No se trata aquí de los riesgos del derecho a la educación considerados de forma común a propósito de las características insuficientes o inadecuadas de las políticas educativas, sino de uno que proviene de una actividad que debería aportarle al derecho certeza, sustento, garantía, como es el caso de la elección de autoridades, en particular las de gobernadores, de hace unos días.