Desde mi perspectiva, uno de los mayores errores que pudo haber cometido el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en materia educativa, fue haber logrado y publicado el Acuerdo 23/03/1984 por el que se estableció que la educación normal en su nivel inicial, y en cualquiera de sus especialidades, tuviera el grado académico de licenciatura, sin considerar en dicho planteamiento, algunos otros aspectos jurídicos que propiciaran que la incorporación de las escuelas normales, como Instituciones de Educación Superior (IES), fuera acorde a sus propias necesidades de desarrollo. Claro, se dijo, el cambio era en “pro” de la modernidad y del progreso, y porque la formación de docentes tendría que tener un carácter profesionalizante para que sus egresados, contaran con los elementos que la misma profesión, la sociedad y el mundo exigía en ese momento.
Derivado de tal Acuerdo, y de las complejidades que trajo consigo ciertas políticas descentralizadoras de la década de los 90, entre ellas el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), las escuelas normales quedaron a la deriva o, mejor dicho, en un “limbo” administrativo y jurídico que, para acabar pronto, aún en muchos estados de la República Mexicana, las ubica, insisto, administrativa y jurídicamente, en diferentes niveles educativos, ya sea en los departamentos educación básica, en educación media superior o, en alguna Subsecretaría de Educación Superior. Asunto nada menor este éste puesto que, al no sufrir una reforma constitucional que les otorgara autonomía como a las Universidades y que las ubicara en el lugar que como IES deberían ocupar, la dependencia total, en todos los sentidos, del Estado, ha complicado su desarrollo, en estos casi 35 años en los que, al menos en el papel, son IES.
¿Qué hubiese pasado si se les hubieran otorgado las condiciones mínimas necesarias para que, progresivamente, se consolidaran como IES? Digo, hablar de las tres áreas sustantivas (docencia, investigación y difusión) que deben desarrollar parece ser algo sencillo; sin embargo, las normales, por excelencia, han puesto su atención en esa área que, por su importancia pedagógica y didáctica, ocupa un lugar preponderante en su quehacer educativo: la docencia. Esto significa, ¿que no se hayan dado avances considerables en la investigación y la difusión?; tal como la conciben las universidades, no lo creo, lo que si tengo presente, porque me consta, es que tienen esquemas muy particulares de extender sus servicios, así como también, muchos progresos en lo que se refiere a investigación e investigación educativo. Espero en algún otro momento, hablar de ello.
Ahora, si bien es cierto que a partir del 2005 el Subsistema de Educación Normal del país, se le confirió a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), puesto que antes de ese año se ubicaba en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, también es cierto, que lo descrito en párrafos anteriores, con esta medida, no se resolvió. Las escuelas normales en nuestros días, siguen estando ubicadas en niveles educativos que poco favorecen su desarrollo y consolidación como verdaderas IES. Insisto, el limbo jurídico y administrativo en el que viven y se mantienen, poco ha favorecido su pleno desarrollo; por ejemplo, ¿pueden las normales diseñar, aplicar y evaluar sus propios planes y programas de estudio? La respuesta es contundente: no. Entonces, ¿cómo se espera que logren ser una IES si por mandato constitucional y reglamentario, siguen dependiendo de las disposiciones oficiales que establece el Estado en esta materia?
Aunado a esta situación, un tema que es parte de este análisis, es el relacionado con lo que acontece, precisamente, en el orden local, puesto que mientras la federación establece sus propias políticas para que las normales trabajen en la formación de docentes, en el ámbito estatal, las cosas suelen ser muy complicadas. Por ejemplo, hoy día existe el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (derivación de lo que en su momento se conoció como PROMIN, PEFEN y PROFEN); programa mediante el cual, las normales pueden acceder a recursos (etiquetados) de la federación para, por ejemplo, fortalecer su capacidad académica; sin embargo, en varias entidades del país, las oficinas, departamentos o áreas a las que se encuentran adscritas, establecen los “proveedores” que habrán de impartir cursos, talleres, conferencias, etcétera, obtenidos a través de la elaboración de los proyectos de las propias normales. ¿Por qué estas escuelas no pueden contratar a sus propios proveedores para el logro de este propósito?, ¿hasta cuándo se va a depositar la confianza en dichas instituciones?, ¿por qué se les sigue considerando como “infantes” a las que se les debe de dar el trato que corresponde a esa etapa de la vida del ser humano?
