Con la instalación de la mesa educativa entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el pasado martes 19 de julio y con la presentación oficial del modelo educativo el miércoles 20, el gobierno federal y la Coordinadora han abierto un nuevo frente de batalla.
El marco no podría ser más conflictivo y complejo: la información sobre lo que realmente se discute y acuerda en las mesas de negociación es muy parca. La opacidad ha sido una característica fundamental de esas relaciones. Sin embargo, hay algunos datos que permiten suponer que se han producido convergencias y acuerdos entre la Segob y la CNTE, aunque los discursos públicos se mantienen en general con pocos cambios, como si cada uno hablara a sus respectivas audiencias, intentando mostrar consistencia para no perder bases de apoyo. Tanto la Secretaría como la CNTE se niegan a hablar con franqueza.
En las negociaciones políticas y laborales se percibe, entrelíneas, un pequeño resquicio que puede significar que la CNTE está dispuesta a sustituir la demanda de derogación por la de “transformación de la educación en este país”. Gobernación, por su parte, sostiene que es posible hacer modificaciones pero no derogaciones y que la CNTE puede participar en la discusión sobre la evaluación y sobre el modelo educativo, algo que hace apenas unas semanas parecía imposible. Es un nuevo terreno para procesar la negociación, pero no hay ningún avance concreto.
Sin embargo, en otros terrenos, prosaicos pero más ligados a sus intereses directos, la CNTE obtuvo algunos triunfos derivados de la reunión del miércoles 13 de julio, poco reportados por la prensa, como la anulación o suspensión de las notificaciones de cese a los que no se presentaron a evaluación y a los que han participado en el paro de labores. Con respecto a Michoacán, además, se acordó pagar las quincenas a partir del viernes 15 de julio. A reserva de confirmar la veracidad de esa exigua información, es posible que estas soluciones no sean todavía extensas, lo que explicaría por qué estos temas fueron tratados otra vez en la reunión del 21 de julio en la Segob.
Adicionalmente, y también con la reserva que impone la falta de información, la CNTE reportó un acuerdo con la Segob para cancelar las órdenes de aprehensión y que, a partir del sábado 16 de julio y en el transcurso de un mes, los dirigentes y activistas presos obtengan su libertad. Este acuerdo comenzó a rendir frutos con la liberación de dos integrantes de la CNTE presos en octubre de 2015 y en abril de 2016. El viernes 22 de julio fue puesto en libertad otro dirigente de la Sección 22 detenido en octubre del año pasado. Todavía falta liberar a 11 activistas, incluyendo a Rubén Núñez y a Francisco Villalobos, apresados en junio de este año. Es probable que, poco a poco, en la medida en que se consigan más acuerdos y la CNTE reduzca su belicosidad, estos presos dejen de ser “rehenes” del gobierno federal.
Por otra parte, se abrió una mesa para atender los diversos asuntos relacionados con los acontecimientos de Nochixtlán. Aún no hay temas precisos para discutir, no obstante, el acuerdo de la integración de la mesa y el ofrecimiento de atención especializada en la Ciudad de México son logros de la CNTE.
La CNTE debería considerar estos resultados como triunfos importantes, pero su posición se muestra irreductible. Es cierto que ha dosificado el bloqueo de caminos, pero su persistencia en realizar múltiples movilizaciones, incluyendo acciones agresivas en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, obedece al objetivo de obtener plena satisfacción a sus demandas gremiales (salarios suspendidos, ceses, pago de quincenas, descongelamiento de cuentas por la SHCP), políticas y sociales (presos, órdenes de aprehensión, Nochixtlán). Obedece también a su propósito de modificar (no necesariamente derogar) la reforma evaluativa y, ahora, desconocer el modelo presentado por la SEP.
El gobierno federal no podía dar marcha atrás a su plan de presentar el modelo educativo. No es que sea imposible, pero en su lógica política, de gobierno, estaba obligado a continuar su programa de reformas, so pena de sufrir una contundente derrota por parte de la CNTE, algo que no correspondería con la posición de fuerzas existentes. El gobierno tiene el cobijo legal, soportado por el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas, el soporte técnico del INEE y el respaldo político del SNTE. Es claro que ese apoyo no hace que la reforma evaluativa sea la vía propicia para introducir cambios en el sistema educativo o que sea el modo para estimular modificaciones en la práctica docente. Pero desde el punto de vista político, las atribuciones legales de la SEP y ese apoyo son suficientes para que el gobierno federal actúe desde una posición de fuerza. Ha aceptado negociar e incluir a la CNTE en el debate sobre el modelo educativo, pero de ahí no se sigue que aceptará todo lo que ésta pide.
