El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció en marzo que, con la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se pondrá fin al monopolio de las normales como semillero de maestros. Una medida que, como casi todas las de la Reforma Educativa, desata polémicas y enciende ánimos. Docentes e investigadores de raigambre normalista conjeturaban que esa medida —y la reforma en su conjunto— es un propósito del gobierno para acabar con las escuelas normales.
Puede ser una de las miras ocultas de la reforma —matarlas por inanición, expresó Alberto Arnaut en el Congreso Nacional de Investigación Educativa de 2015—; pero también, como dicen los institucionalistas, un incentivo para que las normales traten de superarse.
Una y otra presunciones me hicieron evocar los cursos de sociología que tomé en la preparatoria; rememoré, en particular, el credo del darvinismo social. Éste es la aplicación de la teoría de la evolución de Charles Darwin en las ciencias sociales: “La supervivencia del más apto y la competencia descarnada por todo tipo de recursos”.
Pienso —y no soy partidario del darvinismo social— que el contexto político de la reforma mete a las escuelas normales en un brete. Durante décadas evolucionaron siguiendo las directrices gubernamentales, pero controladas por fieles del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El monopolio en la preparación inicial de docentes para la primaria les otorgaba estatus y poder.
Incluso, las normales —tal vez desde la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio— forjaron una ideología —arbitraria, como decía Antonio Gramsci— que las hacía inmunes a la influencia externa: el normalismo mexicano.
La endogamia académica —otra aportación del darvinismo social— fue una de las divisas del normalismo. Desarrolló ideas, hábitos, rutinas y saberes específicos —pedagogía y didáctica— que forjaron una tradición cultural que se reforzó con el monopolio que tenían en la formación de docentes.
Uno de los argumentos en defensa del normalismo y de las normales que más repiten sus adalides se refiere a la reproducción de esos saberes concretos como indispensables para una práctica docente eficaz. Es razonable. Lo que no me parece fundado, es que presuman de que, por el sólo hecho de egresar de una escuela normal, un maestro tenga dominio de esos atributos; también que sea fuente imperecedera de una buena práctica docente.
No obstante, a la hora de buscar alternativas, no me convence la idea de que, eliminando el monopolio normalista, se vaya a solucionar el problema de la baja calidad de la docencia. Muchas universidades padecen de los mismos problemas. Mas, la competencia abierta por las plazas docentes puede conducir a que las normales menos dotadas se encaminen a su quiebre definitivo. Pero hay otras que, sin evocar la supervivencia de la más apta, sino por designio de autoridades estatales comprometidas con la reforma “se pusieron las pilas”; éstas tal vez evolucionen hacia algo mejor.
En el blog de educación de Nexos, Juana Imelda Infante Arratia describe cómo en Tamaulipas se dan ciertos pasos que buscan revertir la persistencia cultural del normalismo. Analiza el primer intento de una selección rigurosa de los candidatos a ingresar a las normales. Al mismo tiempo que hay cambios en las escuelas normales de ese estado. El problema: el SNTE quiere ser socio de esa empresa.
No me gusta esa idea. El sindicato representa las rémoras de la cultura patrimonialista y reaccionaria. Pero hay otros atributos del normalismo que —pienso— contribuirán a la evolución pausada del currículo, reemplazos en el profesorado y a la actualización de esos saberes. Éstas serán las que sobrevivan; y su defensa no será por la fe ni por la vanagloria de que un normalista sea por antonomasia un buen maestro. Pienso que estamos en los albores de un cambio drástico en las escuelas normales.
RETAZOS
Un juez federal dictó auto de formal prisión a Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la Sección 22 del SNTE, de Oaxaca, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le imputa recibir más de 24 millones de pesos de empresas que vendían enseres a los maestros y se les descontaba el pago de la nómina. Qué bueno que se haga justicia, pero, ¿por qué al diputado del Panal, Bernardo Quezada Salas, ni siquiera una averiguación sobre el mismo tipo de negocios?
