A partir de 1984, las escuelas normales del país, han sufrido serios embates por parte de los gobiernos federales y locales en turno; embates que, indiscutiblemente, han mermado el propósito para el cual fueron creadas: la formación de maestros y maestras de México; y es que como sabemos, el Acuerdo Presidencial que se publicó en ese mismo año y, mediante el cual, se les dio un rango que las ubica como Instituciones de Educación Superior (IES), propició un serio reacomodo que las ha llevado a sufrir y/o padecer, las consecuencias de un neoliberalismo mal encauzado.
Para nadie es desconocido que, como IES, las normales del país, deben desarrollar y fortalecer tres áreas sustantivas que, a decir de la autoridad educativa que ha pisado la Secretaría de Educación Pública (SEP), gira su quehacer profesional: docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura; sin embargo, las condiciones con las que operan (y que no ha sido atendidas como debieran por parte de la autoridad educativa federal y local), poco han favorecido dicho desarrollo y fortalecimiento y, aunque se han “aplicado” una serie de programas como el famoso PROMIN (Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales), mismo que ha sufrido con el paso del tiempo diversas variaciones que han concluido en lo que hoy se conoce como PACTEN (Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales), la verdad de las cosas, es que ese lastre, repito, neoliberal, sigue afectando sus estructuras normativas, organizativas y curriculares, que son fundamentales para lograr que, efectivamente, sean las instituciones educativas que México y la sociedad mexicana requiere.
En este sentido, un asunto que no es menor es que, las normales, por mandato constitucional, no gozan ni han gozado de la autonomía con la que cuentan las universidades; de ahí que pueda entenderse que, por ejemplo, en el ámbito curricular y presupuestal, éstas dependan del Estado a través de (antes del 2005) la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (SEByN) y (después de esa fecha) de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), motivo por el cual, hablar de esa autonomía en el subsistema normalista, se asemeja: a una quimera más que a una realidad palpable y plausible entre las escuelas formadoras de docentes.
¿Cuál es el motivo por el que las normales no gozan de esa autonomía si, en los hechos y por el Acuerdo Presidencial que he referido, son IES? La respuesta, aunque sencilla, conlleva varios puntos de análisis que, por obvias razones, no me dará tiempo abordar en este momento; sin embargo, puedo decir que esta falta de autonomía está ligada a la incapacidad gubernamental de ver más allá del propio Estado como “controlador” de todo lo que ocurre en el Sistema Educativo Mexicano (SEM). Por ello es que bien se afirma que la docencia es una profesión de Estado y, cuyo origen, se halla mayormente, en las escuelas normales del país.
Recordar que, en el sexenio Peñista, particularmente, durante la gestión de Aurelio Nuño y compañía, fueron brutalmente menospreciadas estas escuelas cuando éste último afirmó que “cualquiera podía ser maestro”, no es para menos; por el contrario, haber denostado el papel tan importante de las escuelas formadoras de maestros y maestras, fue uno de los tantos errores que los llevo a la ruina política y de la cual, no se han levantado ni se levantarán en los próximos años. Obviamente que dichos funcionarios, durante este tiempo, no estuvieron solos, los Consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los acompañaron, y vean cuál ha sido el resultado y el destino de éstos. En fin.
Volviendo al tema que me ocupa y preocupa, debo de señalar un problema que lleva más de un mes, aunque en los hechos el conflicto data de más tiempo, que se ha suscitado en el Estado de Tlaxcala y, del cual, tanto el gobierno local y el propio Secretario de Educación Pública del mismo, no han atendido como debieran. Y es que las escuelas formadoras de maestros, desde el mes de enero de este año, entraron en paro de labores (https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/paro-en-normales-por-falta-de-reconocimiento-de-plazas-2960542.html; https://385grados.com.mx/2019/01/siguen-en-paro-normales-en-tlaxcala-advierten-que-recrudeceran-acciones/); esto, por la falta de respuesta a las demandas, justificadas, de los profesores normalistas, entre las que destacan: falta de “conciliación”, ante el FONE, de plazas presupuestales asignadas a profesores con más de 15 años de servicio ininterrumpido; falta de concreción de los procesos de promoción a través de las Comisiones Dictaminadoras y que se derivan de la jubilación de profesores que laboraban en esas escuelas; falta de nombramiento de cuadros directivos en, al menos, dos instituciones formadoras de docentes; falta de apoyo económico (becas) para los estudiantes con posibilidades de acceder a un esquema de movilidad nacional e internacional; presunta asignación de horas/clave a personal que no labora en las escuelas normales de la entidad; falta de un proyecto institucional que encamine a las escuelas normales del Estado para consolidarse como IES (y que ya he referido); entre otras.
