Fidel Ibarra López
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 23/08/21 donde se presentan los lineamientos para el regreso a las clases presenciales. Es a partir de este documento oficial, que se puede realizar un análisis con la seriedad debida, sobre el regreso a las escuelas que están planteando las autoridades educativas. Y discernir a partir de lo anterior, los costos que se deprenderán con la implementación de los lineamientos referidos.
Para tal efecto, parto de lo siguiente: el argumento que se utilizó en lo público para fundamentar la reapertura de las escuelas, es que el regreso iba a ser presencial, seguro, voluntario y escalonado. Ese era el concepto que se adujo en lo público; pero si se revisa el documento de marras, se identifica que ahora se plantea que el regreso será presencial, responsable y ordenado. Se borró del mapa el término voluntario. De hecho, de las 7 mil 16 palabras que componen el Acuerdo, solamente se menciona dos veces el término “voluntaria” –ya no voluntario-. Y se menciona en páginas interiores. Lo cual significa que se cercenó el concepto original en aras de ajustar la fundamentación para encuadrar los lineamientos para el regreso al modelo presencial.
El otro término que se borró es el concepto de “seguro” y se cambió por el de “responsable”. El primero implicaba garantizar un marco de seguridad para los maestros y los alumnos, lo cual no era del todo fácil. El segundo conlleva el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el Acuerdo. Lo cual significa que es un término más ad hoc para lo que se demanda, puesto que la responsabilidad se enmarca en lo referente al cumplimiento de nueve acciones de carácter sanitario que se pretenden desarrollar para el regreso a las escuelas. En lo que respecta al regreso a las aulas entonces, se cercenó el concepto original con miras a ajustar un documento a una decisión política por parte de las autoridades educativas.
El otro factor a destacar, es que se declara desde el inicio del Acuerdo que el modelo con el cual se va a iniciar el ciclo escolar, es con el modelo presencial. Y eso no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque significa que se elimina la posibilidad de desarrollar un proceso de innovación educativa que nos pudiera permitir en el futuro inmediato enfrentar, por ejemplo, un escenario -como lo hemos señalado en este espacio- donde la pandemia se constituyera en una enfermedad endémica; es decir, en una enfermedad que nos afectara de forma permanente, como sucede con el caso del VIH. Si eso ocurre, no podremos hacerle frente –en términos educativos- con el modelo presencial, porque sería de suma riesgoso mantener a los niños en las escuelas. Necesitamos otro modelo educativo –como el caso del modelo mixto e híbrido-; pero esa posibilidad se cerró en el actual ciclo escolar. Y se dejó en claro que la única vía para atender la gravedad del problema educativo es el modelo presencial. Lo que es lo mismo a decir que se recurrió al pasado para atender un problema del presente y del futuro. Lo cual es un craso error. En el fondo, no se acepta que la escuela que conocimos hasta febrero del 2020 ya no existe. Que se tiene que reinventar, si se pretende mantener en pie. Empero, en lugar de ello, se “asumen riesgos” al pretender implementar un modelo educativo presencial en el momento más inadecuado.
Hagamos un alto hasta aquí, para plantear la interrogante que más interesa a los padres de familia: ¿qué pasa si un padre de familia no quiere llevar a sus hijos a la escuela? Para tal condición, se afirma que se podrá “inscribir o reinscribir –el alumno- en el grado educativo que corresponda”. Y cito: “Una vez que se incorpore a las clases presenciales se realizará una valoración diagnóstica con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar”. Pero, ¿qué maestro acompañará el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese alumno que no asistirá a las clases presenciales? De eso no se especifica nada en el documento. Solamente se señala que “se continuará ofreciendo el servicio público educativo mediante la utilización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como el uso y aprovechamiento de programas de educación a distancia como “Aprende en Casa”, “Jóvenes en TV”, “Bachillerato en TV” y otras estrategias desarrolladas por las comunidades escolares”. Y se señala que “Las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, los Asesores Técnico Pedagógicos y los equipos técnicos, podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a las y los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo presencial”. ¿Qué decir de lo anterior? Eso de brindar seguimiento “dentro de las posibilidades” se lee como un “hagan lo que puedan”; es decir, no marca un compromiso, ni tampoco una responsabilidad.
En ese sentido, si no se establece con claridad cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños que no van a ser enviados por sus padres a las clases presenciales, se infiere que esos alumnos “quedarán a la buena de Dios”, pues no habrá quien les dé seguimiento debido a que el maestro titular estará atendiendo a los niños que acudan a las clases presenciales. Bajo esas condiciones, estamos ante un escenario donde se les está obligando a los padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela, si es que quiere que su hijo tome las clases en el ciclo escolar. Ese es el punto central en todo este entuerto.
Ahora bien, ¿qué costos educativos y sanitarios se pueden generar con todo este embrollo? Si millones de niños no son enviados por sus padres de familia a las escuelas, y si no hay un seguimiento del proceso de aprendizaje de esos niños, el resultado -en términos de aprendizaje- podría ser catastrófico. Pero la parte que más preocupa es lo referente a la salud. Mientras que el Ministro de Salud en Cuba -por poner un comparativo- José Ángel Portal Miranda, declara que la variante Delta “es considerada la variante más contagiosa con un 64% de incremento frente a la variante Alfa, que es entre 40 y 50% más transmisible respecto al virus original de Wuhan”. Y agrega: “¿Qué nos hace falta para entender que los niños no son inmunes ante el SARS-CoV-2?”. La declaración es resultado luego de que en la isla se confirmó la cifra más alta de menores de 20 años contagiados en un solo día: 2,029 casos, y de éstos, 1,915 pacientes se hallan en edades pediátricas. (Juventud Rebelde, 20 de agosto del 2021). ¡Qué discurso tan radicalmente diferente al que se está presentando en México! Acá se declara la educación como actividad esencial -como requisito para regresar a las escuelas- y se afirma por parte de la principal autoridad sanitaria en el país, que las “niñas y niños tienen riesgo ‘casi nulo’ de morir por Covid” (El Financiero, 24 de agosto del 2021). Se minimiza el riesgo y se pavimenta el terreno “conceptualmente” para retornar a las escuelas.
Desde nuestra perspectiva, lo adecuado hubiese sido iniciar el ciclo escolar a la distancia mientras se experimentaba en algunas escuelas la implementación de un modelo mixto. Ello daría pauta para regresar a las escuelas de forma escalonada y segura. Sin embargo, se opta por “el trabajo por urgencias”. Y con ello no solamente se cercenan conceptos sino, sobre todo, se privilegia lo inmediato y se deja de lado lo estratégico.
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