El meollo del asunto es muy sencillo, y del cual he dado cuenta en múltiples ocasiones en este y otros espacios, al igual que muchos reconocidos colegas y especialistas en la materia, como Ángel Díaz Barriga, Patricia Ducoing, entre otros: la autonomía.
Desde mi perspectiva, mientras no se toque el tema de la autonomía de las escuelas normales, el problema jurídico y administrativo, y los que de ello se desprende, seguirá latente.
Hace unos días, escuchaba y leía con atención, lo que el actual Subsecretario de Educación Superior, Francisco Concheiro, explicaba sobre el papel de las escuelas normales en el país. Por sus declaraciones, puedo vislumbrar que se aproxima una nueva reforma al modelo educativo que, hace unos meses (agosto de 2018), se implementó en la educación normal en el país; esto, derivado de la implementación del Modelo Educativo 2017 que impuso Peña Nieto y compañía. Caray, apenas han pasado algunos meses desde que se implementó la “malla curricular 2018” en las normales, y ya se piensa en realizar algunos ajustes a sus planes de estudios (que por cierto siguen sin estar terminados) o implementar un nuevo modelo educativo. Lo anterior, considerando la disputa y división que generó esta “reforma” al interior del normalismo mexicano entre sus defensores y detractores.
Me parece interesante que cada gobierno intenté mejorar lo que, desde su perspectiva, puede mejorar. Es sensato el que se tenga la intención de llevar a cabo diversas acciones para lograr una mejora en la educación, especialmente, en la educación normal de México. No obstante, ahora que se viene la probable aprobación de la reforma educativa que propondrá el gobierno de López Obrador en próximos días, ¿no valdría la pena que se analizara la pertinencia de la autonomía de las escuelas normales escuchando las voces de sus principales actores: los normalisitas?, ¿no valdría la pena considerar un congreso nacional para este propósito? Un tema tan importante como lo es éste, no debería limitarse a una encuesta vía internet. Urge el espacio de diálogo, pertinente y profundo, muy profundo, sobre ello.
En este sentido, se habla de que algunas instituciones participarán en el diagnóstico que habrá de realizarse sobre el normalismo mexicano; esto, con la intención de que se obtenga un panorama general de las normales y se elabore una propuesta acorde a las necesidades y demandas de estas escuelas formadoras de docentes.
Estudios se han realizado al respecto, por ejemplo, el que hace años realizó Justa Ezpeleta, sobre el impacto del PROMIN en las normales; el de Verónica Medrano que, si bien no aborda las complejidades del normalismo desde lo cualitativo, si ofrece datos que permitirían contar con una mirada sobre el fenómeno que estoy comentado; o bien, los propios estudios que en este ámbito también ha realizado Graciela Cordero y otros; en fin, trabajos hay para dilucidar las entrañas del normalimo mexicano. ¿Cuándo se le dará la oportunidad a los normalistas para que expongan sus propios argumentos y estudios?
Con negritas:
Me parece que una propuesta, acertada, que hace tres años implementó la DGESPE para que los normalistas expusieran los estados que guardan sus investigaciones, fue el Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal (CONISEN); un espacio que, sigo pensando, es importante para la difusión del conocimiento; no obstante, considero que su formato podría permitir el diálogo abierto y plural en el más amplio sentido de la palabra. Como sabemos, es imperativo que, en materia de investigación, aceptemos la crítica, pero lo más importante, es que fomentemos la autocrítica puesto que ello, nos permitirá avanzar en el camino correcto en cuanto al ámbito institucional, profesional y, porque no, personal se refiere.