La CNTE ha dicho desde hace mucho que tiene una propuesta educativa, pero eso no es estrictamente cierto y, por ello, carece de capacidades para entablar un debate nacional o encabezar una oposición bien fundada contra el proyecto presentado por Nuño. Entonces, la batalla en torno al modelo educativo se circunscribe a un problema de procedimiento: la CNTE considera que el modelo de la SEP no fue realmente producto de una consulta a padres, maestros y alumnos, lo cual no es del todo cierto pues la SEP hizo una convocatoria pública para revisar el modelo educativo de febrero a junio de 2014. La participación fue abundante y quienes tuvieron interés en participar, incluyendo investigadores educativos, lo hicieron. Pero la CNTE decidió mantenerse al margen de esa consulta y hoy desconoce sus resultados.
Por eso, y anticipándose a la presentación del modelo educativo que se llevaría a cabo un día después, en la mesa educativa del martes 19 de julio, la CNTE presentó a la Segob una “Ruta del proceso de construcción del proyecto de educación democrática” en la que, además de reiterar la demanda de abrogación de las reformas constitucionales y de las leyes secundarias, hace un llamado a construir un proyecto sobre la base de una amplia participación social. Ese proceso sería coordinado de forma paritaria por la CNTE y el gobierno federal, sobre la base de los documentos de la CNTE, la realización de foros en distintos niveles y la realización de un Congreso Nacional Democrático de Educación, cuyos resultados serán vinculantes y resolutivos para definir la política educativa en México. Es claro que todo esto será negociado, pero el gobierno federal no aceptará nunca que los resultados sean obligatorios.
La idea de generar un procedimiento de consulta ha sido también apoyada por grupos afines a la CNTE. El Grupo Asesor de la CNTE, básicamente el mismo que el Diálogo Nacional por la Educación (DNE), se pronunció hace unos días por la suspensión del sistema de evaluación como condición para elaborar una auténtica reforma. En ese tenor, a través de la Sección 9, la CNTE ha convocado al foro “La educación que proponemos”, donde se discutirán las propuestas de educación alternativa de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán; el proyecto de educación alternativa de la Comisión Nacional de Educación de la CNTE y del DNE y la ruta de construcción del proyecto de educación alternativa de la Sección 9 del CNTE.
Y la SEP, tras haber dado a conocer con bombo y platillo el modelo y la propuesta curricular para la educación básica, en una ceremonia pletórica de simbolismo político (SNTE, INEE, gobernador de Oaxaca-CONAGO, Comisión de Educación del Senado, Comisión de Educación de los diputados, CIDE, Consejo Nacional de Participación Social, SEP), hizo un llamado a una consulta sobre los documentos presentados, que tendrá una duración de un mes –tiempo escaso para procesar una consulta que incluya la participación desde las escuelas- y cuya información será procesada por el CIDE. La meta es que a finales de este año se tendrán el modelo educativo y la propuesta curricular definitivos.
Por supuesto, la CNTE desconoce esa propuesta y se niega a participar en la consulta convocada por Nuño. La CNTE no puede avalar esos foros pues perdería centralidad en el conflicto actual, un capital político irrenunciable. De ahí que en la mesa educativa la veremos insistir en que su ruta de reforma es la mejor opción para el país. Tendremos un nuevo escenario donde la munición de las nuevas batallas será las formas de participación y el uso de sus resultados. El gobierno defenderá la vía institucional argumentando su disposición y apertura, y la CNTE desconocerá esos procedimientos, defendiendo una participación desde las bases.
Los acuerdos de las mesas política y social seguirán llegando a cuenta gotas. Es una vía para reducir el conflicto pues los intereses de la CNTE son básicamente políticos y gremiales. Habrá que ver hasta qué punto sus demandas en la mesa educativa, sobre todo la idea una participación cuyos resultados sean vinculantes y obligatorios, se vuelven o no inamovibles. A juzgar por el ritmo que ha adoptado la construcción de soluciones ya podemos imaginar que esta performance será de larga duración.
