Unos analistas atribuyen la frase “Información es poder” a Thomas Hobbes, en su Leviatán, otros, a Nicolás Maquiavelo, en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. No la encontré textual en ninguno de esos textos, pero ambos trabajan la idea con diferentes palabras. Hobbes para beneficio de un buen gobierno y los poderes del Estado, Maquiavelo como atributo de un príncipe sabio.
Las ideas contractualistas de Hobbes y Rousseau permearon la teoría política y la práctica de regímenes democráticos. No sólo la división de poderes, sino mecanismos de control de los ciudadanos sobre los órganos de poder, respeto a la ley y transparencia en el ejercicio gubernamental: hacer pública la información que por idiosincrasia debería ser pública.
Aunque con lagunas, el gobierno de Luis Echeverría publicó por primera vez un compendio de estadísticas de educación y forjó un área dentro de la Dirección General de Planeación encargada del asunto. En 1976, la Secretaría de Educación Pública instauró el formato 911, que captura información de cada escuela del país. A partir de 1977 esos datos alimentan los anexos estadísticos de los informes de gobierno; estos contienen una batería de referencias sobre alumnos, escuelas, programas y gasto.
Al comienzo, el F911 se llenaba nada más al inicio del ciclo escolar, lo cual inflaba la matrícula. Hoy se levanta tres veces al año y la coteja el Inegi. La descentralización de 1992 pasó la responsabilidad de levantar ese censo a los estados. Los datos de matrícula, docentes y gastos, poco a poco, dejaron de ser confiables, a grado tal que, en 2012, Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, declaró que la SEP no sabía cuántas escuelas ni maestros había. Un transitorio de la reforma al artículo 3 de 2013 ordenó que el Inegi levantara el Censo nacional de maestros, alumnos y escuelas de educación básica y especial. El gobierno dio a conocer los resultados en abril de 2014. Fue un escándalo: aviadores, escuelas inexistentes, comisionados y hasta más de 55 mil difuntos que cobraban en la nómina educativa. El Cenabe fue el pie para instituir el Sistema de Gestión e Información Educativa. A partir de 2015, el SIGED centraliza y pone en su plataforma los datos que recaba con el F911 y la información de los docentes; que sólo la puede consultar cada maestro, es confidencial.
El 23 de junio de 2015, el Inegi consideró de interés nacional la información que suministra el SIGED. Y el 10 de abril (anteayer), el Inegi revocó esa determinación. Publicó el acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. En otro acuerdo también elimina de esa categoría los datos sobre la población portadora de VIH.
En su columna de ayer, nuestro director, Pascal Beltrán del Río, estimó: “Aunque puede existir la tentación de culpar al Inegi por estas decisiones formalizadas ayer, no puede pasarse por alto que obedecen a una fragilidad institucional de las secretarías de Educación y Salud. Y, en una de ésas, a una tendencia a la opacidad, que es cada vez más evidente en este gobierno”.
El SIGED provee informes útiles para el gobierno, para el alto funcionariado de la SEP, en primer lugar. Algunos investigadores a veces navegamos en sus bases de datos y tal vez maestros en lo individual lo consulten para actualizar sus registros. No pienso que distribuya información privada, pero el argumento de opacidad de Pascal Beltrán del Río me mueve a pensar mal.
El acuerdo no indica que el SIGED desaparezca. Sin embargo, existe la posibilidad de que su contenido deje de ser público. El gobierno de la Cuarta Transformación se significa por el secretismo y enaltecer la figura del presidente López Obrador, de la persona, no de la institución. No le interesa un contrato social, es el poder por el poder. Vanagloria, al final de cuentas.
