Como acción social y como derecho en proceso de ser garantizado en la comunidad política, la educación exige una transformación de toda persona en el gobierno, sea que pertenezca a él por efecto del voto popular o por el tipo de voto que se origina en el multivariado ejercicio del gobierno, como la designación o el contrato laboral. La clave está en que la legitimidad de todo el gobierno proviene del primer voto, el popular.
Para realizar la educación, entonces, se requiere una transformación. ¿De qué tipo ha de ser? Una que corresponda de forma plena, no de manera analógica sino antropológica, a la transformación que está significada en los principios y fines de la educación y que por ser valiosa tiene la naturaleza de ser derecho de toda persona y está protegida por la Norma fundamental de nuestra república.
¿Por qué la exigencia y la necesidad de esta transformación? Porque el bien educativo no puede darse sino como efecto de la acción humana y de la multiplicidad de interacciones (humanas, por supuesto) que en la práctica gubernamental se proponen garantizar el derecho. Ese propósito debe estar fundado, movido, sostenido en el respeto al otro, a su dignidad. En otras palabras y con mejor expresión, esa transformación es necesaria porque garantizar el derecho significa e implica hacer real su contenido en quien es responsable de él por ley.
La evaluación de docentes que se ha realizado en esta administración federal como parte de la reforma educativa ha sido una de las actividades recientes que ha dejado al descubierto que el gobierno no está educado, o no lo está como lo exigen los derechos ciudadanos. A lo largo de los meses, han sido muchas las formas en que los docentes han señalado la diferencia entre lo que se espera de ellos -en las aulas, en las evaluaciones para ingresar al servicio profesional docente o a los puestos de dirección, así como en las evaluaciones de desempeño- y la forma en que actúa el gobierno, la forma en que los trata.
Una afirmación y una pregunta han sido fundamentales en este ámbito. La afirmación: los docentes no son los únicos responsables de garantizar la educación y de asegurar su calidad. Y tal afirmación no es sólo opinión, tiene sustento legal. La pregunta: ¿por qué no se evalúa como se hace con los docentes, a las personas que están el gobierno, desde el presidente y los gobernadores hasta los que operan en la cotidianidad de la vida las políticas educativas, la evaluación docente entre ellas? Es obvio que el gobierno debe ser idóneo, como se desea que lo sean los docentes.
Se afirma que las organizaciones aprenden, que el gobernante aprende. La cuestión es si el gobierno mexicano está aprendiendo en conformidad o coherencia con su responsabilidad por el conjunto de los derechos de los mexicanos, pues de otro modo, qué valor práctico tiene el admirable artículo primero de nuestra constitución al establecer que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Estamos ante algo enorme, sí, pero debe realizarse. Por eso hay que educar, sí, pero primero al gobierno. Aunque no lo parezca, esa enormidad debe medirse y evaluarse, porque los indicadores fundamentales de su realización son dos. Primero, la eficacia democrática y técnica del gobierno; el segundo, las cualidades humanas y ciudadanas –de hecho cualidades inseparables- de las personas que formamos la República Mexicana y somos el fin primordial del establecimiento del gobierno.
Para iniciar, una señal irrenunciable de un gobierno educado es un gobierno que se auto limita, que se atiene a sus facultades. Eso en sentido restrictivo; en sentido creador, el gobierno educado da a toda su acción el fundamento de los derechos ciudadanos. Sólo ese.
Doctor en educación, profesor del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Interesado en el campo de la formación de valores y el derecho de la educación.
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