A partir del 1º de julio de 2018 el rumbo político en México giró de línea ideológica, posicionando los sustentos de la Izquierda en esta nueva administración como estandarte de cambio por y para el pueblo. Sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes desde la campaña hasta la toma de posesión del ahora Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue y es el tema de la educación nacional —en términos más político administrativos que político educativos—bajo la consigna del ‘no enjuiciamiento a los docentes’.
De esta manera, abolir todo lo concerniente con la reforma educativa y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue el compromiso más importante que el mandatario morenista pactó con el gremio magisterial nacional. En ese tenor de ideas y obligaciones, el día de ayer (12 de diciembre) AMLO inició formalmente con el cumplimiento de lo prometido en campaña al firmar el Proyecto de Decreto para reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); con el que se evidencia desde la exposición de motivos, la firme intención de extinguir cualquier rastro político-administrativo que hubiera atentado contra los derechos laborales de nuestro magisterio; en pocas palabras, quitar el sabor amargo del gobierno saliente para con el Sistema Educativo Nacional (SEN); sin embargo, el contraataque se realizó tomando como estandarte los mismos mecanismos de otrora; es decir, arremeter contra un marco político-administrativo con otro similar, con la salvedad que el perseguido ha cambiado de nombre: maestros por Institución.
En las catorce cuartillas en que está constituido este Proyecto de Reforma, se dejan entrever las posturas y líneas de acción en las que, muy probablemente, se direccionará la educación como discurso político de cara a la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2018-2024. En estas, se asume la responsabilidad del Gobierno Federal por garantizar la “[no sanción ni persecución] que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia … [sujetos] a procesos mecánicos de evaluación …”, aunado a la consolidación de una educación de excelencia desde el enfoque de la equidad. Dicha consolidación se asume desde las altas esferas del Estado, sí; y solo si se realiza una reestructuración —en cuanto reformas, anexos y derogaciones— de los Artículos Constitucionales (otra vez) en las que se sustenta el ser y quehacer del SEN. Con base en esto, a continuación expongo lo que a mi juicio son las ‘innovaciones’ políticas presentes en el documento presentado por AMLO al Congreso de la Unión.
En dicha propuesta se enuncia la reforma de tres Arttículos constitucionales, así como de algunos transitorios; sin embargo, el Artículo 3º se concibe como el nodo más importante en busca de la ‘excelencia académica’ (concepto que contradice los principios de equidad según Pedro Flores Crespo, postura que comparto) donde los otros le sustentan. Para esto, se han precisado cambios a los párrafos primero, segundo y tercero, así como a las fracciones V, VII, VIII y IX en los que encuentro cuatro elementos político y discursivos fundamentales. En primer lugar, la obligatoriedad escolar debe suceder la educación media superior hasta alcanzar la superior; para lograr esto el mandatario comprometió, desde el Primer Foro de Consulta, la creación de 100 Universidades a nivel nacional durante su gobierno (ver AMLO y los compromisos en educación: lo que nos deja el Primer Foro de Consulta), situación que obliga pensar y discutir el sistema de manutención de las mismas, cuando en la actualidad hay más de diez Universidades al borde de la quiebra (la UNACH por citar un ejemplo). Aunado a lo anterior, pienso que la producción en masa de recursos humanos certificados —eso que Bourdieu llama capital cultural institucionalizado— estará inversamente proporcional a las posibilidades de inserción laboral, puesto que hasta el día de hoy la ecuación sigue vigente: a mayores estudios profesionales menores y peores condiciones de trabajo (vean lo que argumenta la OCDE y el Foro Económico Mundial).
