Humberto Trejo Catalán
El curso de la reforma educativa ha tomado un giro inesperado: luego de presentarse como el ajuste constitucional más inminente en la estrategia del presidente López Obrador, ahora -a pocos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión- la probabilidad de que se apruebe el dictamen acordado ya en Comisiones, es cada vez más remota.
Por esta razón, el presidente planteó como alternativa “abrogar la reforma del 2013 (en adelante RE13) y regresar al marco que prevalecía en” 2012. Aunque también esta opción parece descarrillarse ante reclamos (sin bases o francamente falsos) como los siguientes:
“En 2013 se Creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y se establecieron los concursos de oposición como la vía para convertirse en maestro y terminar con la venta de plazas” (Paola Rojas, en: El Universal/Columna/ “La CNTE ya ganó”15/04/2019)
O bien, “Derogar la reforma educativa sería un retroceso: expertos. Permitiría que el sindicato magisterial se apodere de la educación y la calidad en las escuelas disminuiría, señalaron especialistas” (Alexis Ortiz, 14/04/2019). Nota donde se cita a Roberto Rodríguez, como investigador (UNAM) afirmando que “con esta decisión el sector educativo volvería a quedar en manos del sindicato”; a Marco Fernández, de México Evalúa declarando que “justo el marco jurídico que permitió esas malas prácticas [herencia y venta de plazas] era el previo al 2013”; y, a Alma Maldonado (CINVESTAV) quien advierte que “lo más preocupante [de regresar al 2012] sería la eliminación del INEE porque genera información vital sobre el sector educativo”
Pero ¿qué significa regresar las normas, las instituciones y la organización del sistema educativo, y particularmente de la educación básica, al estado que tenía en diciembre de 2012?
Para estos especialistas, la medida equivale a:
- Regresar a la venta y herencia de plazas docentes,
- Entregar la rectoría de la educación al SNTE y a la CNTE,
- Dejar de evaluar al magisterio,
- Olvidarse del INEE y del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; y,
- Educar en contenidos obsoletos y a fuerza de rigores y memoria… entre muchas otras pérdidas y atrocidades.
El asunto parece tan terrible que mueve a pensar que no es cierto y, por fortuna, NO LO ES.
Ninguna de las afirmaciones anteriores ni de otras parecidas que presentan la RE13 como el principio y la luz de los concursos de ingreso y ascenso, de la evaluación a los profesores, del INEE y de una renovación pertinente de los contenidos y métodos educativas, son ciertas.
Más aún, la torpeza en el diseño y la gestión de la RE13 descarrilló un proceso de mejora sostenido por lo menos desde una década antes, para superar la calidad de la educación pública y el sistema educativo.
Poca y mala prensa tiene hablar bien del pasado, cuando se plantea que lo único peor que la vigencia de la RE13 sería regresar a la situación precedente, con lo cual, de paso, se critica acremente la capacidad del ejecutivo para entender y resolver los desafíos del sistema educativo.
Sin embargo, si nos ubicamos en el plano del diseño de las normas y las instituciones, diciembre de 2012 es un momento interesante, incluso promisorio, cuando varias reformas estaban por ponerse en marcha.
Pocos recuerdan ahora que en 2008 se firmó la Alianza para la Calidad Educativa entre el Gobierno Federal y el SNTE con el propósito expreso de “mejorar la calidad de la educación”. En ese marco, se acordó:
- Que el ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas la vacantes definitivas se ocupara ùnicamente mediante el concurso nacional público de oposición, convocado y dictaminado de manera independiente;
- Que el acceso a funciones directivas, se realizara únicamente mediante concursos públicos de oposición;
- Reformar el Programa de Carrera Magisterial (1998), para dar más puntaje al logro académico de los alumnos; y
- Crear un Programa de Estímulos a la Calidad
Como resultado de lo anterior, el concurso de ingreso (examen) se aplicó de manera generalizada desde 2008, aunque ya se practicaba regularmente en casi todo el país y el programa Carrera Magisterial, se reformó en el sentido de esta reforma, durante 2011.
El acuerdo para la Evaluación del Desempeño Docente, vinculada a estímulos, “con fines formativos” para “mejorar sus competencias profesionales” y carácter de obligatorio, firmó en mayo de 2011.
También en 2011 en 2011 se concluyó la Reforma Integral de la Educación Básica (Acuerdo 592), luego de una década de trabajo para armonizar y articular el currículo, la formación continua, la gestión escolar y el uso de las nuevas tecnologías en los tres niveles de la educación básica.
Por cuanto al Sistema Nacional de Evaluación Educativa, también fue tema de la Alianza y tuvo como eje el fortalecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, creado desde 2002) como organismo descentralizado de la SEP sujeto, entre otros, a los principios de independencia y objetividad y que, por cierto, elaboró excelentes estudios sobre el sistema educativo y sus oportunidades de mejora.
En síntesis, no sé si será posible “regresar” la educación y el sistema educativo al estado que tenía en 2012, pero tengo claro que no sería una tragedia, sino retomar un proceso que fue torpemente violentado por una reforma que se sobrepuso y descarriló este proceso largamente construido y acordado entre los principales actores del sistema educativo.
Sobre los temores que genera la influencia excesiva del magisterio en la gestión del sistema, es claro que el nuevo sindicalismo que anuncia la reciente reforma laboral terminará por cambiar también y muy rápidamente la relación entre el magisterio y el Estado.
