La transformación educativa que necesita nuestro país no se agota con la reforma a la Constitución y las leyes aprobadas en 2012 y 2013. Hay mucho más que hacer, pero esos cambios de reglas resultan indispensables e impostergables para avanzar hacia el ejercicio cabal del derecho de las niñas, niños y jóvenes a aprender.
Este 2017 es un año clave para la educación en México, pues sólo con la congruencia y con un avance sostenido de la implementación de la reforma normativa se pueden lograr los primeros frutos sólidos de este cambio de dirección, en el que ya estamos inmersos. De otra manera, arrastraremos la sobrecarga y la irritación de haber salido del status quo, pero sin alcanzar los beneficios tangibles que se esperaban.
La responsabilidad de dar cumplimiento a la ley recae, en la práctica cotidiana, en los gobiernos estatales: son ellos quienes tienen las atribuciones legales principales –no el Secretario federal, ni el INEE- para cumplir con lo que se reformó desde el Legislativo.
Es responsabilidad de los gobiernos estatales que la reforma actual cumpla su propósito y sirva de plataforma para nuevas y necesarias transformaciones, pues son los estados quienes administran las escuelas; seleccionan, contratan y despiden maestros; son los responsables de su formación inicial y continua; manejan la conformación de plantillas de las escuelas y las jubilaciones; asignan los contratos de obra para la infraestructura escolar; se relacionan adecuada o inadecuadamente con las secciones sindicales; participan o se desentienden de las evaluaciones de los docentes y de los alumnos.
Son, pues, los gobiernos estatales quienes deben asumir el papel protagónico que les corresponde en este ciclo de reformas; sin embargo, con demasiada frecuencia los gobernadores y sus secretarios de educación han sido el obstáculo principal para el cumplimiento de la ley, empequeñeciendo o distorsionando el efecto que se esperaba de muchas de las nuevas reglas.
Con gran realismo, Carlos Ornelas ha subrayado que los gobernadores tuvieron pocos incentivos desde el inicio para sumarse a la reforma normativa: no sólo tendrían que enfrentar las inconformidades y disturbios por la resistencia al cambio, sino que además se vio mermado su manejo financiero de la nómina, su autoridad discrecional, sus acuerdos políticos con las dirigencias locales, y además el crédito del cambio y los reflectores se los llevó la SEP federal. Muy cierto; no se puede obviar la “tecnología de poder” que todo cambio de política pública exige. Por otro lado, no puede tampoco renunciarse, a mi juicio, a la visión del gobierno democrático como “la ley del más débil”, como la llama el jurista y politólogo italiano Luigi Ferrajoli. La sociedad democrática debe salir de un tradicional reparto de botín entre las élites –una dinámica de meros incentivos- para sufrir recortes a los privilegios, y favorecer a quienes más lo necesitan –en este caso, niñas, niños y jóvenes de México. Motivos, por encima de incentivos. Pero además, deben activarse los incentivos nuevos, que permitan dejar los entrañables vicios del pasado.
No olvidemos que hay muchos gobiernos que apenas empiezan su periodo de mandato, y que tienen la responsabilidad de empujar lo que quedó plasmado en la Constitución y las leyes más allá de 2018, porque esta reforma es de todos los mexicanos. Con los procesos recientes, hay trece nuevos gobiernos que se van a estrenar en la responsabilidad educativa, y en meses próximos se sumarán tres más, de manera que prácticamente la mitad de los estudiantes mexicanos, 12.8 millones de alumnos en educación básica, quedan bajo la responsabilidad de los mandatarios que acaban de llegar o se incorporarán al final de este año.
Los ciudadanos tenemos que premiar –incentivo- a los gobiernos que les importa la educación y que implementan, esquivando la simulación y el sabotaje, las leyes. Y tienen nombre: son los secretarios de educación de Puebla, de Sonora, de Aguascalientes, de Jalisco, de Yucatán, de Guanajuato, de Zacatecas.
