Con varias acusaciones sobre conflictos de interés, creciente desconfianza y niveles de aprobación bajísimos del presidente Enrique Peña Nieto, el viernes pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que uno de los pilares de la reforma educativa (el proceso de evaluación) queda suspendido “indefinidamente”. ¿Qué pasó? Ante el escueto comunicado emitido por la Secretaría de la Educación Pública, la especulación y el sospechosismo se echaron a andar. “Fue por las elecciones”, señalaron algunos mientras que la versión oficial nomás dijo que se iban a considerar “nuevos elementos” para el proceso de evaluación de ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior. Estos elementos claramente no son de carácter técnico. Ejerciendo su autonomía, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) cuestionó la decisión de la SEP y de modo abierto expresó que la “razón esgrimida” para cancelar la evaluación no tiene fundamento”, es ilegal, “invade” sus atribuciones y vulnera su autonomía. Se “atenta”, dijo, contra el derecho de 400 mil mexicanos.
A mi juicio, haber cancelado el proceso de evaluación tendrá repercusiones en por lo menos tres ámbitos de la vida pública. En primer lugar —y que a todos nos debería preocupar—, se socava la autoridad y legitimidad de la SEP, cuestión que la puede llevar a que cada propuesta que haga de aquí en adelante no reciba el respaldo necesario y en consecuencia, su eficiencia política y organizativa disminuya. ¿Con qué cara presentará Emilio Chuayffet el Modelo Educativo del Siglo XXI? ¿Podrá el secretario de Educación Pública apelar de manera pública a la confianza de las maestras, maestros y la sociedad en general si dejó, por inexplicadas razones, a cientos de miles “chiflando en la loma”? Si la decisión de suspender el proceso de evaluación de maestros vino de “arriba”, la SEP volvió a quedar “aplastada” entre dos lozas de intereses partidistas y ambiciones políticas, como en el fatídico sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012), en donde se utilizó a la educación como moneda de cambio ante la necesidad de acumular votos y asirse del poder, “haiga sido como haiga sido”. Pero bien haríamos recordándole a los priistas que por éstas y otras ineptitudes, Acción Nacional quedó entonces en un lejano tercer lugar.
Dos. La credibilidad del gobierno de Peña Nieto también podrá erosionarse considerablemente a partir de este acción a todas luces arbitraria. Pero aquí lo interesante es que para el grupo en el poder, el atributo de ser creíble parece ser menos importante que el de ganar votos. ¿En verdad serán tan ingenuos? Si bien los votos dan poder y legitimidad, ésta también se construye por medio de un eficiente desempeño gubernamental y en este último punto, Peña Nieto y su equipo tienen grandes deudas. ¿O será que ya se acabó el sexenio para ellos y ahora de lo que se trata es de buscar, por todos los medios, perpetuarse en el poder? Nomás que hay que recordarle a los actuales ocupantes de Los Pinos que México no es Toluca.
Y el tercero y último ámbito en donde se podría advertir una repercusión de la decisión unilateral de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los profesores en educación básica y media superior, es en el campo de lo social, de lo no gubernamental y sobre todo, del lado de la oposición. ¿Recuerda usted que Andrés Manuel López Obrador amenazó que de llegar a la presidencia en 2018 echaría para abajo todas las reformas emprendidas en este sexenio? Pues al suspender indefinidamente el proceso y las fechas de evaluación docente, la reforma educativa va por el camino que el Peje desea.
Por otro lado, aunque aumenta la creencia de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación puso de rodillas al Gobierno Federal y por ello, canceló la evaluación docente, no parecen suficientemente claros los motivos para hacerle caso a un grupo relativamente pequeño de energúmenos. Éstos no cumplirían ningún acuerdo. De hecho, al día siguiente de la comunicación de la SEP, la CNTE manifestó que “hasta que no haya un acuerdo firmado no claudicará en sus movilizaciones” (Milenio, 30/05/15 nota de Navarro y Rodríguez). Hay que entonces buscar mejores explicaciones del lado del sindicalismo oficial, es decir, del SNTE. Allí sí que hay un buen cúmulo de votos y hasta el partido político Nueva Alianza, aliado con el PRI y el Verde.
Que el titular del Ejecutivo trate a los ciudadanos como menores de edad es ominoso. El Ogro Filantrópico no explica, decide y es reacio a argumentar y prefiere imponer. Con la decisión ilegal, arbitraria e impuesta desde “arriba”, queda claro que la SEP está muy lejos de convertirse en el Pedagogo Democrático que deseamos un número creciente de ciudadanos, esos mismos que este 7 de junio vamos a votar y a calificar a los que incumplen y mienten. Será el boomerang de la discrecionalidad.
Twitter: @flores_crespo
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