José Carlos Buenaventura[1]
En estos días es fundamental analizar a las que popularmente se les ha nombrado como “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” y más cuando a esta institución se le dio hace algunas semanas el aumento de más del 80% de su presupuesto, mientras que a otras universidades públicas se les redujo, hasta a la UNAM se le intento disminuir el presupuesto (La Jornada, 2024). Antes estos acontecimientos que se dieron en las últimas semanas del mes de noviembre del año en curso, es necesario ir analizando con atención esta propuesta educativa que impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que continúa en la actualidad. Este texto no sostiene un tono celebratorio sino analítico ya que existen muchos problemas en esta institución que se deben de dar a conocer en la discusión pública para buscar las soluciones.
Las más de 202 universidades pregonadas en la retórica del Estado no son ni han logrado constituirse como tal. En el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador ni una de las escuelas que se les llama Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), cumple con los requerimientos fundamentales para funcionar como universidad. Este artículo argumentará que las UBBJG son un fraude y componente de una revolución ficticia que le ha hecho creer a la población que se está llevando a cabo, ya que no cumplen con las características mínimas para que el organismo coordinador fundado sea considerado una universidad.[2] Sin embargo, este incumplimiento no exime al Estado para desentenderse de las obligaciones y derechos laborales de sus trabajadores y académicos porque ellos no son becarios ni beneficiarios. Con estas aseveraciones iniciamos el análisis del desempeño del Organismo Coordinador de las UBBJG. A lo largo de las diferentes partes que componen el presente artículo, presentaremos los diversos porqués dichas escuelas no son una universidad, lo problemático de identificarlas como parte de un programa social y algunas experiencias de estudiantes que hacen presente la precariedad pedagógica de la institución y algunas prácticas fraudulentas.
1. El problema sociodemográfico y la demanda de ampliar la matrícula universitaria
En un país con una población de 129 millones de habitantes (INEGI, 2021) donde la mayoría de ellos tiene la aspiración de realizar estudios universitarios, acceder a la educación superior se vuelve un anhelo y es un deber del Estado dar las condiciones adecuadas para que los habitantes tengan acceso a ellos. Esta demanda tiene varias razones y raíces profundas: por un lado, pueden recordarse las luchas construidas por los estudiantes de las universidades públicas para pedir el aumento de la matrícula, evitar que sean elitistas y conserven su carácter público. Algunos ejemplos representativos de esa lucha y arraigados en una historia de larga data son los movimientos de 1968, el movimiento del CEU en 1988 y la huelga estudiantil del CGH en 1999. Fueron luchas que dieron lugar a la creación de universidades públicas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y años más tarde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras.
Por otro lado, es importante tener en cuenta la trascendencia de pactos internacionales firmados por el Estado mexicano como el Tratado de Libre Comercio y su repercusión sobre la educación superior, o bien, las declaraciones internacionales que reconocen a la educación como un derecho humano, también firmadas por el Estado mexicano ante la ONU y la UNESCO. A través de las décadas que van de 1968 hasta el 2024, se ha impulsado la idea de que los jóvenes deben tener el derecho a acceder a la educación superior, ya sea como una demanda sostenida por los movimientos estudiantiles y sociales, o como una necesidad propia del capitalismo donde el conocimiento se convierte en una mercancía más que se compra y se vende.[3]
Desde la década de los 60´s del siglo XX se vio un aumento en la creación de instituciones públicas con el estatuto de universidades. Una década después la idea del acceso a la educación universitaria como un derecho social se fortaleció y fueron construidas muchas instituciones universitarias. Según datos oficiales, por ejemplo, durante el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari abrieron 114 Universidades Tecnológicas, mientras que en el 2001 enmarcadas en la presidencia de Vicente Fox se crearon al menos 10 Universidades Interculturales. En la actualidad y de acuerdo con datos oficiales hay 35 universidades públicas estatales, 23 universidades públicas estatales con apoyo solidario, 17 universidades interculturales, 64 universidades politécnicas, 124 universidades tecnológicas, universidades públicas federales (SEP, 2024, p. 40), dando un total de 363 universidades públicas ( este número no incluye a las escuelas del Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García) y hay 3,321 universidades particulares (SEP, 2024, p. 40). Se han fundado más universidades particulares que universidades públicas en México fortaleciendo con esto el mercado educativo y con ello el neoliberalismo en la educación de México.
