A partir del 1 de mayo de 2014, cuando Miguel Mancera (Jefe de Gobierno del Distrito Federal) presentó un diagnóstico de las condiciones del salario mínimo (de bajo nivel y gran deterioro histórico) y propuso su incremento se desataron las fuerzas de su debate.
Por supuesto, aparecieron voces a favor y en contra. De esta manera se empezó a conjuntar una línea política divisoria entre los primeros (progresistas) y los segundos (conservadores, si no es que reaccionarios). Las etiquetas surgen de inmediato para sustituir el debate. Es impensable tener una posición crítica sin el temor de caer clasificado en el segundo grupo. Recuérdese que en este país, nadie, lo sea o no, quiere ser tildado de conservador.
Sin duda, el debate lo desató el considerar al salario mínimo un deus ex machina, capaz de resolver incluso la situación de cuasi estancamiento en que se encuentra la economía mexicana hace ya un rato. Curiosamente, muchos de las intervenciones en contra tenían un aire similar. En particular, porque atribuyen a su incremento un serio potencial inflacionario.
El argumento esgrimido por el Jefe de Gobierno pareciera ser: comparativamente, el salario mínimo en México se ha deteriorado sensiblemente desde finales del sexenio del presidente Echeverría, último en buscar garantizar su capacidad adquisitiva a toda costa. En todos los países que cuentan con un salario mínimo establecido, éste tiene niveles y dinámica de crecimiento superiores (con mucho). El resultado: un salario mínimo es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria básica. Ergo, la situación de pobreza se agudiza. Las consecuencias: una condición inmoral e inconstitucional inadmisibles, un freno al desarrollo del mercado interno y por lo tanto un estancamiento de la economía. La solución: decretar su incremento.
Si se decretó su estancamiento, que se decrete ahora su crecimiento.
De manera simplificada, pero no por ello menos cierta, son tres los mayores problemas que enfrenta el país, la sociedad mexicana. Son de gran calado, seculares. Han sido la pesadilla constante del país. Por ello, toda acción de gobierno debiera estar obligada a considerarlos en cada uno de los programas y políticas que planea e instrumenta. Tendrían necesariamente que ser afectados positivamente por ellas. En caso contrario, justificar satisfactoriamente el que no lo sean.
Éstos son: la desigualdad profunda (Gini), el pobrísimo nivel educativo (PISA) y el tejido social y político entramado de corrupción. Parece haber un cuarto, no secular, pero que aparece en escena fuertemente asociado a la profunda corrupción: la inseguridad (La tendencia a la agudización de estos problemas y la incapacidad gubernamental de revertirlos lleva al planteamiento de los Estados fallidos).
Se podría y debiera medir la eficacia gubernativa en la medida en que sus actos afecten positivamente alguna de estas tres grandes dimensiones.
Un gobierno progresista o de izquierda se caracteriza por buscar cambiar el statu quo. El cómo lo proponga lo adjetiva. En tanto, un gobierno conservador, de derechas, busca administrar de la mejor manera esta condición.
Puede argumentarse que en México esos tres grandes problemas seculares se muerden la cola. Son un sistema cerrado, auto sostenible, como una concha de molusco cuya hendidura para ser abierta es indetectable. El gran secreto para el principio de una transformación de raíz consiste en encontrar la punta de la madeja, la hendidura que permita iniciar un proceso de desarmado. Sin embargo, está en el interés de tantos que el sistema permanezca como está, que no es difícil adivinar por qué se han desarrollado discurso y acciones que en apariencia lo combaten. Sin embargo, no son más que eso, combates ficticios.
La propuesta del Jefe de Gobierno del D.F. no es otra cosa. Peor aún, son medidas que incluso retrasan el combate real de los problemas seculares mencionados.
La discusión sobre el salario mínimo en el mundo tiene más de 85 años y sigue en el mismo punto que al comienzo. La mayor dificultad para lograr algún acuerdo es que no tiene un fundamento económico sino, todos los elementos que se aportan para apoyarlo son de carácter jurídico moral. Así surgió y así se mantendrá mientras exista.
No importa discutir si su incremento es inflacionario (no lo es). No importa saber de dónde provendrán los recursos para ello. Si no es inflacionario, ¿aceptarán los empresarios comprimir sus ganancias? O, ¿se pagará a costa de los ingresos fiscales? No es relevante si entre los resultados de un incremento como el propuesto está generar menos empleo. Tampoco es si lo que se promueve es ampliar más la informalidad (de hecho, el salario mínimo es un camino intermedio entre la formalidad y la informalidad laboral, vieja historia).
Los proponentes de su incremento (Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal. Propuesta para un acuerdo, elaborado por un potente equipo económico y presentado por el Jefe de Gobierno el pasado 28 de agosto) argumentan, parte económicamente, parte jurídicamente (su constitucionalidad), parte moralmente. La parte moral y la jurídica son incontrovertibles. Sin embargo, su incremento no resuelve lo que busca. Desgarrarse las vestiduras por la violación constitucional no sirve a nada. No está reglamentado. No es sancionable. Tampoco es un elemento que permita ni reducir la pobreza ni modificar la profunda desigualdad. El porcentaje de población que lo recibe es menor y una parte importante no se encuentra entre aquellos en condiciones de pobreza. No se puede igualar salario mínimo con pobreza.