El llamado que hacemos desde la sociedad civil, es amplio y exigente para los gobiernos estatales, aunque no queremos dejar de mencionar dos asuntos imprescindibles, que corresponden al INEE y a la SEP, respectivamente.
Las tareas para este año son claras, y las enunciamos en diez puntos:
Para los gobiernos estatales:
1. Asegurar que todas las plazas se entreguen por mérito, asignadas por concurso, en ingreso y promoción. Además de resolver los pagos atrasados e incompletos para quienes se han evaluado, es imperativo transparentar y confirmar la concordancia entre el número de vacantes definitivas y los lugares concursados en las convocatorias, respetar el orden de prelación y dar plena certeza de que se respeta la ley en las llamadas “regularizaciones” de eventuales y en el regreso de comisionados al aula.
2. Involucrar a todos los docentes de su estado en experiencias de formación continua que sean relevantes y pertinentes para su contexto. La formación continua debe realizarse según las necesidades de sus alumnos y las problemáticas específicas de sus escuelas, con especial atención a los procesos de preparación a la evaluación de desempeño o como consecuencia de ella, para el reforzamiento o para el crecimiento permanente. Los estados no pueden depender siempre de las opciones a distancia que se ofrecen como complemento desde la Federación; les toca a las entidades garantizar que existan alternativas suficientes y de calidad para la formación docente.
3. Depurar la nómina docente en cada estado, evitando desvíos o pago a comisionados que deben estar sin goce de sueldo, con el Sistema de Información y Gestión Educativa funcionando en cada estado y alimentado por información desde cada escuela. Los gobernadores y secretarios de educación estatales son los responsables de depurar sus nóminas docentes, publicar las estructuras y plantillas, reportar al gobierno federal de manera oportuna las comisiones sin goce de sueldo y resolver los otros problemas detectados en cuanto a plazas. Todo ello implica poner en línea y asegurar la actualización del sistema de información sobre el sistema educativo de cada estado (el SIGED estatal), con información fresca y verificada desde cada escuela. Hay mucho que hacer, sobre todo en el caso de puestos administrativos a nivel estatal que son pagados con sueldos que corresponden a maestros, e inaceptable que sean los propios titulares quienes también se carguen al FONE. Los estados son responsables de hacer los descuentos y despidos que correspondan a los maestros faltistas; tienen un grave compromiso de no ceder a los chantajes y corruptelas de las secciones sindicales correspondientes, como ha ocurrido bajo el agua en casos como Nayarit o Veracruz, o de forma ostentosa y entrópica para el acuerdo social, como en Oaxaca, Michoacán o Chiapas.
4. Asegurar en cada estado la evaluación de desempeño con los nuevos procesos diseñados por el INEE. Les toca a gobernadores y autoridades educativas locales retomar la evaluación de los maestros, ofreciendo un ambiente sereno y digno, y cumpliendo con que la selección de maestros a evaluar se haga con visión educativa. Es necesario aumentar el número de maestros evaluados cada semestre para recuperar el tiempo perdido y evitar que se cierre el ciclo de los cuatro años previstos por la ley sin que tengamos el diagnóstico de todos los docentes del país y sus necesidades de refuerzo y crecimiento para cumplir con su labor conduciendo el aprendizaje de sus alumnos.
5. Activar efectivamente en cada estado su Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE). Es responsabilidad de cada entidad que la supervisión, la labor de los asesores técnico-pedagógicos y los servicios de apoyo estén integrados por profesionales con los perfiles adecuados, y haya claridad de quiénes lo componen y cuál es su asignación específica de servicios a las escuelas. Los gobernadores y secretarios estatales son responsables de que esta red de apoyo atienda con preferencia y focalización a las escuelas y zonas que han estado más marginadas y a las que corresponde un fortalecimiento según reglas de equidad.
