Sylvia B. Ortega Salazar

Hacia mediados de la década anterior, era usual que la educación  fuera el rubro de la política pública que mejores evaluaciones recibía en cualquier encuesta de opinión. Los padres de familia manifestaban, casi invariablemente, una gran confianza en las escuelas en general y expresaban una alta satisfacción con el plantel al que asistían sus hijos e hijas.

Las primeras mediciones de los resultados de aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria (2005-2006) reflejaban la ventaja comparativa del Distrito Federal, en tanto que la cobertura universal en primaria y el avance significativo en la misma dirección en el caso de la secundaria corroboraban el optimismo de la opinión altamente positiva y del sentimiento generalizado de que los alumnos aprendían todo lo necesario para “avanzar en la vida”[1].

Al inicio de este decenio, el contraste en la percepción no podía ser mayor. Casi las tres cuartas partes de los residentes de la Ciudad de México, consideran que lo que se enseña en las escuelas no es suficiente para garantizar un futuro individual exitoso y más de la mitad de los encuestados pensaban que la educación “sigue igual” o “empeora”[2].

Más reveladora aún resulta la detección de obstáculos para tener acceso a los servicios educativos de nivel básico y la percepción mayoritaria, por mucho, de extrema dificultad para proseguir estudios de nivel bachillerato y universitarios. Es particularmente conmovedor que más de las dos terceras partes de los jóvenes en edad de cursar este tipo de estudios consideren que no podrán inscribirse en una preparatoria ni seguir estudios superiores[3].

Al lado de los sentimientos de deterioro de la educación pública y la percepción de obstáculos insalvables para lograr acceso a los planteles de media superior, se reporta un fenómeno que caracteriza a este tipo educativo: la alta deserción. Es posible constatar que en cerca de la mitad de los hogares de los encuestados, algún menor dejó de asistir a la preparatoria.

El panorama que dibuja la opinión pública corresponde a los problemas reales del sistema educativo de la Ciudad. En efecto, las mediciones más recientes del aprendizaje permiten constatar que el Distrito Federal ha perdido el primer lugar que alguna vez tuvo. Es también en esta entidad en la que se registra el mayor índice de abandono escolar en el nivel de la media superior y en la que los jóvenes consideran lejana la perspectiva de continuar avanzando hacia una carrera profesional.

La exclusión educativa

La educación es un derecho universal reconocido en la Constitución y en la Ley General de Educación que actualmente corresponde a todos los mexicanos desde los tres y hasta los 17 años de edad, es decir, hasta terminar el ciclo obligatorio. Desde esta perspectiva, el Estado se obliga a garantizar acceso y calidad a lo largo de las etapas de la vida que corresponden y con ello proporcionar las bases para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales durante la vida adulta. Se trata entonces de un derecho habilitante y de efecto multiplicador, exigible e indispensable para el logro de un desarrollo humano pleno.

Así, la educación pública es el medio para la formación de buenos ciudadanos al dotar a los individuos de capacidades y conocimientos que les permiten conocer el entorno en el que viven, expresar ideas y sentimientos, realizar actividades productivas y participar con libertad y responsabilidad en la vida social.

Desde este punto de vista, la meta ineludible para la Ciudad de México, es garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes asistan a un plantel de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en el que reciban un servicio de buena calidad y en el que existan las condiciones de dignidad, seguridad y salud indispensables para aprender y desarrollarse.

La primera pregunta que hay que responder para apreciar el tamaño del esfuerzo gubernamental que está pendiente tiene que ver con la determinación del número de menores que están fuera de la escuela. Además de la cuantificación, interesa saber quienes son y explorar las causas de su exclusión.

Respecto a la primera cuestión, conviene señalar que este es un registro difícil de obtener. Aún con base en los censos de población, los datos relativos a la condición de asistencia frecuentemente subestiman a quienes están fuera de la escuela, no obstante, las cifras del Censo 2010 ofrecen una aproximación plausible a la cifra real de esta población.

Cuadro1

Distrito Federal, número y porcentaje de Niños Fuera de la Escuela (NFE)

En el Distrito Federal, un poco más de un cuarto de millón de niños y jóvenes de 3 a 17 años de edad estaban fuera de la escuela, esto es, el 13% del grupo de edad. La proporción más alta corresponde al grupo en edad de preescolar, básicamente atribuible a la inasistencia de los niños de 3 años; la segunda, 21.6% involucra a cerca de cien mil adolescentes citadinos, con lo que la entidad se ubica en el primer lugar de abandono escolar.

