el modelo educativo fueron el inicio, pero no hay por parte del gobierno federal ninguna intención de dar a conocer la síntesis que realizó, someterla a la crítica y a la experimentación antes de imponerla en la educación básica.
El movimiento magisterial más aportaría a la educación exigiendo al gobierno que dé a conocer la reforma del modelo educativo que tal vez se ponga en marcha en próximo ciclo escolar, proponiendo su análisis y un método ordenado para echarla a andar. Pero estos asuntos no parecen ser importantes ni para la CNTE ni para el gobierno federal. Es lamentable cómo en la confrontación, ambos extremos se dan la mano.