6. Iniciar inmediatamente la calendarización, en coordinación con la SEP, del fortalecimiento y diagnóstico de las necesidades particulares en cada comunidad escolar para la implementación del nuevo Modelo Educativo. Justamente uno de los avances previstos es la posibilidad de ampliar las decisiones locales e incluso de cada escuela para un currículum con autonomía, pertinente a las necesidades y aspiraciones locales; nada de esto se concretará en mejores aprendizajes y prácticas distintas en el aula si las autoridades locales no se toman el esfuerzo de conocer y valorar a sus propias comunidades escolares.
7. Impulsar la participación social en el estado, para que los Consejos de Participación Social construyan capacidades y tomen decisiones, para que se realicen sin falta las Jornadas de Transparencia y se active el sistema de quejas con seguimiento. Los tres elementos son deberes señalados en la ley, y las autoridades educativas locales necesitan dar pasos firmes en dejar la opacidad y el autoritarismo vertical, favoreciendo la cultura de rendición de cuentas y de bienvenida a los aportes de la comunidad educativa y la sociedad civil en sus estados.
8. Operar con pulcritud la asignación de contratos, la plena transparencia y el cumplimiento, con verificación de la comunidad, de las obras del programa Escuelas al CIEN en cada estado. Los gobiernos estatales y sus respectivos institutos de infraestructura educativa deben asegurarse que los contratos se asignan según la ley, que los materiales, especificaciones, costos y aprobación de la comunidad son adecuados y honestos, comprometiéndose a evitar escándalos de corrupción que deterioren el esfuerzo y manchen el instrumento que implica usar en el presente recursos de los estados que serían participaciones en el futuro.
Para el INEE:
9. Asumir todo lo que implica su autonomía y funcionar como garante de la evaluación para la mejora. Es imprescindible que cumpla en su dimensión de órgano constitucional autónomo, dejando las justificaciones de que no hay dinero o no es el momento político y solapando opciones poco adecuadas, como la evaluación del desempeño docente sin observación del aula y sin voz de los alumnos, o la falta de compromiso con el derecho de los niños y las familias a un diagnóstico oportuno, personalizado y útil con PLANEA, garantizado en forma censal y anual, para los grados finales de cada nivel escolar.
Para la SEP:
10. Poner inmediatamente en marcha la transformación de la formación inicial docente, presentando el plan pendiente respecto a las normales y otras escuelas formadoras, para que respondan tanto al nuevo perfil marcado por la ley como a las expectativas del Modelo Educativo. A su vez, los gobiernos estatales tendrán la responsabilidad de dar consistencia a la sustentabilidad económica, la idoneidad y plantilla de los formadores de docentes y a la rendición de cuentas en la implementación de la mejora en todas sus escuelas normales, que siguen siendo responsabilidad directa de la autoridad local.
Estos diez puntos son una hoja de ruta con sólo los indispensables. No podemos permitir que el reacomodo, la mezquindad y la simulación en los espacios oficiales neutralicen las mejores energías de los involucrados en el día a día de la educación, especialmente de los niños, niñas y jóvenes mismos, de sus maestros, de sus familias y de las organizaciones ciudadanas, y con ello posponer de nuevo la justicia que le debemos a las nuevas generaciones, para que su talento no se malogre y para que la inequidad no prevalezca.
Un gran pendiente, el principal, es que se vaya entendiendo que la educación no es uno más entre muchos sectores que deben mejorar en la vida pública de México. Si permitimos que el principal activo para la equidad, el arma fundamental de construcción masiva de capacidades y de acuerdo social, acabe empantanado en la mediocridad y la corrupción, estaremos dañando el principal instrumento de solución para el resto de los retos que debemos enfrentar en esta era de incertidumbre. La educación es la estrategia maestra de la prosperidad y la justicia, el remedio permanente y sustentable contra la exclusión y a favor de la participación de todos en la sociedad. Y a todos nos convoca.