El salario mínimo ha sido una unidad de cuenta, no un tope salarial. El hecho de que su capacidad adquisitiva haya disminuido al tiempo que lo hace el número de personas que lo perciben es muestra de ello.
Los mercados laborales han experimentado dinámicas muy interesantes.
Los asalariados que perciben hasta un salario mínimo mensual (SMM), Gráfico 1, se han mantenido oscilando a lo largo del periodo mostrado, 2005 – 2012. Ocupan una proporción ligeramente por encima del 15 % del total. La segunda menor, después de aquellos que perciben más de 5 SMM.
La evolución ha sido en favor de los estratos de ingresos entre 1 y 3 SMM. Ello ocurre a costa de los asalariados de mayores ingresos. En el periodo ocurre una compresión de los asalariados que perciben 3 o más SMM.
Si descontamos aquellos asalariados encubiertos que declaran percibir 1 SMM formalmente y compensaciones adicionales por fuera se observaría un mayor volumen de los pertenecientes a los estratos intermedios y una disminución de la capa inferior.
Adicional al gráfico anterior resulta del mayor interés observar cómo estos mismos asalariados componen una masa laboral crecientemente educada, Gráfico 2.
Ahora se estudia más y se percibe menos ingreso. Es claro cómo existen cada vez menos trabajadores cuyos estudios corresponden solo con primaria, completa o incompleta. El crecimiento del sector laboral con estudios de media superior y superior aumenta en el lapso de manera sensible.
Estos dos gráficos muestran lo dicho recientemente por la OCDE, en el sentido de que más estudio no garantiza empleo ni mayor remuneración (“En México, estudiar más no garantiza trabajo: OCDE”, milenio.com, septiembre 9, 2014).
El fenómeno puede reducirse a plantear que la contención salarial del mínimo ha redundado en una creciente presión por incrementar nivel de estudios, con el fin de acceder a mayores niveles de ingreso. Mayor contención salarial en los estratos de bajo ingreso y baja capacitación, mayor presión por incrementar los niveles de estudio.
Curiosamente, esto se ha visto reflejado en algo que podríamos llamar sobre-calificación (en términos de nivel educativo, no de calidad ni de crecientes habilidades) de todos los niveles, manifiesto hasta el máximo nivel educativo de la fuerza laboral: en los mercados laborales de profesionales.
De 2005 a la fecha los mercados de profesionales han mantenido un ritmo de crecimiento superior, no solo al de la economía en su conjunto, sino al de la matrícula de educación superior.
Esto es, la tesis del desempleo profesional por saturación del mercado se desvanece. Sí ocurre, por otro lado, que se acentúa la compresión del ingreso hacia capas medias del mismo. Se produce una intercambio (quid pro quo) entre empleo y salario.
La fuerza laboral tiene ahora mayores credenciales, que no encuentran un correlato positivo en el salario.
Como en pocas ocasiones la economía cuenta con un potencial laboral por encima del crecimiento real que ha mostrado en años recientes. En buena medida se ha logrado gracias a los bajos niveles salariales que han empujado hacia una mayor capacitación.
Desafortunadamente, esta mayor capacitación no ha dado los frutos prometidos. No es garantía de empleo ni de mejores remuneraciones. Por el momento. Tampoco ha aportado al crecimiento de la economía, ni a una mayor productividad.
Las mejores remuneraciones no están dependientes exclusivamente del nivel de estudio, no menos importante es la condición del mercado laboral. Y, por ahora, y desde hace un tiempo, la flojedad de la economía impide que los trabajadores puedan hacer efectiva la demanda por mejores condiciones salariales fruto de su mayor capacitación.
El mercado de profesionales muestra con claridad el fenómeno. Sin embargo, de manera por demás interesante, se ha generado un fenómeno al que podría llamársele de solidaridad laboral involuntaria. Esto es, el mercado no genera condiciones para ofrecer mayor empleo, en condiciones de ingreso elevado, acorde con su historia.
Por el otro lado la población continúa capacitándose e incrementando su nivel educativo. El resultado no es el de desempleo creciente con mayores niveles educativos, aunque algo hay de ello, sino que una contención salarial ha permitido que esta fuerza laboral sea incorporada a la actividad productiva con salarios a la baja. Solidaridad involuntaria.
Conclusión: incrementar los mínimos bajo una argumentación falaz (desde la perspectiva económica), actuará como el mejor desincentivo para que la población puje por un mayor nivel educativo. No es necesario capacitarse, el aumento llega solo.
Existen infinidad de mecanismos compensatorios para equilibrar la desigualdad, un aumento al mínimo como el propuesto la deja inalterada. No solamente, sino que sirve como inhibidor de acciones que sí apunten a ello.
