Cuando la “discreción” genera escándalo y una agitación innecesaria hay razones para desecharla como principio de gobierno. Quizás esto reflexionó el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, al ser llamado a comparecer ante la Segunda Comisión de la Comisión Permanente el Congreso. El acto que dio origen a esta convocatoria fue, como sabemos, la emisión del Comunicado 129 de la SEP en donde se anunciaba que “[c]on motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.
A escasas horas de la publicación del famoso comunicado, hubo revuelo. El sospechosismo se echó a andar en virtud de que habría elecciones a pocos días del anuncio. Ante la suspicacia, algunos miembros del poder legislativo distintos al partido del presidente, no dejaron pasar la oportunidad y aprobaron un punto de acuerdo para llamar a Emilio Chuayffet para que explicara la razón por la cual había suspendido “indefinidamente” las fechas y los procesos de evaluación docente antes de las elecciones. Asimismo, también fueron citados los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Las comparecencias del martes 23 de junio generaron grandes expectativas. “Avala Congreso llamar a cuentas a Emilio Chuayffet”, así cabeceó El Universal la noticia de la cita a los servidores públicos. Y es que en un país en donde los funcionarios están poco acostumbrados a rendir cuentas, a debatir o a utilizar el diálogo como un pilar en la construcción de las políticas públicas, el hecho de ver al secretario de educación siendo interpelado por la oposición, representa un signo de madurez política y democrática. Había que cuestionar a Chuayffet para construir dosis de credibilidad, constatar que en México, pese a todo, la división de poderes existe y que la autonomía de las agencias de evaluación no debía ser vulnerada. Por cierto, el mismo día en que rendían cuentas los servidores públicos ante la Comisión Permanente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvía, de manera unánime, que la evaluación docente es constitucional y que no viola el derecho a la estabilidad en el empleo.
Las comparecencias de los funcionarios fueron útiles por al menos tres cosas. Primero, incentivaron al secretario Chuayffet a reflexionar sobre sus acciones y a admitir la crítica, segundo, se mostró una clara pluralidad en los posicionamientos de los distintos partidos, lo que demuestra que no todos son iguales, como señalan algunos “analistas” y tercero, se apuntaron temas educativos que podrían ir configurando una agenda educativa a futuro. Comentemos estos tres puntos más a fondo.
Efectos sociales de la acción gubernamental
Al ser cuestionado sobre los motivos reales de haber “suspendido” las fechas y los procesos de evaluación de manera “indefinida”, Chuayffet no cedió y para ello, utilizó argumentos de distinta índole. En su intervención inicial defendió que el boletín no tuvo “consecuencias jurídicas” y que tampoco representó “acto de molestia o privación de los derechos de los participantes”. Tampoco reconoció que la autonomía del INEE estuvo vulnerada porque, según él, hay un artículo que señala que la SEP está facultada para cambiar las fechas del calendario local que corresponde a cada estado, mientras que el INEE establece el programa anual de corto y mediano plazo. Ayudado por los senadores Daniel Amador Gaxiola y Gerardo Flores, del PRI y del Verde, respectivamente, también se coló el argumento de que la escueta manera de comunicar un hecho trascendente como el de suspender la evaluación, no había trastocado ni el programa, ni el orden de las evaluaciones que se realizaron los días 20, 21 y 22 de junio. Esto es lo “más importante que podríamos tomar como conclusión de esta importante reunión”, dijo felizmente resignado el senador Flores.
Ante tal complacencia, fue interesante ver cómo otros legisladores le trataron de hacer ver al secretario Chuayffet que estaba equivocado. Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado expresó que querer “simular la leyende rosa de que nada pasó es una irresponsabilidad”. Hubo, según el ex director de Conacyt, observadores de las evaluaciones que se dieron de baja y algunos gobernadores se enteraron por el periódico de que la SEP interrumpía la evaluación.
