El pasado 8 de septiembre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) emitió las primeras cuatro directrices cuyo propósito es contribuir a que se tomen mejores decisiones para mejorar la calidad de la educación. Estas cuatro directrices son: (1) Fortalecer la organización académica de las escuelas normales, (2) desarrollar un Marco Común de Educación Superior para la Formación Inicial de Docentes, (3) crear un Sistema Nacional de Información y Prospectiva Docente y (4) organizar un Sistema de Evaluación de la Oferta de Formación Inicial de Docentes.
Mi primera reacción a esta iniciativa es doble. Por un lado, juzgo muy acertado que el INEE haya elegido a la formación inicial de los maestros de educación básica como el primer centro de sus recomendaciones. La reforma (necesaria) de las escuelas normales y de formación inicial se ha pospuesto por variadas razones “políticas” cuando la evidencia ha mostrado que hemos cometido terribles fallas en este campo. Uno de estos errores ha sido estigmatizar— con ayuda de Televisa y sus aliados— a las escuelas normales públicas o solapar a las privadas cuya operación y resultados han sido francamente desastrosos. Por otro lado, con la emisión de directrices, el Instituto incorpora una crítica que desde hace tiempo se le ha hecho: tenía que utilizar la información, evidencia y conocimiento que genera para tratar de tener una mayor incidencia en el desarrollo de las políticas educativas. Con la emisón de directrices, el INEE cumple la Ley, pero también responde a un legítimo cuestionamiento.
Las directrices del INEE representan un criterio “técnico” y por lo tanto, no saldrán de la chistera o del consejo del Gran Sabio, sino de un proceso impersonal y plural y esto, a mi juicio y siguiendo al sociólogo Anthony Giddens, es un avance en términos de modernidad. Si uno lee con cuidado el extenso documento, Directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básico (pp. 81), cualquier puede darse cuenta que se combinan al menos cinco fuentes de información: (a) las evaluaciones de ingreso al Servicio Profesional Docente, (b) estudios realizados por el INEE, (c) reportes de organizaciones internacionales como la UNESCO, (d) investigaciones educativas y (e) experiencias internacionales en materia de formación docente. En el futuro, quizás, habrá que afinar los criterios para evaluar las investigaciones y responder a la pregunta sobre qué programa o intervención educativa es más efectiva para ampliar las capacidades de los estudiantes o maestros, desarrollar nuevas habilidades y adquirir conocimientos significativos para su libre y responsable desenvolvimiento.
Ante la emisión de directrices del INEE se abren oportunidades para construir nuevos espacios sociales de vigilancia social y crítica pública. Una vez que son públicas las directrices, las “autoridades e instituciones educativas” deberán responder de la misma manera (pública) en un plazo no mayor a 60 días naturales. ¿Y si no lo hiciesen? El secretario de Educación Pública y aquellos situados en los estados tendrán que explicar las razones de no hacerle caso al INEE. Este proceso puede impulsar la construcción ciudadanía y quizás haya también un ambiente propicio para crear nuevos observatorios ciudadanos de la educación, que podrán verificar quién acusó de recibo, qué autoridad respondió positivamente, qué gobierno del estado se negó y bajo qué argumentos lo hizo y algo más interesante, cómo la sociedad —docentes, prensa, investigadores, sindicatos, empresarios e intelectuales— de cada estado de la República Mexicana hizo suyas las directrices del INEE. Quizás bajo este nuevo escenario, las organizaciones de la sociedad civil podrán hacer semáforos de compromiso con la educación, apoyar el monitoreo y esto sirva para estimular a los gobiernos de los estados a que respondan con fundamento y apertura al Instituto o adopten otras medidas para tratar de mejorar la formación inicial de las maestras y maestros de la educación básica. El INEE, con sus directrices técnicas, “puso el balón en la cancha” de la gobernanza que está conformada tanto por los gobiernos democráticamente electos como por la sociedad de cada estado.
Pero como todo asunto público, advierto en la emisión de directrices varios riesgos. El primero y más obvio es que la mayoría de las autoridades educativas no adopten las recomendaciones del Instituto y esto conlleve a un desgaste, lo cual institucionalmente no conviene. El INEE es una agencia de evaluación autónoma al gobierno y a la cúpula sindical y estos espacios hay que defenderlos con crítica y juicio razonado; no con ataques fincados en la conveniencia personal. A la par, el INEE tendrá que afinar sobre la práctica su modelo para la construcción y emisión de directrices para la mejora educativa a fin de articular mejor sus áreas internas y así poder comunicar las directrices de manera mucho más efectiva.
El segundo reto que advierto es atribuirle al conocimiento o a la evidencia un peso excesivo. De esto es consciente el INEE al proponer un análisis de factibilidad ex ante de emitir la directriz y ex post. Es muy probable que la fuerza y efectividad de la directriz resida en factores más amplios a su base científica o a su contenido valoral. La experiencia internacional ha mostrado que son los esquemas relacionales que construyen las redes los que sostienen e impulsan instrumentos de política basados en la evidencia. Estamos entonces ante un nuevo esquema de gobernanza en el sector educativo de México.
Twitter: @flores_crespo
Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro
