Para aliviar las cargas administrativas de las escuelas y eficientar el tiempo que los alumnos pasan en ellas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer los lineamientos de gestión escolar, con base en los cuales los directivos y supervisores escolares, estarán en la posibilidad de resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación social en las escuelas.
Estos lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 7 de marzo y entraron en vigor el mismo día para al menos 80 mil centros escolares que reciben (o recibirán este 2014) financiamiento de forma directa, según puntualizó en conferencia de prensa la subsecretaria de Educación Básica, Alba Martínez Olivé.
Con estos lineamientos se busca regular la carga excesiva sobre las escuelas, sobre los directores y supervisores. Ahora, las escuelas tendrán que dejar de responder a demandas de tipo administrativo y concentrarse en los aprendizajes de los alumnos, señaló Martínez Olivé.
Lo destacable de estos nuevos lineamientos es que con ello se buscará una normalidad mínima escolar, así como asegurar que los aprendizajes que los alumnos obtengan en las escuelas (en lectura, escritura y matemáticas) sean relevantes y duraderos; así como mejorar los porcentajes de conclusión de la educación básica; señaló la Subsecretaria.
De acuerdo con Alba Martínez Olivé, 60 por ciento del tiempo escolar se enfoca a los aprendizajes, y el resto del tiempo se ocupa en preparar ceremonias cívicas y festivales; y lo que se busca es eficientar este tiempo.
Lo anterior, reconoció la funcionaria, podría ir, incluso, en contra de ciertos “usos y costumbres”, pero la convicción de las autoridades educativas es dar prioridad al derecho a la educación de calidad que tiene la infancia mexicana.
Esto adquiere relevancia si se contemplan los resultados obtenidos en la educación básica, ocho de cada diez, al concluir la secundaria tiene aprendizajes elementales o insuficientes; por ello “tenemos que hablar y persuadir a las comunidades de eficientar el tiempo escolar, en dado caso de no hacerlo así podría haber sanciones”, advirtieron las autoridades.
No se privatizará la escuela pero sí aceptará cuotas
Las cuotas voluntarias no son ilegales, siempre y cuando tengan el carácter de voluntarias, puntualizó Martínez Olivé, lo que está prohibido es condicionar la prestación del servicio a las cuotas, aseguró la funcionaria, por lo que si existen, estas contribuciones de los padres de familia seguramente ayudarán a mejorar la infraestructura de la escuela donde estudian sus hijos.
La idea de que “una escuela autónoma va a tener que rascarse con sus propias uñas”, es incorrecta con respecto a la autonomía escolar, señaló la responsable de la Educación Básica en el país; “aquí lo que hay es una exigencia a la autoridad educativa para cobijar a las escuelas”, apuntó.
La autonomía escolar, según Martínez Olivé, quiere decir “compromiso renovado con las escuelas”, que en todos los niveles de gobierno, desde la federación hasta el municipio, se asegure “el conjunto de condiciones” para que la escuela brinde aprendizajes significativos. Es hacer más pública la escuela, porque los directores se responsabilizan de su gestión, aseguró la funcionaria.
Finalmente es de resaltar que cada escuela, recibirá entre 50 y 70 mil pesos anuales, que les servirán para mejorar las condiciones de su infraestructura.
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