Ante la demanda del acceso a la educación superior el gobierno de López Obrador señaló, desde el inicio de su administración en el 2018, fundar 100 universidades, lo cual es una respuesta muy audaz. Un punto de vista común otorga gran prestigio a universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y las grandes universidades federales. Cuando a la población mexicana se le habla del tema de las universidades la ciudadanía piensa en el tipo de instituciones ya referidas, las personas desean que sean construidas más instituciones de ese tipo. De acuerdo con la Ley General de Educación Superior de México -aprobada en diciembre de 2020 y publicada en el Diario Oficial el 20 de abril del 2021-, una universidad pública es aquella que cumple con las siguientes funciones y fines: 1) educar; 2) investigar; 3) difundir la cultura; son tres funciones diarias que, históricamente en México, han llevado a cabo las universidades públicas. Incumplir con esas tres funciones significa que no es una universidad sino otro tipo de institución de educación superior.[4]
Hacemos hincapié en lo que mandata esta ley porque la propuesta hecha al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador establece fundar 100 universidades, las cuales tendrían que educar, investigar y difundir la cultura. Sin embargo, las UBBJG lejos de haber cumplido con estas funciones y su proyecto universitario (si es que lo hubo), se arropa en la imprecisión de asumirse como programa social y sólo se ha dedicado a impartir educación a lo largo de todo el sexenio.
Para comprender que este programa social no es equivalente a una universidad, tiene sentido consultar la publicación de un decreto oficial que reconoce a determinadas instituciones como universidades, tales decretos lo tienen la UNAM, la UAM, la UACM, las otras universidades federales y estatales, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.[5] Veamos el siguiente ejemplo de un decreto de creación: “Artículo I. Se crea la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli como un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio social en el municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México, sectorizada a la Secretaría de Educación.”
Ahora leamos el decreto de creación del Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García:
Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto será prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios para la impartición de educación superior de calidad, a través de las sedes educativas que deriven del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con base en la participación social y con enfoque a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país, así como coordinar, ejecutar, planear, implementar y evaluar los mecanismos a través de los cuales se mejorarán las oportunidades educativas de aquellos aspirantes que demandan su admisión en instituciones públicas que imparten educación superior. [6]
Este primer artículo establece la fundación de un organismo coordinador de algo que se le llama Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, pero no se menciona que se constituye una universidad, ni tampoco 100 o más, ya que jurídica y constitucionalmente se necesita un decreto de creación para cada universidad. Por otro lado, indica que su función única será impartir educación de calidad, pero no las otras dos funciones de una universidad: la investigación y la difusión.[7] En último caso, pensemos que se fundó una institución que impartirá cursos de educación superior por medio de un organismo coordinador de algo, pero no una universidad.
Lo que puede leerse entre líneas es que, si el concepto, contenido y funciones de la universidad pública son reducidos sólo a la enseñanza o a la educación, se habrán perdido funciones fundamentales que las universidades públicas han desarrollado en favor de la sociedad mexicana. Además, actualmente estamos viviendo un proceso tenso para defender esas dos funciones esenciales de las universidades pues son los espacios donde se produce conocimiento y promueven las culturas; asimismo es posible continuar con la demanda de que sean espacios públicos y aprender a hacer procesos de investigación. No aceptamos la visión posmoderna de Lyotard que atribuye la tarea de producir y vender conocimiento a las grandes empresas transnacionales trastocando así las tres funciones fundamentales. En este sentido, una universidad que no produzca o construya conocimiento tendría planes y programas de estudio circunscritos a transmitir determinada ignorancia en un mundo donde la producción de la información y del conocimiento es muy rápida, en un país que necesita cada día más acceso al conocimiento de punta. El no saber valorar la potencialidad y frutos de la investigación en las universidades con relación a la sociedad puede conducir los procesos educativos al ejercicio de una pedagogía de la ignorancia que implica no conocer la realidad sociohistórica en la cual vivimos.[8]