Problemas que, como he señalado, tienen ya varios meses e, incluso, años que se han gestado en el sector y que, la autoridad gubernamental y educativa, no ha resuelto cayendo en omisión, opacidad y negligencia en el ejercicio de sus funciones. Esta situación, trae a la mente, el cierre de dos escuelas formadoras de maestros en la entidad hace algunos años: la Escuela Normal de Educación Física “Revolución Mexicana” y el Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala (CESCET) que formaba maestros en Secundaria con especialidad en Telesecundaria y que, por ser ambas dependientes del Estado y no de la Federación, un gobierno local de extracción priista, puso fin a las funciones que, tan importantes instituciones educativas, desarrollaban para beneficio del sector educativo y social en Tlaxcala y en la región. ¿Será que el actual gobierno, también de extracción priista, pretenda seguir los mismos pasos que su antecesor?, ¿esa es la política del nuevo gobierno encabezado por López Obrador?
¿Por qué, si hay maestros con más de 15 años de servicio ininterrumpido, no fueron “conciliadas” sus plazas ante el FONE?, ¿quién fue el responsable de no reportar el estado que guardan y guardaban esas plazas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)?, ¿por qué no se han nombrado cuadros directivos en, al menos, dos instituciones formadoras de maestros y solo se han asignado, temporalmente, a responsables de las direcciones?, ¿por qué no han procedido los procesos de promoción si, en los hechos, existe un reglamento que legitima y valida dichos procesos al interior de las normales y que la misma DGESPE dio a conocer el año pasado?, ¿por qué no se cuenta con un proyecto que de luz sobre el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad académica y de infraestructura de las escuelas normales?, ¿por qué los estudiantes tienen que pagar sus propios trámites para la obtención de una beca de movilidad nacional e internacional si existen los recursos federales para tal propósito?, ¿por qué no se ha realizado una auditoría al subsistema de educación normal en la entidad que lleve a conocer el estado que guardan los recursos y la aplicación de los mismos?, ¿por qué si el mismo Secretario de Educación ha manifestado que el diálogo debe ser la bandera para resolver los conflictos, éste se ha negado la posibilidad de ello?, ¿por qué si las normales son parte de las IES a nivel nacional, no son tratadas como tales y se ha menospreciado su valor en la formación de docentes?
Preguntas y más preguntas que, con seguridad tienen una respuesta. Por lo pronto, hasta el momento en que cierro estas líneas, el conflicto que inició hace más de un mes persiste, y las normales del Estado se encuentran en paro. La insensibilidad con la que ha actuado el gobierno y los funcionarios de la SEPE-USET ha sido tal, que si en verdad, como ellos afirman, se debería de privilegiar el diálogo y la aplicación de la ley, deberían de estar presentes para llevarlos a cabo y atender las peticiones que, conforme a los derechos laborales que tienen los profesores como trabajadores de la educación, deberían ser otorgados. Su petición o las peticiones de los profesores, no están fuera de la ley; me consta y hay pruebas de ello.
Con negritas:
Por cierto, cuál es o será la sanción administrativa a la que se han hecho acreedores aquellos funcionarios que, en este caso, han sido omisos y negligentes en el cumplimiento de sus funciones. Me gustaría saberlo. Al tiempo.
