Se cierra el 2014, y en la memoria colectiva quedan varios acontecimientos educativos de diferente calado y permanencia. Algunos tienen afectaciones para los docentes, otros “aspiran” a generar mayores beneficios para los alumnos, unos más han sido objeto de falsa expectativa, o los últimos que nos dejan un triste y aterrador recuerdo.
Este año se perfilaba como el que cerraría la pinza de la reforma educativa. Mientras que el 2013 se dedicó a reformar el marco legal, el 2014 pretendía lograr la legitimidad pedagógica, social y laboral. La pedagógica en los presurosos monólogos de los Foros de Consulta, la social con la “transparencia” del censo educativo, y la laboral mediante el acuerdo SEP-SNTE sobre los aumentos salariales. Para comprender la situación actual, conviene regresar la mirada a los hechos coyunturales.
Momentos clave.
Uno. En 1992 se presentó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el cual (entre otras cosas) reorganizó al sistema educativo bajo el retórico argumento del “Federalismo educativo”. En donde SEP y SNTE convinieron el traspaso de los recursos y responsabilidades federales a las entidades. Para ello, en 1998 se instrumentó el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), por medio del cual, el recurso federal se transfería a los gobiernos estatales para ayudar a financiar el gasto educativo.
Hay que recordar que dicho Acuerdo fue cocinado entre integrantes del mismo (y único) equipo. Por lo que no había generado dificultades en su operación. El gobierno federal priísta y la base corporativa magisterial estaban en el mismo entendido. Años después el PAN ganó la presidencia, y el SNTE no dudó en coquetear con el gobierno en turno, y eso causó la molestia del antiguo compañero. Luego se expulsó a Elba Ester Gordillo del PRI, e inmediatamente se fundó el Partido Nueva Alianza.
Dos. El Partido de los maestros (dicho así por su base gremial), ganó diputaciones federales, locales y espacios municipales. La cercanía del SNTE con los dos sexenios panistas fue sumamente notable, y descaradamente comprobable con el subsecretario de educación Fernando González (yerno de Elba Esther). En esos años, se refrendaba la paridad en las decisiones educativas, por ejemplo, con la Alianza por la Calidad de la Educación.
El salario de los docentes tenía una doble aprobación: la de la mesa federal, y la de las entidades. Los secretarios generales de las secciones del SNTE, mantenían su liga política con Elba Esther, y sus cuotas con los gobiernos estatales. Las plazas eran de los trabajadores, se encimaban salarios en un solo profesor (que pertenecía a los miles de comisionados), y se escapaban de la lógica meritocrática de la evaluación.
Tres. Después de dos décadas de trabajo educativo regido por el ANMEB, el nuevo presidente, Enrique Peña, planteó la necesidad de una Reforma “educativa”. Y como primer punto, se “encontraron” pruebas que incriminaban a Elba Esther Gordillo. Al mismo tiempo de encarcelarla, se reformó el Artículo 3° Constitucional, se reformó y adicionó la Ley General de Educación, y emergieron instrumentos para operar la reforma de la educación: Autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación; Ley del Servicio Profesional Docente; y Censo educativo.
Entre 2013 y 2014 se creó el Fondo de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), con el argumento de “aprovechar las capacidades tecnológicas con las que cuenta la Federación, para generar mayor certeza y rendición de cuentas en la inversión del Estado Mexicano en la educación”, y a partir del 1 de enero de 2015 se centralizará el pago de los trabajadores educativos federalizados, más o menos como se realizaba antes del ANMEB de 1992.
Cuatro. El 14 de mayo de 2014, se reunieron los gobernadores de los estados, el secretario de educación y Juan Díaz de la Torre (SNTE) para firmar convenios de un único aumento salarial. Esta “automaticidad” deja fuera la doble negociación salarial con los gobiernos locales y secretarios generales.
El 18 de diciembre de 2014 la SEP publicó el Comunicado 380, en el que se establece que las Secretarías de Hacienda y de Educación, pagarán la nómina magisterial a las cuentas bancarias de los profesores, y en esa conciliación de plazas transferidas, se les garantiza a los trabajadores federalizados que conservarán las prestaciones y derechos laborales.
Notas finales.
Uno de los principales argumentos de la reforma educativa peñista es: Recuperar la rectoría de la educación. Este modelo de recentralización del salario de profesores federalizados, aunque signifique un regreso a los 70 u 80, sí abonará a concentrar el poder de ese gasto educativo, en manos del gobierno federal.
Ya vimos que el “federalismo educativo” es un retoricismo que sirvió en 1992. Sin embargo, ocurrió un efecto no esperado. Si bien, el gasto destinado al FAEB no era un cheque en blanco, porque ya estaba definida la cantidad del egreso; sí era un cheque al portador, mediante el cual se empoderaban los gobernadores y secretarios generales de las secciones del SNTE bajo el pretexto de la educación.
Con el FONE, se desdibujarán los límites de las responsabilidades federal y estatales. Siguiendo la reflexión de José Raúl Trujillo (2013) plasmada en su obra El Faeb, ¿asignación equitativa?, hay que subrayar que el recurso se asignaba en función de los indicadores de matrícula, y no necesariamente en atención a las necesidades socioeconómicas o de infraestructura imperantes en cada entidad.
Este control centralizado imprimirá coerción en las entidades que se han tardado en “armonizar” sus condiciones estatales con la reforma educativa, como Oaxaca, por ejemplo. Y ese dominio desde el centro del país no necesariamente garantizará la transparencia de lo que se gasta en las entidades.
Y lo peor del caso será, que el salario de los docentes apenas aumentará, para intentar emparejarse con los incrementos de la gasolina, de la canasta básica, o de la difícil paridad del peso y el dólar. En fin, sólo para no perder la costumbre, como últimas palabras decembrinas, les deseo un Feliz 2015.