En cuanto a la otra función de toda universidad como difusora no solo del universo de conocimientos científicos, sino también de las culturas, frecuentemente es una tarea en la que no se reflexiona y ha sido considerada innecesaria, no fundamental. Este desprecio muestra un grave error de quienes así lo han pensado porque en la difusión de la cultura están en juego procesos de construcción, reproducción y circulación de saberes, valores estéticos y éticos, entre muchos otros. Son procesos de sensibilización y humanización donde podemos comprender distintos referentes identitarios, simbólicos y cosmogónicos. En las culturas vivas, sus representaciones y manifestaciones revelan cómo percibimos el mundo y cómo nos sentimos en él, por ello las artes y las culturas de los pueblos son parte necesaria en el desarrollo del conocimiento e investigación. Sin embargo, la difusión de las culturas se enfrenta a la sujeción del mercado mediante el marketing, la manipulación por los medios de comunicación neoliberales y el interés de grupos que impulsan, por ejemplo, la cultura del narco con la violencia implícita. La universidad pública pretende que las culturas de los diferentes pueblos que constituyen México sean difundidas entre todos los habitantes de un país, romper con el elitismo que hubo en siglos anteriores y que quizás persista en determinados grupos. No obstante, en la difusión cultural está en juego la sensibilidad, la percepción del mundo, el sentido común de las personas, el mundo de las creencias, es decir, la cultura abre la posibilidad de pensar y ver de otra manera el mundo como diría Ortega y Gasset.[9]
El discurso que pregona prestar servicios de educación de calidad como si se tratara de una mercancía, además de suponer que una universidad puede reducirse a la creación de un organismo coordinador, transgrede las funciones fundamentales de la universidad pública construida en México durante todo el siglo XX. Para generar la apariencia de un proyecto serio que beneficia a la población marginada dando acceso al nivel superior y a los egresados desempleados, se ha recurrido al desprestigio y descalificar a las universidades públicas, lo cual es un recurso utilizado ya en el pasado en México pues hemos referido movimientos estudiantiles como el de 1968 y otros. Esta modalidad de ofrecer educación de calidad impulsa un siguiente nivel del neoliberalismo en nuestro país: no es solo la privatización, sino la normalización del trabajo académico en condiciones precarias y reducción de los recursos públicos para obligar o imponer la adaptación y la integración de la población a vivir dominado por los objetivos del neoliberalismo. La precariedad laboral implica, en principio, negar la condición profesional a los docentes y por tanto la ausencia de un contrato laboral que reconozca la figura de profesor porque, ante la Ley Federal del Trabajo, no existe la figura de “beneficiario”. La ley es clara: se percibe un salario porque existe una relación de subordinación laboral o subordinación entre patrón y trabajador, en este caso, trabajador del Estado. En la estrategia de adopción del neoliberalismo se busca evitar el conflicto entre explotados y explotadores, mientras que el Estado mexicano enmascara esta disputa al no reconocer a sus trabajadores llamándoles beneficiarios. También a los estudiantes les pasa algo parecido se les reconoce como beneficiarios pero se niega su calidad de estudiantes desde el momentos en que no se cumple su derecho a la educación, por ejemplo, cuando no se les dan sus documentos legales como certificados parciales, totales, historial académico, cartas presentación, todo tipo de constancia que acredite que se es estudiante de esta institución, y lo más importante, no se les dan los títulos, aunque a pesar de que el Organismo otorga títulos profesionales aparentemente oficiales estos carecen de toda validez ante la Secretaría de Educación Pública. Una vez más no sólo viola el derecho de los estudiantes, sino también el derecho al trabajo. No se cumplen los perfiles de egreso de las carreras en el momentos en que no existe las condiciones y la infraestructura necesarias para llevar a cabo los procesos formativos ya que no se han construido muchas de estas escuelas, laboratorios, salas de simulación, salones, bibliotecas y lo más terrible -aunque se diga que son más de 200 estas instituciones- la mayoría de ellas no existen, no hay datos de registro o le rentan las instalaciones los amigos de la directora general Raquel Sosa.
Ante estas circunstancias descritas se proponen las siguientes ideas para defender el derecho a la educación de los estudiantes y del trabajo digno de los docentes y trabajadores en general que son parte del Organismo Coordinador:
- Llevar a cabo un litigio estratégico en derechos humanos donde se demuestren las violaciones al derecho a la educación y al trabajo de las y los estudiantes.
- Exigir una auditoría pública que dé a conocer en qué se ha usado el presupuesto que se le ha otorgado al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ya que no se han construido las escuelas, no se han dado los documentos oficiales como boletas, certificados y títulos a los estudiantes ni se ha llevado a cabo los pertinentes procesos de formación de los estudiantes.
- Realizar una incidencia política en todos los medios de información: locales, nacionales e internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos de las y los estudiantes y también de los docentes que han trabajado para el Organismos Coordinador.
