La estrategia del gobierno para lidiar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dio un giro de 180 grados. No obstante, vale la pena preguntarse si será consecuente con ella o si de nuevo cederá a las amenazas y al chantaje de la Sección 22 de Oaxaca. El golpe del martes de la semana pasada tuvo destellos de genialidad, estuvo bien planeado y mejor ejecutado. Cierto, fue una acción centralista, pero el federalismo mexicano es una ficción.
Los dirigentes de la Sección 22 habían estirado el hilo al máximo de su resistencia. Hoy, su soberbia los sitúa a la defensiva. En las asambleas y marchas que han podido organizar culpan al gobierno de una agresión, de criminalizar la protesta y acusan al gobernador Gabino Cué de traidor, pero no hacen un análisis de su propia actuación. Los avances del gobierno no se explicarían si no hubiesen cometido errores.
La pifia mayor, a mi juicio, fue haber rechazado la oferta del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, del 4 de junio, en la que se les garantizaba a los maestros de Oaxaca su “derecho a la permanencia”, reconociendo “sus derechos laborales, logros políticos, administrativos, económicos, sociales, jurídicos y sindicales”. Al buen entendedor, eso incluía el control que la dirigencia de la Sección 22 tenía sobre el IEEPO y que la evaluación de los maestros no concluiría en despidos, aunque su desempeño fuera insuficiente, como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Los dirigentes no midieron el alcance de su maximalismo. Iban por todo, querían derogar las reformas constitucionales y abrogar las leyes secundarias. En lugar de aceptar y consolidar lo logrado, amenazaron con boicotear las elecciones del 7 de junio, realizaron actos vandálicos contra el INE y otras instalaciones. Festejaron la suspensión de las convocatorias para la evaluación de docentes, como si fuera un triunfo definitivo.
Se cegaron y no entendieron los mensajes del gobierno y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No habría más negociaciones en la Secretaría de Gobernación si no regresaban a clases, ni prosperaron los amparos en contra de las evaluaciones que promovieron. Estaban tan acostumbrados a llevar la iniciativa y ser la fuerza de ataque que olvidaron una máxima de la guerra de movimientos: estar preparados para una contraofensiva de las fuerzas enemigas.
Para el gobierno, la situación de Oaxaca ya era insostenible. Resentía la presión social manifiesta en la prensa, en actos con empresarios y la crítica de los partidos políticos. En fin, una suma de factores forzaron al Presidente a actuar como zorro y como león, como recomendaba Maquiavelo. El decreto del 20 de julio indica que el gobierno estudió con detenimiento el tipo de institución que sustituiría al IEEPO colonizado. Asimismo, tomó en cuenta las reglas formales, fue el gobernador Cué quien —como autoridad política— llevó la voz cantante, en tanto que los enviados del Presidente mostraron el apoyo del gobierno federal.
El gobierno central desplazó suficientes contingentes de policías y fuerzas armadas para poner en práctica el plan. Rodearon las instalaciones del IEEPO, con esto previnieron que los desplazados se llevaran papelería y equipo de cómputo. Las fuerzas del orden también protegieron instalaciones estratégicas y vías de comunicación. La selección de la fecha para dar el golpe fue otra acción zorruna: periodo de vacaciones —los disidentes ya no podían chantajear con no entregar las boletas de calificaciones— y días de fiesta. Hoy la Sección 22 tiene dificultades para reagrupar sus huestes.
La sustitución del IEEPO es un paso importante, pero no definitivo. Hay problemas administrativos que no son de solución fácil. Por ejemplo, con los acuerdos en la Segob se basificaran a cientos de maestros interinos que sustituían a los funcionarios comisionados al IEEPO. Habrá alrededor de cinco mil plazas con dos personas con base.
También habrá que ver la respuesta política de la CNTE. Hoy amenaza con una huelga nacional para el 24 de agosto; pero ya no las tiene todas consigo. El gobierno central fortalece el control sobre la nómina y si es cierto que ahora el secretario Chuayffet es quien comanda el embate del gobierno central, tal vez él sí se atreva a hacer descuentos por días no laborados y a despedir a unos cuantos faltistas.
El riesgo mayor es que el Presidente ceda a la tentación de seguir negociando con la CNTE. Y, si el subsecretario Miranda se hace cargo de esas diligencias, daría al traste con lo conseguido.