Por otra parte, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, le dijo al titular de la SEP que la acción que tomó fue inconstitucional, de ahí la necesidad de tener esa comparecencia. Que la ley obliga a la SEP y al INEE a coordinarse y lo que vimos con el Comunicado 129 fue una “falta de coordinación y una decisión unilateral […] usted estuvo en falta, qué bueno que rectificó […] pero qué necesidad”. En una línea coincidente con la senadora Peña, Pilar Ortega de Acción Nacional le hizo una pregunta básica al secretario: si la SEP tenía las atribuciones que dice para suspender indefinidamente los procesos de evaluación, ¿por qué no las citó en el comunicado? “¿Cómo el secretario Chuayffet, con la experiencia política y jurídica que tiene?” puede caer en un error así. El Comunicado 129 emitido por la Secretria de Educación fue un “acto de ilegalidad”, concluyó la legisladora.
El experimentado secretario Chuayffet capoteó los cuestionamientos con serenidad y aunque al inicio de la comparecencia se mostraba más que seguro, avanzada la sesión, rectificó y dijo: “admito la crítica” de que el boletín fue lacónico, “de que debió haber sido más explícito” para que no se confundiera la suspensión y de esta manera habría habido mayor “tranquilidad entre todos los participantes de los concursos”. Ven como sí hubo efectos. Como persona inteligente que es, Chuayffet seguramente ya aprendió la lección. Las decisiones injustificadas y en este caso, ilegales, ya no pasan inadvertidas por la oposición parlamentaria ni mucho menos por los grupos organizados de la sociedad mexicana.
Pluralidad, políticas y mérito
La comparecencia del secretario Chuayffet no sólo fue interesante por haberlo visto defender su posición y tratar de justificar sus decisiones, sino también por conocer un poco más a fondo las posturas de los distintos partidos y sus representantes.
Algunos representantes del Partido del Trabajo, por ejemplo, siguen pensando que la reforma es producto de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que impulsa las privatizaciones de la educación “en todo el mundo”. Por su parte, Miguel Alonso Raya del PRD constató que en relación con la reforma educativa, han tenido “puntos de vista distintos, enfoques y visiones distintas de cómo hacer las cosas en un sistema educativo que urge indiscutiblemente cambiar”. Para esta ala de la izquierda mexicana, la evaluación no puede servir para “andar espantando” a los maestros, sino para detectar deficiencias y pensar cómo superarlas. El examen, dijo este diputado, es para evitar que los “compadres, dirigentes sindicales o las autoridades educativas” nombren a los directores y supervisores y, en cambio, sea por medio del mérito que lleguen a ocupar tales puestos.
La centralidad del mérito, como parte de la reforma educativa, fue algo que se resaltó durante las comparecencias. Algunos legisladores reconocieron lo regresivo que ha sido el antiguo sistema de ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente en donde las “plazas son meros elementos lucrativos”, diría el diputado de Movimiento Ciudadano, Danner González. Es apremiante, continuó este legislador, “eliminar las prácticas clientelares en la promoción del profesorado que no reconocen ni motivan al que mejor enseña”. ¿Alguien podría estar en contra de esta posición? Parece que si. La diputada del PRD, María de Lourdes Amaya expresó abiertamente: “Desde este recinto vaya toda mi solidaridad con la disidencia magisterial que encabeza la CNTE, pues su lucha no sólo contraviene y desafía una reforma injusta, sino que se resiste a la imposición y al sometimiento de nuestro modelo educativo al servicio de las directrices ajenas a la realidad social y al entorno económico de nuestro país”. Esto parece, prosiguió la legisladora, más una “reforma laboral”, tiene una “lógica sancionadora” y es un error basar la profesionalización de los docentes en “mediciones” que tienen como resultado premios o castigos.
Como vemos, aún dentro de los mismos partidos hay posiciones diversas. No todos son iguales. La pluralidad es evidente en nuestros cuerpos legislativos, la pregunta es si este atributo servirá para desarrollar mejores políticas educativas. ¿Qué piensen sobre el mérito las distintas facciones de la izquierda mexicana? ¿Son conciliables el mérito individual con la justicia social? En las lúcidas críticas que algunos colegas académicos han hecho de la reforma, falta un argumento que exponga por qué el mérito no puede ser un criterio apropiado para recompensar a las maestras y maestros de México. ¿Con qué criterios se deben distribuir y asignar las plazas y los puestos públicos? ¿Sorteo? ¿Dedazo? ¿Con mi idea propia de la justicia y la equidad?
