ODEJ-Lab es un espacio de análisis y posicionamiento sobre el acontecer de la política educativa en México y en América Latina. Nuestro objetivo es fomentar debate crítico, producir conocimiento basado en información veraz y coadyuvar en la formulación de la política pública y estrategias político-pedagógicas enfocadas en el pleno ejercicio del derecho a la educación.
María Mercedes Ruiz Muñoz / María Fernanda Álvarez Gil / Ibero Ciudad de México
Los acontecimientos recientes en varios estados de la República evidencian, en los últimos años, la vulneración del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes se ven obligados a abandonar la escuela y a desplazarse, junto con sus familias y comunidades, a otros lugares. Tal es el caso de estados como Chiapas, Sinaloa y Guerrero, entre otros.
De acuerdo con Colin (2024), 30% de los maestros ha enfrentado situaciones relacionadas con esto. Por ejemplo, en Sinaloa, las instituciones educativas dejan de funcionar de un momento a otro debido a la inseguridad[1] y las instituciones de educación superior buscan abrir espacios educativos alternativos como el trabajo en línea y otras propuestas educativas que se construyeron durante la pandemia.
En este contexto, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, se presentó el trabajo de investigación doctoral[2] de Alberto Colin Huizar referido a ser maestro en los márgenes en contextos de violencia y crimen organizado (Colín, 2024). Llama la atención lo que se reporta acerca de la vida escolar en las escuelas y las vicisitudes de los maestros para el cuidado de sus estudiantes y de su propia persona.
Se trata de una etnografía que recupera las voces y narrativas de la vivencia de varios docentes que, en su trayectoria, se vieron obligados a desplazarse de sus escuelas por motivos de violencia que atentaban contra su vida y la de sus estudiantes. Se presentan varios casos de maestros y maestras de primaria y telesecundaria que enfrentan situaciones extremas ante la lucha de los poderes fácticos relacionados con el crimen organizado y los diferentes cárteles.
Destaca el caso de un maestro de origen indígena que aprendió a hablar español hasta la escuela secundaria. Su primera asignación como maestro por la Secretaría de Educación del Estado (SEE) fue en la escuela Rafael Ramírez, donde fue muy bien recibido por los otros docentes. En su primer mes de trabajo en la escuela, una camioneta se cruzó en su camino y lo subieron en la parte trasera del vehículo. Después de un rato la camioneta se detuvo, descendieron al maestro, lo hincaron y apuntándole a la cabeza le preguntaron de dónde era, qué hacía ahí, con quién venía y que si era un “halcón”.
Él les dijo que era un maestro de la escuela y que llevaba tan sólo unas semanas ahí. Los sicarios le pidieron que les diera el contacto de alguien y que, si esta persona respondía por él, no lo matarían. Les dio el teléfono del director de la escuela, lo llamaron y no respondió; le dieron la oportunidad de darles un segundo contacto, que fue el de otro compañero de la escuela, quien sí respondió el teléfono y les hizo saber a los sicarios que sí conocía al maestro y se responsabilizaba por él. De esta manera logró salvar su vida, pero el miedo invadió su cuerpo y sufrió de gastritis nerviosa después del acontecimiento. Tramitó su transferencia en la primera oportunidad y fue reubicado en otro lugar. Actualmente cursa la licenciatura en pedagogía para continuar como docente frente a grupo.
Algo parecido sucedió a otro docente de telesecundaria, miembro activo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (la CNTE). El docente regresaba una tarde a la localidad donde trabajaba, cuando fue detenido por un retén donde varios individuos lo bajaron de su coche y, al confundirlo con otra persona, lo amenazaron de muerte con un arma en la cabeza e incluso cortaron cartucho.
Al darse cuenta de que se habían equivocado de persona, los sicarios decidieron no matarlo, sin embargo, le dijeron que por haberles visto el rostro y poder reconocerlos, se tenía que ir del pueblo en las siguientes 48 horas. El profesor regresó a su casa y al día siguiente, abandonó la localidad y se fue con su familia. Pidió su reubicación como maestro a la SEE, pero por la alta demanda de éstas, aún no obtiene una respuesta formal.
Las afectaciones de estos desplazamientos forzados abarcan dos dimensiones en ambos casos: la primera es la más evidente y se trata de la afectación laboral, mientras la segunda tiene que ver con la salud mental, pues los docentes sufrieron un trauma psicológico al ver y sentir su vida en riesgo.
