El nuevo RVOE. Acreditación de IES particulares

Una de las críticas más socorridas sobre el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es que esta forma de reconocimiento y por lo tanto de autorización a cargo de la SEP, las autoridades educativas estatales y algunas instituciones públicas autónomas, no refleja en realidad la consecución de niveles aceptables de calidad académica sino, en todo caso, la satisfacción de los requerimientos elementales (personal docente e infraestructura) para brindar programas de estudio de nivel licenciatura.

La propia Federación de Instituciones Mexicana Particulares de Educación Superior (FIMPES), que en su momento se encargó de negociar con la SEP el contenido del acuerdo secretarial vigente, el SEP-279, ha reconocido en varias ocasiones que el RVOE se queda corto como un instrumento para distinguir a las instituciones con niveles de calidad adecuados de aquellas que simplemente responden a la demanda de estudios superiores que no encuentra cabida en instituciones públicas (por razones de cupo) o privadas de prestigio (por razones de costo).

En 2003 el Editorial del órgano oficial de la agrupación, comentaba: “En los últimos diez años la proliferación de establecimientos particulares ha convertido a esta competencia (entre instituciones particulares) en desgastante y ha rebasado los límites de lo socialmente conveniente ¿Cómo se puede competir con instituciones que ofrecen semestres académicos en 300 pesos y títulos en tres años? ¿Cómo mantener la calidad y la responsabilidad  académica delante de más de 1,500 instituciones particulares de educación superior (IPES), todas ellas con RVOE o incorporaciones otorgados por las autoridades?” (Gaceta FIMPES, año 2, núm. 6, abril de 2003).

Justamente por ello, FIMPES se ha empeñado en desarrollar su propio sistema de acreditación y en hacerlo valer ante la SEP. El primer producto firme de la concertación, lo comentamos aquí la semana pasada, fue el Convenio de Concertación y Aceptación de los Mecanismos de Evaluación de la Calidad en el Servicio Educativo (2002) que otorga facilidades administrativas y de gestión a las IES privadas que cuentan con la acreditación “lisa y llana” que otorga FIMPES. Ese es el estado de cosas.

El nuevo RVOE, la evaluación externa y la acreditación

El nuevo proyecto de RVOE para estudios de tipo superior, aun no aprobado pero ya en ciernes, busca instituir un nuevo mecanismo para aproximar los procesos y prácticas de evaluación y acreditación que en el medio universitario público se han mostrado eficaces como fórmulas de señalización de calidad, al mismo tiempo que estímulos para que las IES del sector generen procesos de aseguramiento de calidad de mediano y largo plazo.

Los dos principales instrumentos de la política de impulso a la calidad de los programas, es decir la evaluación a cargo de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el sistema de acreditación de programas coordinado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), tienen ya tiempo entre nosotros (el primero data de 1994 y el segundo del año 2000). No obstante las IES privadas, salvo contadas excepciones, han tenido un acercamiento más bien discreto a las opciones que ofrecen la evaluación externa y la acreditación formal.

Del total de programas evaluados por los CIEES y calificados en el nivel 1 (más de tres mil al 2016), apenas una décima parte corresponde a IES privadas. Más aún, solo un 2.1 por ciento de los programas en manos de particulares han acudido a este sistema de evaluación, en contraste con el 29 por ciento de los programas públicos. Otro tanto ocurre en el campo de la acreditación: de los también casi tres mil programas acreditados por los organismos autorizados por COPAES 738 corresponde a IES privadas lo que, a primera vista, no es una fracción menor. El panorama cambia, sin embargo, cuando se advierte que tres cuartas partes del total de programas privados acreditados se concentra en una decena de instituciones o grupos: ITESM, UVM-UNITEC, Anáhuac, La Salle, Ibero, UDLA de Puebla, UPAEP, Panamericana y Universidad de Monterrey (véase tabla).