Mirando hacia delante
La ruptura del orden constitucional por parte del titular de la SEP, fue lo que lo llevó a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso. Aparte de tratar de aclarar por qué decidió suspender “indefinidamente” las fechas —que no cambiarlas— de la evaluación, las respuestas y discusión de Chuayffet con los legisladores también sirvieron para trazar algunas líneas de lo que podría ser una agenda educativa a futuro. Mencionaría dos.
La primera tiene relación con el pacto federalista. Desde hace tiempo, el actual titular de la SEP ha expuesto que el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación (ANMEB) de 1992 llegó a su límite. Gracias a las preguntas formuladas por la diputada Esther Quintana de Acción Nacional, sobre por qué les siguen pagando a los maestros que en lugar de dar clases van a las marchas, Chuayffet explicó que con el ANMEB los “patrones sustitutos” son los estados, no la SEP. Ellos —los estados— tienen la relación laboral con los maestros. Este es el “verdadero asunto de esta comparecencia”, dijo el secretario para luego proponer una figura que le permita a la federación intervenir de manera temporal en el caso de que alguna entidad federativa incumpla. El senador Romero Hicks dijo “tomarle la palabra” al secretario para que revisen la Ley de Coordinación Fiscal y tratar de “poner orden, porque ya estuvo suave que aquí nadie es responsable absolutamente de nada”. Ahí está entonces un tema para un iniciar un debate público.
Segundo, el mismo Romero Hicks le propuso a Chuayffet una “segunda generación de reformas” que toque temas como el modelo educativo, educación normal, infraestructura, financiamiento, participación social y ciudadana, temas laborales de libertad de asociación, democracia y transparencia sindical y rendición de cuentas. Al titular de la SEP le pareció adecuada la propuesta del panista, aunque nada dijo de otros dos puntos mencionados por los legisladores. El primero fue del diputado Danner González quien habló de la necesidad de actualizar los convenios de subsidios federales para organismos descentralizados estatales en el nivel de educación media superior y superior. La razón de esta petición señala, a mi juicio y una vez más, las fallas de nuestro federalismo. Los gobernadores de los estados, según el legislador González, “regatean” la entrega de estos recursos a los centros de educación en el nivel medio superior y superior.
La otra petición que Chuayffet no respondió provino de la diputada Amalia García del PRD, quien le pregunto en dónde está la rectoría del Estado con respecto al papel que desempeñan la televisión y los medios de comunicación electrónicos en la formación de las niñas, niños y adolescentes. La calidad de la educación es multifactorial, dirían los especialistas y la SEP ha actuado con tibieza en este asunto cuando es la propia televisión, especialmente las grandes compañías como Televisa y TV Azteca, las que han tratado de hacer creer que la reforma es un desastre, que el secretario carece de oficio y que los sucesos ocurridos en Oaxaca, Michoacán y Guerrero son la muestra irrefutable de que esta reforma educativa no avanza. Algo de mala educación evidencian los comunicadores. El buen pensar parece no estar en los script de los noticieros.
En resumen, ante el ciudadano, el gobierno del presidente Peña Nieto se equivocó con la “suspensión indefinida” de las fechas y procesos de evaluación; no obstante, el titular de la SEP dio la cara y tuvo la capacidad de rectificar. Haberlo llamado a rendir cuentas públicamente fue positivo. Ese ejercicio republicano también sirvió para conocer y evaluar el perfil idóneo de los funcionarios públicos y de los representantes populares. La pluralidad fue notable; así como la confusión sobre la centralidad del mérito en las políticas de ingreso, superación y promoción docente. “Becas y no despidos”, expresó una connotada legisladora de la izquierda. Sobre estos asuntos, mucho tendremos que escribir y discutir con el propósito de afinar nuestros argumentos y críticas a la reforma educativa.
El silencio —o la discreción— crearon un desorden institucional y una innecesaria agitación política y social en el sector educativo, el diálogo abierto y la discusión pública, en cambio, nos ayudarían a andar por el camino del entendimiento mutuo, aún cuando la discrepancia no desaparezca. Necesitamos que la SEP mute de piel y deje al Ogro Filantrópico recluido en su guarida para dar paso al Pedagogo Democrático.