- Denunciar pública y legalmente ante quien corresponda a docentes, coordinadores y directores que hayan cometido un delito hacia las y los estudiantes y hacia los docentes que trabajaban o trabajan en las escuelas del Organismo Coordinador.
- Difundir que ha permanecido la política de despidos de los docentes para que no se les reconozca sus derechos laborales como trabajadores.
Referencias
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2019, 30 de julio). DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566761&fecha=30/07/2019#gsc.tab=0
Gobierno de México (2023). 5º. Informe de Gobierno 2022-2023. México. Gobierno de México. https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/760e7dab2836853c63805033e514668301fa9c47.pdf
González Casanova, Pablo (2017). “Corrupción y capitalismo”, en: Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. México: Akal, pp. 607-648.
González, Roberto, Lucia Rivera y Marcelino Guerra (2018). “Reforma educativa y partidos políticos ¡Por sus obras los conoceréis!”, México, Insurgencia Magisterial, CLACSO, Eterno Femenino Ediciones.
Harvey, David. (2007). Breve historia del neoliberalismo. México: Akal.
Illades, Carlos (2024). La revolución imaginaria. El obradorismo y el futuro de la izquierda en México. México, Océano.
INEGI (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. México, INEGI.
La Jornada (2024). Plantean dar a 200 Universidades del Bienestar 86% más de presupuesto. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/plantean-dar-a-200-universidades-del-bienestar-86-m%C3%A1s-presupuesto/ar-AA1uizKN
Lyotard, Jean-François (1987). La condición posmoderna. Informe sobre el saber. Madrid. Cátedra.
Ortega y Gasset, José (2023). Ideas y creencias. México, Gredos.
SEP (2024). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2023-2024. México, SEP.
[1] Maestro en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Coordinador del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación. Agradezco las sugerencias de Irma López Tiol y José Raúl González Rendón, también a las y los estudiantes que tuvieron el valor y la dignidad de contarnos lo que pasa en estas escuelas.
[2] La idea de una revolución ficticia está basada en la obra de Carlos Illades titulada: La revolución imaginaria. El obradorismo y el futuro de la izquierda en México.
[3] Lyotard señala que: “El saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción: en los dos casos, para ser cambiado. Deja de ser en sí mismo su propio fin, pierde su ‘valor de uso”. (Lyotard, 1987: 6-7). En pocas palabras, señala el cambio de lugar de los Estado-nación modernos como productores y difusores del conocimiento para que las empresas multinacionales lleven a cabo sus funciones. Tal idea del conocimiento como mercancía se contrapone a la idea del conocimiento como un derecho humano.
[4] Ley General de Educación Superior, Artículo 29, 20 de abril de 2021. Señala lo siguiente: “Artículo 29. La educación superior universitaria tiene por objeto la formación integral de las personas para el desarrollo armónico de todas sus facultades, la construcción de saberes, la generación, aplicación, intercambio y transmisión del conocimiento, así como la difusión de la cultura y la extensión académica en los ámbitos nacional, regional y local, que faciliten la incorporación de las personas egresadas a los sectores social, productivo y laboral.”
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo , fracción VII, señala: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.
[5] Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, 13 de enero de 2014.
[6] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2019, 30 de julio). DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Diario Oficial de la Federación.
[7] La noción de calidad ha sido muy criticada por los movimientos magisteriales e investigadores. Un texto donde se puede leer una crítica al concepto de calidad es: Reforma educativa y partidos políticos ¡Por sus obras los conoceréis! En donde los autores Roberto González Villarreal, Lucia Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza hacen presente cómo el concepto de calidad fue unos de los conceptos claves de la reforma educativa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para afianzar el neoliberalismo en educación (2012-2018), este libro describe qué actores impulsaron el concepto y sus significados que se mantienen hasta el día de hoy en la constitución de México.
[8] Como pedagogía de la ignorancia se concibe a aquellos contenidos que se enseñan y se aprenden dentro y fuera del sistema educativo nacional que no nos permiten resolver nuestros problemas individuales, sociales y teóricos, ya que no sabemos las creencias, saberes y conocimientos para resolverlos.
[9] José Ortega y Gasset decía: “El lenguaje vulgar ha inventado certeramente la expresión “estar en la creencia”. En efecto, en la creencia se está, y la ocurrencia se tiene y se sostiene. Pero la creencia es quien nos tiene y sostiene a nosotros”. (Ortega y Gasset, 2023: 232)
