Dr. Marco Antonio Delgado-Fuentes
University of Derby
Recientemente, el Programa de Estancias Infantiles ha sido motivo de controversia en la opinión pública. El programa fue impulsado durante el sexenio de Calderón, siendo una versión reducida y sobre simplificada de experiencias previas. De acuerdo con el nuevo gobierno, el programa fue implementado de manera tal que favoreció a la estructura electoral panista y ha sido vehículo para ejercer actividades de corrupción, lo que lo ha llevado a cambiar la forma de financiamiento y su operación. Un grupo de senadores de la actual oposición presentó una queja ante la CNDH quien les ha dado la razón y ha emitido recomendaciones para restablecer el programa tal como estaba en febrero de este año, previo a los cambios. La secretaría del Bienestar y el DIF han calificado como “aberración” la resolución de la CNDH y varias instancias han lamentado la reacción gubernamental.
¿Qué puede pensarse de la situación y qué podría la ciudadanía esperar de cómo solucionar este conflicto? Para poder contestar esta pregunta, vayamos por partes. Discutiremos un poco el programa y su implementación, el papel del nuevo gobierno, de lo oposición y de la CNDH, así como los grandes rasgos de la actual política hacia la infancia. Los datos y reflexiones de esta discusión se sustentan en la investigación de quien escribe, con más de 25 años de experiencia en este campo.
El Programa y su operación
A grandes rasgos, podemos pensar en dos enfoques que sustentan a los programas de cuidado de la infancia temprana; el económico y el enfoque de derechos. El económico se basa en la lógica de que el cuidado de los niños pequeños dificulta la economía de familias vulnerables, particularmente de aquellas con madres trabajadoras ya que su ingreso disminuye al tener que cesar actividades productivas por dedicarse a la crianza. En esta lógica, la inversión del Estado en servicios de cuidado diario busca fomentar la incorporación de las madres al mercado laboral para que su ingreso resuelva las necesidades familiares reduciendo las ayudas que el gobierno provea. Es decir, es una manera de ahorrar recursos del Estado y es un programa enfocado hacia los adultos y cuya efectividad se mide por incremento en el número de adultos activos en la capacitación para el trabajo o en el mercado laboral, así como en sus ingresos y en los ahorros en los gastos gubernamentales. La atención a los niños y sus posibilidades de desarrollo son accesorias. Así surgió el Programa Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles durante el aludido sexenio, cuando ya la palabra “Guardería” significaba un retroceso conceptual. Las guarderías son privadas; el gobierno ayuda a su instalación y hace transferencias para delegar la atención infantil, pero es básicamente un servicio privado con apoyo estatal.
El segundo enfoque es el de derecho, donde los Centros de Desarrollo Infantil tienen como objetivo principal favorecer el desarrollo integral de los niños ofreciéndoles ambientes enriquecidos que les permiten explorar, aprender y socializar. Este esquema suele requerir de personal capacitado, conocedor del proceso de desarrollo infantil, educación y cuidado diario. Este el enfoque que ofrece la SEP y, hasta cierto punto el IMSS. Este enfoque es público, pero es caro y su cobertura es muy limitada (Delgado, 2019).
El Programa Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles tuvo el acierto de progresar e incluir objetivos de desarrollo infantil, pero sin la participación de personal especializado. Con el tiempo, el programa cambió de nombre a lo actualmente conocemos como el Programa de estancias infantiles para madres trabajadoras. En suma, el programa ha mejorado e incorporado elementos para favorecer el desarrollo de los niños, pero está muy lejos de tener a los niños y sus derechos en el centro de sus políticas. En el plano internacional, se valora el establecimiento de este tipo de programas “baratos” siempre que se acompañen de un plan para su mejora progresiva.
El nuevo gobierno
En general, puede agradecerse el compromiso del nuevo gobierno por reducir la corrupción imperante en el área. Como en muchas áreas de la administración pública, la atención a la primera infancia ha sido una fuente para extraer recursos de manera ilícita y en casos hasta escandalosa desde muchos flancos. Los servicios están fragmentados y varias instituciones ofrecen servicios similares pero su financiamiento ha sido típicamente difícil de seguir (Myers et al, 2013). La SEP ha transferido recursos de manera poco clara a los servicios del PT en Monterrey (no SEDESOL). El DIF ha operado a través de presupuestos municipales y estatales, típicamente con recursos manejados por las “primeras damas” prácticamente sin supervisión técnica y financiamiento discrecional. El IMSS, debido a la tragedia de las guarderías subrogadas, parece haber mejorado la transparencia y procedimientos, aunque habrá que esperar si esto es confirmado.
El nuevo gobierno afirma que 40 por ciento de las estancias tenían situaciones de riesgo, en diciembre se erogaron gastos por la atención a 329 mil niños cuando sólo se ubicaron físicamente a 213 mil, y había malversación de fondos. Se extraña la publicación del diagnóstico, con lo cual pierde valor el argumento.