Un caso más fue el de un joven maestro y director de una escuela donde la precariedad económica resulta terreno fértil para actuación del crimen organizado. Por ejemplo, en la comunidad, las niñas, niños y jóvenes tienen que combinar el trabajo escolar con labores campesinas desde los 12 o 13 años, o también son reclutados, a menudo voluntariamente, por el narco, y ven en ello una opción de vida, por lo que abandonan pronto la escuela. El profesor cuenta de qué forma el crimen organizado está inserto en las comunidades, de tal manera que ya forma parte de la cotidianeidad y el transcurso normal de los días.
Allí, al igual que en una parte significativa del territorio nacional, los maestros, estudiantes y habitantes de esta comunidad, así como de otras cercanas, se vieron obligados a desalojarla. Esto resultó en el desplazamiento de aproximadamente 5 000 personas, lo que impactó directamente a la institución educativa, ya que no han podido regresar.
Otro es el caso en el que un grupo criminal invadió la escuela primaria donde trabajaba un maestro y la destrozaron después de mucho tiempo de haberla reconstruido y cuidado, habilitando una biblioteca y los baños para las niñas. En sus propias palabras, el docente compartió al investigador:
Tuvieron secuestrada la escuela dos meses. Puertas caídas, bancas quemadas, hicieron un desastre. Yo te juro que lloré de la impotencia, amábamos nuestra escuela. También teníamos un huertito pequeño y lo hicieron pedazos y nadie de nosotros teníamos que ver con eso (Colin, p. 289).
La comunidad intentó recuperar y volver a habilitar la escuela y, si bien pudo volver a funcionar, nunca fue lo que era antes del secuestro por la banda criminal.
Estos escenarios ponen en crisis a la institución escolar, pues sus maestros, estudiantes y padres de familia no son protegidos por las autoridades responsables a nivel local, estatal o federal y las comunidades asumen el cuidado de sus maestros. En muchos casos el desplazamiento forzado de los docentes genera el cierre de las escuelas. Puede decirse que el papel de la escuela en estas comunidades ya no está cumpliendo su función social y educativa en el marco del derecho a la educación. La situación es preocupante ya que cada vez se observa más a lo largo y ancho del país. Sin duda tenemos que seguir alimentando la esperanza y dar cuenta de las alternativas pedagógicas que se pueden construir con las comunidades para la atención de las niñas, niños y jóvenes.
Es de llamar la atención que en estos contextos la escolarización ya no está presente en el imaginario de muchos jóvenes que construyen sus subjetividades desde otro lugar, donde, de acuerdo con la voz de los docentes, se abren tres opciones: el trabajo de la tierra y construir identidad campesina, migrar a los Estados Unidos o incorporarse al crimen organizado. El Estado como garante del derecho a la educación no debe de abdicar de sus funciones, aunque hacer Estado también corresponda la sociedad civil. Las autoridades educativas tienen el deber de reforzar el cuidado del espacio escolar y de sus docentes y garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.
¿Cómo construir un tejido social entre los habitantes de las comunidades que les permita la defensa de la escuela como una posibilidad de generar mejores opciones de futuro? Como parte de la sociedad civil, les invitamos a construir colectivamente otras formas de hacer escuela y a desarrollar estrategias y alternativas educativas híbridas para que el sentido de la misma no se pierda.
Referencias
Cabrera, J. (2024, 19 de noviembre). Violencia en Sinaloa provoca cierre de escuela en El Dorado; suman más de 50 planteles. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/violencia-en-sinaloa-provoca-cierre-de-escuelas-en-el-dorado-suman-mas-de-50-planteles/
Colín, A. (2024). Ser maestro en los márgenes. Trabajo docente y violencia criminal el la Tierra Caliente de Michoacán. Cátedra Interinstitucional Universidad de Guadalajara-CIESAS Jorge Alonso, México.
[1] Véase https://www.eluniversal.com.mx/estados/violencia-en-sinaloa-provoca-cierre-de-escuelas-en-el-dorado-suman-mas-de-50-planteles/
[2] La tesis doctoral se publicó como libro por la Cátedra Interinstitucional Universidad de Guadalajara-CIESAS Jorge Alonso.
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