Elisa Bonilla Rius*
La iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional del presidente López Obrador pierde la oportunidad de seguir consolidando el derecho a la educación para dar cuenta de las necesidades que plantea la sociedad actual —llamada del conocimiento— además de que retrocede e incurre en errores graves. En este texto me referiré a una de las fallas que me parece más insólita: la eliminación de la educación inicial. En la fracción V del artículo 3º, aún vigente, dice: […] “el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos —incluyendo la educación inicial” […] pero al proponer la modificación del texto, la iniciativa presentada apenas el pasado 12 de diciembre, omite la educación inicial. De esta forma, de un plumazo borra el derecho a la educación de los menores de tres años, fragmenta la infancia, dejando fuera los primeros tres años de vida, y, lo más grave: desconoce que las personas son sujetos de pleno derecho desde su nacimiento.
Cada vez hay argumentos más poderosos que cimientan el costo-beneficio de la educación en la primera infancia, pero, aun con su relevante peso, estos argumentos no pueden valer más que el enfoque de derechos. Reconocer el derecho a la educación desde el nacimiento implica aceptar que el disfrute de este derecho tiene valor en sí mismo, que se da en el presente, que debe darse por la condición humana de los niños y las niñas y no como medio para cualquier otro fin. En México, el derecho a la educación desde el nacimiento se concretó en 2002, al incluirse la educación inicial en el artículo 3º. Pero este derecho no se conquistó de repente. Antes hubo de andar un largo y sinuoso camino.
La atención a niños de 0 a 4 años nació en nuestro país a mediados del siglo XX, en aquel entonces con una visión limitada, como un servicio asistencial al que tenían derecho las madres trabajadoras; dicho servicio se concretó estableciendo guarderías-infantiles. La visión de entonces estaba implícita en el nombre de la propia institución: “guardar”, es decir cuidar a los niños mientras la madre trabajaba y no podía hacerse cargo de ellos. Las guarderías incluían aspectos básicos de crianza, pero no tenían un enfoque educativo. No atendían al interés ni al derecho del niño sino al de su madre. De ahí que, su regulación normativa se diera exclusivamente en el ámbito laboral. A fines de los 70, se amplió la visión para incluir al niño y reconocer el componente educativo. Luego, se acuñó el término “educación inicial”, que la Ley General de Educación incorporó en 1993. A partir de entonces, forma parte del sistema educativo nacional y su propósito es “favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los niños menores de 4 años”, incluyendo “la orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos”.
Hoy, el objetivo de la educación inicial es que todos los niños aprendan y sean felices. En su documento normativo, que que fue elaborado por el Gobierno Federal —Un buen comienzo— se explica el por qué la educación en esta etapa es “una de las intervenciones más decisivas en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños, y consecuentemente en su desarrollo a lo largo de la vida”. Asimismo, se plantea que uno de los retos más grandes que enfrenta es el reconocimiento social de los bebés como aprendices competentes y sujetos de derechos desde el nacimiento.
Aunque todavía tiene grandes desafíos, la educación inicial ha madurado a lo largo del tiempo. A ello han contribuido los avances de la investigación en psicología, pedagogía, neurociencias, economía y sociología que han aportado fundamentos sólidos, los cuales señalan que desde el embarazo de la madre y durante los primeros años de vida se abre una ventana de oportunidad para el aprendizaje, desarrollo y bienestar del ser humano.
En diversos ámbitos y contextos, nacionales e internacionales, cada vez hay más consenso sobre la importancia de atender integralmente a los niños desde su nacimiento. Tanto gobiernos como organizaciones multilaterales y civiles (UNICEF, UNESCO, OEI, IAD y OMEP, entre otros) han planteado la necesidad de garantizar los derechos de la infancia, desde el nacimiento. México ha avanzado en ello. Destacan la publicación de la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes (LDNNyA), la mejora en la coordinación interinstitucional y la colaboración entre instancias públicas y privadas. De hecho, la Comisión intersecretarial primera infancia, creada en el marco de la LGDNNyA, es una muestra de este avance.
Con el fin de ordenar la política pública en la materia, en 2018 dicha comisión diseñó un paquete de atenciones y servicios universales a las que llamó Ruta integral de atenciones (RIA), para niños de 0 a 6 años, sus familias, agentes educativos y cuidadores principales. Es una herramienta clave para orientar a las autoridades y demás actores responsables en la implementación de un sistema integral de protección. Ordena las atenciones que requieren durante esta etapa de vida: educación inicial, salud, nutrición, protección y desarrollo social. Un aspecto fundamental de la RIA, que abona al argumento de conservar la educación inicial en el cuerpo del artículo 3º, es que esta herramienta no se definió a partir de los servicios existentes. Por el contrario, se concibió desde la perspectiva de los derechos de la infancia.
Por otra parte, no sólo el Estado ha trabajado en pro de la atención integral a los niños desde un enfoque de derechos, los particulares (organizaciones de la sociedad civil, académicos y empresas) llevan años en ello. Apenas hace unos meses, 300 organizaciones impulsaron el Pacto por la primera infancia para comprometer públicamente a candidatos federales y estatales con los derechos de la infancia. Cientos firmaron el Pacto, excepto el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
Me importa aclarar que la inclusión en la Constitución del derecho de los menores de tres años a la educación no implica hacer obligatoria la educación inicial ni tampoco busca escolarizar a todos los niños. Dicha población puede ser atendida tanto en el hogar como en diversas instituciones públicas y privadas o en sus comunidades. Lo importante es que, desde que nacen, la atención a las niñas y los niños sea integral y que, tanto en el seno familiar como en el institucional, madres, padres, cuidadores principales y agentes educativos cuenten con la información y los conocimientos necesarios para darles el cuidado y las oportunidades que garanticen su bienestar, su aprendizaje y su felicidad. Para ello, el Estado debe comprometerse con medidas que aseguren la generalización de esos saberes y competencias entre los adultos responsables de atender a los niños. Favorecer la crianza compartida debe ser una prioridad que no sólo favorece al niño sino a las familias.
Las autoridades no han argumentado la eliminación de la educación inicial del artículo 3º. Me pregunto si será una pifia —semejante a la de la autonomía universitaria— o si simple y llanamente es una decisión miope y desinformada, un despropósito mayúsculo que vulnera todo lo que México ha construido, por décadas, para que los niños y las niñas reciban una atención integral que les ofrezca un mejor presente, que se traduzca luego en un mejor futuro para ellos y para el país.
En cualquier caso, exhorto a los legisladores a impedir su exclusión del artículo 3º y a garantizar el pleno derecho a la educación desde el nacimiento. Los niños no pueden hacer valer sus derechos. Somos los adultos quienes estamos obligados a hacerlos valer.
*Profesora visitante en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Texto publicado originalmente en el blog de educación “Distancia por tiempos” de Nexos.