En segundo lugar, se han eliminado los términos que fueron la manzana de la discordia durante el sexenio pasado; idoneidad docente y directiva, así como calidad de la educación (en los que subyace un hedor de evaluación y neoliberalismo) no figurarán más, de ser aprobada dicha propuesta, en el acervo conceptual del Estado y del magisterio nacional. Estos términos se sucederán por la equidad y la excelencia educativa; con todo respeto señor Presidente, y anteponiendo mi ignorancia ante el cuestionamiento, ¿excelencia y calidad no vienen a definirse como mecanismos evaluadores de la práctica docente? ¿qué acaso la equidad educativa no es una tendencia política y discursiva de la UNESCO, y por lo tanto neoliberal? Si analizamos esto con frialdad y alejados de fervores partidistas, se puede observar que en lo general se plantean las mismas líneas de acción política, reetiquetadas y ahora con aroma de reivindicación del ejercicio de la docencia. Con esto, altamente probable es que veamos un PND y PSE que responderá más a compromisos partidistas que a la verdadera necesidad por medrar la educación nacional, será triste observar por enésima vez la actitud desinteresada por realizar reformas educativas en las que se dejen atrás los tintes políticos y partidistas, así como la temporalidad de las mismas.
Como tercera variación, resulta evidente que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) finalizará sus actividades a la entrada en vigor de este Proyecto, viéndose sucedido por un Centro Autónomo que vele por la mejora de la educación en México, acá es importante preguntarse, ¿es la extinción del INEE la opción correcta para el SEN? A título personal pienso que esto es más un error que un acierto, puesto que tirar a la basura 16 años de trabajo ininterrumpido de una Institución consolidada en términos investigativos y, por ende, de diseño y desarrollo de líneas de hechura de políticas en educación conlleva un ingente despilfarro académico y económico. Asumo que es preciso un cambio en las funciones sustanciales del INEE, abocarse más como un centro de investigación por y para el Sistema Educativo que como un mero organismo avalador de pruebas estandarizadas de evaluación magisterial.
El Instituto puede contribuir de sobremanera a la comprensión de la realidad social mexicana, a visibilizar las desigualdades educativas regionales, y ha proponer acciones de solución o mejora a problemas nacionales que se deriven de dichas desigualdades. Por el contrario, crear otro Centro Autónomo (como el INEE) donde tengan cabida las voces de especialistas, investigadores educativos, docentes, padres de familia y representantes de la sociedad civil llevará, permitan el perogrullo, un proceso de consolidación bastante amplio en cuanto a tiempo y costos (solo pensemos en la rotulación de infraestructura y en la reimpresión de papeleo oficial, dijera Flores Crespo ¿no se quería ahorrar pues?), donde seguramente los frutos de este serán tangibles en la postrimería sexenal. En este sentido, ¿por qué no pensar que el INEE puede ser este centro con estas características? Parece ser que el encono quedó arraigado en el nombre, más que en las funciones.
Por último, un tema que debe tomarse con la relevancia que amerita es la erradicación del concepto autonomía de las Instituciones de Educación Superior en el Proyecto de Reforma de AMLO. En la Constitución vigente a la letra se lee “las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”; ahora, todo apunta a que la ya menguada independencia de las IES desaparecerá para convertirlas en Instituciones sojuzgadas por el SEN, así como las Escuelas formadoras de docentes. Al parecer este sexenio será el del magisterio de educación básica, logro merecido por el esfuerzo laboral y la capacidad profesional con la que los maestros forman a sus estudiantes; empero, ¿qué pasará con la educación superior además de ser obligatoria? ¿la cobertura del 100% en este nivel medrará la avasalladora privatización y mercadización de la educación superior o solo servirá para generar más población económicamente activa en el desempleo? ¿cómo se conciben las IES sin su autonomía, quién se encargará de la toma de decisiones en los ámbitos de investigación, docencia y vinculación?
Anticipo que estos cuestionamientos y posturas son preeliminares y sustentadas en un documento que si bien abre un panorama de las líneas de diseño e implantación de políticas pública educativas del Gobierno Morenista, es necesario esperar los documentos rectores que servirán de corpus para la discusión. Sin embargo, reflexionar las tendencias del Estado y sus Instituciones educativas desde los inicios del Gobierno, posibilitan un ejercicio crítico y propositivo de cara a la consolidación del Proyecto de Nación 2018-2024, siempre y cuando los oídos no sean sordos y los ojos no cieguen la razón.
