A finales de 2016, Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció la implementación de un plan para reconcentrar la matrícula estudiantil de las escuelas rurales pequeñas en centros escolares más grandes. Durante el ciclo escolar 2016-2017, profesores de primaria y secundaria de diversas delegaciones de la Ciudad de México denunciaron que en numerosas escuelas secundarias habían desaparecido turnos vespertinos, provocando una saturación de los grupos matutinos e impidiendo así un trabajo adecuado. Poco tiempo después, en vísperas del ciclo escolar 2017-2018, profesores de secundaria del municipio de Armería, Colima, se manifestaron a las afueras de su centro escolar en rechazo a los propósitos de las autoridades de fusionar grupos de su institución, no obstante, señalaron, cumplir con el número mínimo de alumnos requerido por grupo. En esa misma entidad, poco tiempo después, un dirigente sindical señaló que la Secretaría de Educación local buscaba cerrar 1,300 grupos. Hechos como los anteriores dejan de manifiesto las intenciones de las autoridades educativas por reducir la cantidad de grupos o instituciones y pone en entredicho su compromiso con el logro de la calidad educativa que tanto pregonan.
La fusión de grupos y el cierre de escuelas con baja matrícula tienen una evidente justificación económica: de ninguna manera es discutible que puedan darse ahorros en el gasto educativo a través de este tipo de acciones. Sin embargo, las razones económicas palidecen cuando se observa, por ejemplo, el estratosférico presupuesto que se asigna a la difusión de la Reforma Educativa (900 millones de pesos en los últimos tres años), lo que indicaría que el dinero no sería una excusa para sostener a los grupos y escuelas. Aunado a las justificaciones relacionadas con los recursos económicos, existen también razones desde el punto de vista de la matrícula para validar la reducción de espacios escolares: según el documento Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras 2015-2016 (SEP, 2017) el número de alumnos de educación primaria ha decrecido 4.5% desde el ciclo escolar 2011-2012 hasta el 2015-2016, pasando de 14,909,419 a 14,250,425 estudiantes; mientras que en educación secundaria, a pesar de que la población no ha dejado de crecer, del ciclo escolar 2014-2015 al 2015-2016 se produjo un crecimiento casi nulo (0.1%), al pasar de 6,825,046 a 6,835,245 estudiantes, lo que deja entrever una reducción de la matrícula en un plazo muy próximo.
A pesar de las razones económicas y demográficas que se han presentado, la reducción de grupos y escuelas no goza de aceptación por parte de los docentes no sólo por, obviamente, poner en riesgo su fuente de empleo, sino por razones meramente pedagógicas. Para ningún maestro es un secreto que los grupos reducidos representan una ventaja para el trabajo académico con los estudiantes. Al respecto, un estudio de Botello-Peñaloza señala “una relación negativa entre el tamaño de la clase y el desempeño académico de los estudiantes en América Latina con base en la prueba internacional PISA de 2012” (2016, p. 106). Para el autor, los grupos reducidos suponen múltiples ventajas: posibilitan una participación activa de todos los estudiantes, una atención más personalizada por parte del docente, reducción del número de interrupciones y además una mejor oportunidad para ajustar la acción educativa a las condiciones del entorno social. No obstante que las ideas anteriores son ampliamente aceptadas por los docentes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que “en conjunto no hay pruebas determinantes acerca de la repercusión del tamaño de las clases en el rendimiento de los estudiantes” (p. 418).
Vale la pena revisar cómo está México en cuanto al tamaño de los grupos y la relación del número de alumnos y profesores, a la vista de la OCDE: en educación primaria, los grupos mexicanos son de aproximadamente 19 alumnos (dos por debajo de la media de la organización), mientras que en educación secundaria, de 28 estudiantes (cinco por encima). Es decir, en conjunto, en educación primaria y secundaria, los grupos mexicanos tienen un promedio de 23.5 alumnos, por 22 en promedio de los países integrantes de la OCDE. Así pues, el tamaño de los grupos mexicanos está ligeramente por encima de los países de la organización señalada. En cuanto a la relación entre el número de alumnos y profesores el panorama cambia radicalmente: mientras la media de la OCDE es de 14 alumnos por cada maestro de educación primaria y secundaria, en nuestro país es de más del doble: 30; de hecho, en educación secundaria, el número de alumnos (33) para cada profesor mexicano, es casi el triple del resto de los profesores de la organización (13). Considerando las cifras negativas en cuanto a los estudiantes que le toca atender a cada profesor mexicano, es inentendible la tendencia de las autoridades del país a cerrar grupos y escuelas.
Es indiscutible que la matrícula de educación primaria lleva ya seis años en un ligero pero sostenido retroceso, mientras que la de educación secundaria aparentemente está próxima a un leve declive. Sin embargo, el cristal con el que las autoridades miran esta situación dice mucho de su compromiso con la calidad educativa: si se tratara de un gobierno sensible a la causa educativa, vería en estos hechos la oportunidad propicia para formar grupos con un número razonable de estudiantes que redunden en un mejor servicio educativo; sin embargo, obstinadas en ahorrar a como dé lugar en los gastos sociales, nuestras autoridades han demostrado que, para ellas, la reducción de la población de escuelas primarias y secundarias es la oportunidad perfecta para ahorrar recursos económicas cerrando grupos y centros escolares, sin importarles la saturación de aulas y las consecuencias negativas que de ella se desprenden. Así pues, estos fenómenos desnudan el escaso compromiso de las autoridades y demuestran que su supuesto interés por la calidad educativa es únicamente parte de un discurso hueco y propagandístico. El intento por reducir lo más posible el gasto educativo irrita no sólo a los afectados directos (docentes y estudiantes) con este tipo de medidas, sino a la población en general, que ve con enojo como la austeridad impera cuando se trata de gastos sociales mientras que la abundancia, el despilfarro y los privilegios dominan en los presupuestos asignados a la clase política y gobernante.
*Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
Twitter: @proferoger85
REFERENCIAS
BOTELLO-PEÑALOZA, Héctor. Desempeño académico y tamaño del salón de clase: evidencia de la prueba PISA 2012. Actualidades pedagógicas (67), 97-112. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2016.
OCDE. Panorama de la Educación 2016. Indicadores de la OCDE. Madrid: Santillana, 2016.
SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras 2015-2016. México: SEP, 2017.