Con todo, es claro que el nuevo gobierno carece de una política para la primera infancia. Transferir dinero a los padres para que escojan el servicio supone que hay servicios disponibles esperando clientes y que el mercado se encargará de proveer. Dicho mercado es muy limitado y típicamente atiende a sectores urbanos con ingresos relativamente altos, lo cual deja sin posibilidades reales a un buen número de familias. No parece haber un diagnóstico sobre la situación de la infancia en el estado de guerra en que nos encontramos, considerando ambientes de violencia, aislamiento y el limitado uso de espacios públicos para que los niños puedan jugar, aprender y socializar, actividades cruciales para el rendimiento académico, la convivencia basada en valores y respeto -crucial para contrarrestar la violencia y en general el cumplimento de sus derechos-.
El Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPNNA) también ha acusado al gobierno de no poner atención a la infancia y aprovechar la confusión de los dos planes de desarrollo para acabar con una versión en donde no hay un compromiso explícito con la infancia.
En resumen, es bienvenida la acción gubernamental para reducir la corrupción en el sector. Sin embargo, no es suficiente con cruzar los brazos y esperar a que las cosas se arreglen solas. Es necesario que el nuevo gobierno formule una política de atención a la primera infancia y que ofrezca alternativas a la población que la necesite, que es mucho mayor a la que SEDESOL ha venido atendiendo. Aunque son creíbles la mayoría de sus acusaciones, es necesario transparentar el diagnóstico y, en su caso, castigar a los responsables.
La oposición y la CNDH
Sin duda, el papel de lo oposición es pedir cuentas al gobierno sobre las decisiones que se toman. Desde ese punto de vista, es positivo que se discuta y profundice en los puntos considerados como problemáticos. Bienvenida la actuación crítica de los involucrados. Era deseable igualmente que se hiciera un análisis crítico del programa y su anterior implementación para que se propusieran cambios o estrategias para mejorarlas. No haberlo hecho parece reflejar más un golpe político que una preocupación genuina por la infancia.
La CNDH parece respaldar la idea de que el problema se soluciona regresando a la situación en la que estábamos, como si los derechos de la infancia estuvieran solucionados con el limitado programa que se tenía. Dice, por ejemplo, que
[El gobierno] “no fundó ni motivó, con base en los derechos de las niñas y los niños y su interés superior, la decisión de la modalidad de transferencias monetarias directas a las madres y padres beneficiarios del programa de Apoyo al Bienestar, sin explicar de qué manera ese cambio contribuirá a una mejor protección de los derechos de la población menor de edad”.
Se extraña un balance de los pros y de los contras de las decisiones, de la búsqueda de responsables y la formulación de soluciones que pongan el interés de los niños en el centro. Podría haberse recomendado, por ejemplo, que se hiciera público el diagnóstico y que se denunciara a los culpables, en caso de haberlos. Podría haberse recomendado la formulación y publicación de una estrategia y emplazar al gobierno a formular una política integral para la atención a la primera infancia. Es lamentable que la resolución se centre más en la forma -casi diríamos en el procedimiento administrativo- más que en la necesidad de desarrollar políticas y acciones fundadas en el marco normativo de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño.
La atención que se ha brindado a la infancia en México dista de ser ideal. El programa de Estancias Infantiles era insuficiente para ser lo que el Estado debería brindar de acuerdo con el marco normativo vigente. Los cambios no han aportado mejoras y no se contempla un plan con objetivos a corto, mediano y largo plazo para incluir a la infancia en los programas clave del gobierno, como el combate a la pobreza, seguridad y en general una política integral para satisfacer los derechos de la primera infancia y sus familias. El árbitro dista de estar a la altura y desafortunadamente ha perdido una buena oportunidad para comenzar a convencer a la mayoría que votó por un cambio profundo, incluyendo la impartición de justicia y hasta cierto punto el desempeño de la misma CNDH.
Sin embargo, toca al gobierno formular la solución y convencer de que se cuenta con una política informada, bien formulada, verificable y significativa para mejorar las condiciones de una infancia vulnerada y con atención limitada en nuestro país. Aún hay tiempo para no enredarse en escaramuzas innecesarias. La legitimidad del nuevo gobierno y las dimensiones del voto popular demandan eficacia y certeza. Estaremos al pendiente de analizar los desarrollos.
Referencias
Delgado-Fuentes, M.A. (2019). Overview of Childhood (Mexico). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. Retrieved July 3, 2019, from http://dx.doi.org/10.5040/9781474209496.0023
Myers, R. G., Martínez, A., Delgado, M. A., Fernández, J. L., & Martínez, A. (2013). Desarrollo infantil temprano en México: Diagnóstico y recomendaciones. Retrieved from http://publications.iadb.org/handle/11319/3199