La tasa actual de deserción en la media superior a nivel nacional es de 15%, lo que implica que anualmente más de 650,000 adolescentes abandonan las aulas. En el D.F. el indicador alcanza 20.5%, seguido de Chihuahua y Nuevo León con 19.5% y 19.1% respectivamente[4].

En relación a la segunda pregunta relativa a los rasgos de los niños fuera de la escuela es evidente la relación entre exclusión e inequidad. Los niños de las familias que se ubican en los estratos más pobres tienen la mayor probabilidad de abandonar las aulas. Adicionalmente, condiciones como la discapacidad, la migración, el trabajo infantil y la etnia constituyen barreras al acceso aún cuando la cobertura sea suficiente.

El caso de los adolescentes es especialmente desafiante para el Distrito Federal en vista de dos situaciones peculiares. En primer lugar, quienes abandonan las aulas se distribuyen entre todos los quintiles de ingreso y en segundo término, la alta proporción de abandono implica a un gran número de individuos, dado el cambio demográfico en la población de la Ciudad, que no encuentran opciones para regresar a la escuela, para prepararse en otras opciones educativas como la formación para el trabajo o bien para conseguir un trabajo digno.

 Resulta paradójico que en la Ciudad con mayor potencial para brindar a sus jóvenes la oportunidad de cursar estudios de media superior, se registre una absorción (en 2010) de solo el 80% de los egresados de la secundaria y que, al cabo de un año cerca de la quinta parte ya no se encuentren activos.

 Si el abandono escolar es necesariamente el problema más acuciante, también es necesario reconocer que los indicadores relativos al logro educativo ponen al descubierto las deficiencias en el aprendizaje de la lengua y las matemáticas, las dos competencias fundamentales para la vida[5].

 Algunas encuestas recientes aplicadas a egresados de la media superior en el D.F., verdaderos sobrevivientes, revelan un importante nivel de insatisfacción con su experiencia escolar. Se alude a una saturación de contenidos curriculares desconectados de sus intereses y posibilidades, así como a la sensación de prácticas docentes poco motivantes y la percepción de ambientes precarios y entornos difíciles e inseguros.

 En conclusión, la Ciudad tiene un problema urgente e ineludible de atención a sus generaciones jóvenes. Urgente, porque son las más numerosas históricamente e ineludible porque decenas de miles de adolescentes quedan, cada año, al margen de las oportunidades a las que tienen derecho.

Una política pública para los adolescentes y jóvenes urbanos contemporáneos

 Desde el ángulo educativo resulta imperativo emprender cambios de fondo en cada uno de los planteles de media superior que desemboquen en la experimentación con nuevos modelos educativos concebidos para propiciar el aprendizaje de jóvenes urbanos de acuerdo con sus características, intereses y posibilidades. La oferta habrá de ajustarse a los rasgos de los adolescentes en vez de esperar que sean ellos quienes se adapten a la rigidez y la excesiva normatividad que caracteriza a las escuelas públicas de este tipo[6]. Las poblaciones marginadas de su derecho a una educación de calidad hasta la conclusión del ciclo obligatorio incluyen a quienes no ingresaron a la media superior; al grupo que está en riesgo de abandono y a quienes salieron de las aulas. De aquí que los modelos educativos deben abarcar soluciones viables para atender mediante programas no escolarizados o mixtos a los primeros; prevenir la deserción bajo la lógica de anticipar la frustración y los obstáculos socioeconómicos que son parte de las variables que incrementan la probabilidad de abandono escolar, en el segundo caso y, para el tercer conjunto, procurar esquemas flexibles que faciliten el retorno hasta la obtención del certificado.

 Es factible que en un plazo razonable se puedan lograr los objetivos esbozados siempre que:

• Exista un mecanismo para la planeación de la oferta y los servicios educativos con una visión metropolitana
• Se generen acuerdos intersectoriales que atiendan en forma coordinada y sistemática las necesidades de apoyo económico, prevención social, salud y seguridad de las poblaciones jóvenes
• Se propicie un mejor aprovechamiento de la oferta cultural, recreativa y deportiva para los adolescentes de todas las demarcaciones y municipios de la ZMCM

 El avance tendrá que medirse en términos de la disminución del abandono desde su actual nivel, por lo menos a la mitad (alrededor de 11%); el incremento en la eficiencia terminal (alrededor de 60% en contraste con el 40% actual) y por supuesto la tasa de cobertura total y el abatimiento del rezago de la población de 15 a 17 años de edad que terminó la secundaria o abandonó la escuela antes de terminar la preparatoria hasta una cifra que debería ser del orden de la mitad de la que se registra actualmente.

 No hay duda de que el reto es formidable pero la viabilidad de nuestra Ciudad está en juego.