Todo al ganador

El nuevo RVOE buscaría alentar, a través de estímulos de apoyo y simplificación administrativa, la práctica de la evaluación externa y la acreditación a cargo de organismos externos, lo que en primer lugar reitera el reconocimiento a la acreditación institucional monopolizada, hasta ahora, por FIMPES, pero también abre puertas a otras agencias. Habrá que ver si, por ejemplo, la organización privada Alianza para la Educación Superior (ALPES), que hasta hoy agrupa 120 IES privadas con una matrícula total superior a 120 mil estudiantes), y que cuenta con un sistema de acreditación propio, consigue suscribir un convenio con la SEP en la materia que les permita participar en el nuevo modelo. Es perfectamente posible, a menos que la SEP lo impida.

Habrá que ver, asimismo, si tanto los CIEES como los organismos de acreditación autorizados por COPAES se animan a ajustar sus modelos de evaluación y acreditación al perfil que el nuevo RVOE propone, que incluye, entre otros aspectos, el “respaldo de instancias acreditadoras internacionales, avalado por instrumentos jurídicos previamente celebrados, a efecto de que puedan mantener actualizados sus sistemas de acuerdo con los estándares internacionales en materia de acreditación, y políticas de transparencia y de rendición de cuentas de conformidad con la normativa aplicable.” (Art. 76).

Depende, desde luego, de los detalles, es decir del alcance e interpretación de los requisitos. ¿Qué significa, por ejemplo, el respaldo de instancias acreditadoras internacionales? ¿La sola existencia de protocolos de colaboración como los suscritos por FIMPES con la Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) o con la Western Association of Schools and Colleges (WASC), con eso basta? ¿O se trata de otro tipo de convenios, como el reconocimiento mutuo de procesos formales de acreditación de programas, tema en el que estamos más bien cojos?

Tal y como está formulado el proyecto, las posibilidades de evaluación de programas y procesos, así como la acreditación de instituciones y programas son tan o más exigentes que las vigentes en el sector público. De veras. Por lo tanto parecen un traje a medida. Por ejemplo, el máximo nivel de reconocimiento del programa (el nivel o grupo 3) tiene como requisitos: un mínimo de veinticinco años impartiendo educación superior con RVOE federal, una acreditación institucional internacional, que por lo menos el 7 por ciento del total de horas de todos los Planes y Programas de estudio que se imparten en el/los Plantel(es) materia de la solicitud están a cargo de académicos miembros del SNI, o que por lo menos el 20 por ciento de la plantilla académica de el/los Plantel(es) materia de la solicitud de registro cuenta con estudios que están registrados en el PNPC del CONACyT, o bien, han realizado sus estudios de posgrado en instituciones extranjeras de prestigio internacional (Art. 85).

¿En serio? ¿Qué institución privada cumple, hoy en día, requisitos de ese calibre? El Tec de Monterrey y la Anáhuac. ¿Cuál otra? A menos, claro, que los requisitos se adecuen a lo que hay, no tanto a un perfil deseable, como es el caso de los sistemas de acreditación de instituciones y programas de los países de mayor desarrollo. ¿De dónde, por cierto, salen los porcentajes establecidos en los requisitos, y porqué son los adecuados? Parecen arbitrarios, a menos que haya un diagnóstico de educación superior comparada que los avale. Pero eso no se nota.

En síntesis: acceder a los primeros niveles del programa de aseguramiento de calidad para la simplificación administrativa es totalmente factible para las IES que han transitado por la acreditación FIMPES (de hecho el articulado transitorio otorga esa opción) y para nuevas IES que se tomen más o menos en serio el asunto de la calidad académica. El tercer nivel es punto menos que imposible, salvo para la mínima élite de siempre. Es, para variar, el efecto Mateo: todo al vencedor.

Consideraciones finales

El nuevo RVOE no es, hay que decirlo con claridad, una fórmula adecuada para el ejercicio de la autoridad pública sobre el sistema de educación superior privada. Es principalmente lo que ya había, sin cambios de fondo y algunas nuevas posibilidades, pero que reproducen y no combaten la gran segmentación cualitativa del sistema privado.

Lo que hace falta, por cierto, no es un nuevo RVOE, aunque parece inevitable. Lo que hace falta es una ley general de educación superior, que regule y gobierne, con las especificidades del caso, las políticas y prácticas en este nivel de estudios tanto en el sector público como en el privado. Eso, una normativa general.

Publicado en Campus Milenio, 27 de julio 2017