La semana pasada comenté la nota que el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) presentó sobre México en el tema de equidad. Recapitulando: la evidencia en la encuesta representativa del país sobre desempeño en comunicación, matemáticas y ciencias, muestra que los estudiantes de 15 años cumplidos que provienen de familias pobres en México son una amplia mayoría de población y que hacen su experiencia en escuelas en donde la desventaja es la norma entre sus compañeros (escuelas pobres para pobres).
También resulta de los datos de PISA que, si bien toda la muestra tiene desempeño bajo –hasta los jóvenes mexicanos del contexto más rico, en el decil más alto de ingreso y escolaridad de sus padres, alcanzaron peores resultados promedio que los jóvenes del decil más bajo de Reino Unido, Canadá, Estonia o Vietnam- hay una parte de los estudiantes desfavorecidos de buen desempeño: 12 de cada 100 de los del cuarto más bajo están en el cuarto más alto de resultados… son “resilientes”, es decir, superan la adversidad y tienen cierta confianza en seguir obteniendo buenos resultados futuros.
Como afirmé, la nota queda a deber en la parte de las recomendaciones, que es muy rala y genérica. Lo que quiero comentar hoy es cómo ya hay prácticas en México que logran equidad y promueven movilidad, experiencias que vale la pena conocer para tomar ejemplo e inspiración de ellas.
La primera recomendación es invertir fuerte en educación inicial de los desfavorecidos. Esa propuesta hace mucho que un grupo muy amplio de organizaciones, más de 400, la viene haciendo y monitoreando. En ese colectivo están UNICEF y el Hospital Infantil de México, Save the Children y Un Kilo de Ayuda, las fundaciones de Cinépolis, Banorte, FEMSA, Lego, aguerridas organizaciones comunitarias del Valle de Chalco, la Sierra Norte de Puebla, la Mixteca en Oaxaca, la zona de Valladolid en Yucatán, el Instituto Nacional de Salud Pública y Mexicanos Primero, por mencionar algunos.
Se hace entonces más que nunca imperativo que el próximo gobierno federal, si quiere darle contenido a una auténtica visión de equidad e inclusión, si quiere no tener que compensar tardíamente con becas de emergencia lo que no supo emparejar en los años iniciales de vida, empiece por lo primero. Los gobiernos en curso de Oaxaca y Estado de México ya tienen avances que reportar, y el que está entrando en Yucatán ya tomó compromisos. Será muy importante que la agenda educativa no se agote en lo que tanto se criticó: pensar en leyes, institutos y estructuras, y que si hay cambio en ellas la realidad mejora. Es un gran y específico reto para López Obrador y para sus designados secretarios Moctezuma, Albores y Alcocer.
La segunda recomendación es identificar y hacer las compensaciones requeridas para los estudiantes en desventaja. La sugerencia se cae de obvia, pero el drama es que no hay focalización adecuada en nuestro país, salvo contadas excepciones. El INEE, que ha sido puesto en la mira, justamente ha destacado el brutal abandono histórico de los programas y prácticas que atienden a los hijos de jornaleros migrantes, a los estudiantes indígenas, a los arreglos multigrado. Pocos y muy meritorios sistemas estatales (Puebla, Sonora, Campeche, Quintana Roo) han llevado a los hechos un cuidado redoblado en las zonas de alta marginación y de resultados de aprendizaje más limitados. Los esquemas de brochazo burdo, como entrega de útiles, desayunos y becas a montón, pero sin el profesional seguimiento de asesores técnico-pedagógicos a los maestros y directores de escuelitas empobrecidas, apenas mitigan el hambre y la miseria, pero no alcanzan –precisamente porque no son intervenciones educativas, sino humanitarias- para romper la cúpula de concreto en la que rebotan la enorme mayoría de niñas y niños de contexto marginado. Por supuesto que hay que mantener y afinar esos apoyos (tristemente, de los más fácilmente sujetos a amarres de proveedores compadres que entregan calzado escolar carísimo, de alimentación no sana o no de valor nutricional suficiente y equilibrado, sin desvíos ni implicaciones de sojuzgamiento clientelista), pero el reto es lo propiamente pedagógico.
Aquí también hay una solución más que probada, pero no popular -ni siquiera entre los que se precian de querer una “educación popular-, que en su mayoría siguen esquemas frontales, repetitivos y abstractos: el ABCD = Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo, el modelo vigente del CONAFE, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, también conocido como “redes de tutoría”. Ni el Programa de Transformación Educativa de Oaxaca (el tan traído PTEO) deja de caer en el engolado rollo de repetir a Freire y exaltar la comunidad, pero no tiene una “didáctica de tierra” que concrete una alternativa para aprender con gozo y efectividad en contextos empobrecidos. Más que probado en la práctica, la soberbia de SEP, SNTE, CNTE y demás siglas no ha dado espacio al examen sereno y a la generalización gradual del Modelo ABCD. Por eso la OCDE propone lo que ya existe, pero desconoce y no documenta, y confirma la ceguera para lo real de gobiernos salientes y entrantes, mientras se encarnizan las batallas sobre lo que es deseable en el mundo de las ideas.
La última recomendación de OCDE es la formación de los docentes para la equidad y la inclusión. De nuevo, hay ya experiencias destacadas como las de CRESON y CRESUR, en Sonora y Chiapas respectivamente, que se han tomado la tarea de una formación docente que empodere a agentes de justicia y compensación social, aprendices permanentes que saben investigar, ajustan su práctica al contexto, animan e interactúan con las familias y la localidad, refuerzan la identidad étnica y comunitaria. Los ideales del Normalismo, pues, pero en su concreción no de ideología autorreferente y autojustificatoria, sino de efectividad, responsabilidad y profesionalismo.
Ya hay quien empezó, y hace real la movilidad por el poder que tiene la educación cuando se entiende como derecho irrenunciable, y no como dádiva de un gobierno magnánimo. Exijamos que los gobiernos estatales y que el gobierno federal ya no receten pretextos, y que se comprometan a un enfoque de equidad.
