A Indra y Alessandro, feliz regreso a clases.
La evaluación docente es un tema candente que pone a prueba al ciudadano. Esto se corroboró hace una semana al darse a conocer públicamente que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no autorizaba “los instrumentos para la calificación correspondiente al proceso de Evaluación del Desempeño del personal docente con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica (ATP) que ingresó en el ciclo escolar 2015-2016” (Comunicado 68).
¿La razón? Según la Junta de Gobierno, en su acuerdo Acuerdo SEJG/13-17/05,R: “Lo anterior obedece a que la evidencia empírica que resultó del análisis psicométrico de los instrumentos de la tercera etapa de dicho proceso, una vez que fueron aplicados, muestra que éstos no cumplen con los criterios técnicos establecidos por el Instituto, por lo cual la integración de los resultados de la evaluación no sería válida para determinar las competencias del personal evaluado” (Acuerdos del 11 de agosto).
Pese a tal razonamiento técnico, la confusión se apoderó de las redes sociales. Con cierta dosis de enojo, algunos maestros reclamaban la falta de seriedad en el proceso de evaluación y sobre todo, la falta de sensibilidad para comunicar del INEE y de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Algunos otros subían sus apuestas y preferían descalificar a las autoridades y a la reforma educativa en su conjunto. La desconfianza y las especulaciones crecieron: “la SEP no ha creado las plazas necesarias; por eso se canceló la evaluación”. El debate entonces se tornó más candente.
Para echarle más leña al fuego argumentativo, David Calderón, representante de Mexicanos Primero (M1), escribió que era un acierto el paso dado por el INEE porque mostraba su “poder de detener un proceso de la autoridad educativa”. Según Calderón, estaba funcionando un “contrapeso de la democracia basado en el conocimiento experto y no en el compromiso político” (El Financiero; 17/08/17). En Facebook y Twitter expresé mi coincidencia con el argumento de David. Abiertamente, opiné que es mejor reconocer el error que buscar artilugios para justificarlo. Algunos cibernautas nos increparon y dijeron que se debió cancelar la evaluación en el periodo de prueba y no posterior a su aplicación. Que el INEE “invierte millones en imagen”, que el crédito se respalda con hechos y que debieron explicar mejor las fallas técnicas (ObservatorioDocente @REobservatorio). Gracias a esta discusión virtual, deseo clarificar aquí algunas de mis posiciones y continuar así con el debate.
En primer lugar, sostendría que no aprobar los instrumentos para calificar la evaluación de desempeño de los ATP es, por un lado, una atribución legal del INEE y por el otro, un acierto en virtud de que evita hacer una distribución a la ligera de los puestos públicos. Además, en declaraciones a la prensa, Aurelio Nuño, titular de la SEP, afirmó que ante esta “eventualidad”, se decidió que los sujetos a evaluar se quedaran con su cargo o con su plaza, “no pasa nada”; la evaluación se realizará el próximo año, dijo (www.unionedomex.mx 15/08/17, nota de Antonio Miranda). En términos coloquiales, “se salvaron” los ATP de ser evaluados, aunque, claro, esto va a afectar más a quien deseaba ser promovido y por lo tanto, las consecuencias de haber cancelado la evaluación por un error técnico puede tener consecuencias legales (Miranda) y de gobernabilidad del sistema educativo. Seguramente, el INEE y la SEP van a tener que hacer el recuento de los daños ante los ATP y ante un actor que, hasta el momento de escribir estas notas, no había hecho declaración alguna: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En segundo lugar, diría que a pesar de que algunos maestros piensan que esto no afectará a la SEP, yo no estaría tan seguro. En días en que el maestro Nuño estaba tratando de enviar el mensaje de que la reforma educativa avanzaba por medio de la asignación pública de las plazas concursadas, ¡el INEE mandó a parar! Así como he criticado al titular de la SEP por diversas razones, ahora valoro que haya aceptado el razonamiento técnico del INEE. Tenemos una muestra de respeto a la autonomía del órgano de evaluación. ¿Qué problema hay en aceptarlo? Para mi, ninguno.
Habiendo reconocido el proceder del INEE y de la SEP en este nuevo suceso de la evaluación docente, quisiera reflexionar sobre tres puntos. El primero, la reforma educativa, con sus respectivas leyes, nació de manera atropellada. Muchos especialistas advirtieron que los periodos de evaluación eran acelerados, pero en lugar de incorporar la crítica pública, los legisladores y el Ejecutivo prefirieron hacer un paso express y ahora ya tienen su socavón. No es la primera vez que se cancelan instrumentos de evaluación o que se cuestiona su validez (véanse, por ejemplo, las pruebas de evaluación especial). El INEE lo sabe y ojalá abra un proceso de reflexión colectiva para ser más parsimonioso en algo que toca la carrera y el futuro de millones de profesores. El tiempo político será propicio para ello, las leyes requieren legitimidad y su autonomía es constitucional. La confianza no es para siempre.
Segundo, el INEE está habilitado legalmente para, en un primer momento, aprobar un instrumento para su aplicación y posteriormente, en una segunda etapa, validarlo al momento de calificar. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el caso de los ATP. Se aprobaron los parámetros que propuso la SEP en la primera etapa, pero en la segunda los instrumentos ya no pasaron la prueba. ¿Qué trabajo costaba explicar en las convocatorias estas dos etapas? ¿Por qué no hubo mayores piloteos para evitar la cancelación de instrumentos en la etapa final? ¿Es más rentable política y financieramente aplicar sin validar hasta el momento de dar resultados? Dar información al ciudadano es crear certidumbre y confianza, ¿o cómo querrá el INEE que la evaluación se entienda como una “garantía” del derecho a la educación de calidad para todos? Seguramente, ser sujeto de especulaciones no es el camino. Un grueso de la población, según algunas encuestas, no confía en las evaluaciones a los docentes porque las instituciones tienden a corromperse.
Tercer y último punto: hay una demanda constante en que el INEE sea más efectivo en comunicar sus decisiones. Varios maestros-cibernautas, académicos y consejeros técnicos hemos sugerido que exponga de mejor manera sus razonamientos técnicos y políticos. Hay una “pedagogía social” que construir. ¿Por qué no haber llamado a una rueda de prensa luego de la cancelación de los instrumentos para responder a todas las preguntas que nos hacemos a través de las inestables redes sociales? Si se asume que el tema de la calificación afecta solamente a un grupo reducido (ATP), se estará dejando pasar una magnífica oportunidad para contrarrestar, desde un órgano del Estado, las fake news en tiempos de la posverdad.
