De la primera ronda de renegociación del TLCAN (Washington, 16 a 20 de agosto) pocos resultados concretos. Se trató, según ha trascendido, de la presentación de los principales objetivos y prioridades que cada representación trae consigo a la mesa, así como del reconocimiento de aquellos temas del tratado en que existe coincidencia y que básicamente no requieren modificaciones de fondo. Se comenta que el evento no fue más que un “round de sombra”, aunque la declaración conjunta al término de esta primera ronda afirma que “los grupos de negociación iniciaron los trabajos para avanzar en la elaboración de textos y acordaron proporcionar textos adicionales, comentarios o propuestas alternativas durante las próximas dos semanas.” (Declaración Trilateral sobre la conclusión de la Primera Ronda de Negociaciones del TLCAN).
En el proceso que apenas se inicia, lo más preocupante son las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre la opción de interrumpir negociaciones y salir del TLCAN, a menos que los objetivos que se han planteado obtengan respuesta positiva de los socios comerciales. Según la apreciación del mandatario estadounidense, la postura de mexicanos y canadienses ha sido “muy difícil”, lo que significa intransigente, y por lo tanto ve posible cancelar la participación de Estados Unidos en el tratado trilateral.
Habrá que esperar a las próximas rondas de negociación -la segunda en México del 1 al 5 de septiembre, la tercera en Canadá a finales del mismo mes, y la cuarta en Estados Unidos en el mes de octubre-, para saber si progresa y cómo la renegociación. O bien para enterarnos si la opción de ruptura de la parte estadounidense de veras se hace efectiva. Por lo pronto, para continuar con el tema de esta serie, vamos a revisar cuáles son las prioridades establecidas por México para la renegociación, y dentro de ellas qué lugar ocupan los temas relacionados con los servicios educativos y la migración de personal altamente calificado.
Para ello es pertinente la revisión de dos documentos. Primero, el “Informe a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre el inicio de negociaciones para la modernización del TLCAN”, entregado al órgano legislativo por la Secretaría de Economía el pasado 27 de julio. Segundo, los resultados de la “Consulta Nacional sobre la Modernización del TLCAN”, difundidos por el Senado la primera semana de agosto.
Los objetivos de la Secretaría de Economía
El documento de la Secretaría de Economía establece cuatro prioridades: fortalecer la competitividad de América del Norte, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI, y promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.
En el primer rubro, como cabe esperar, se enfatiza la importancia, para México, de mantener el acceso preferencial a los mercados, mejorar los procedimientos aduaneros, evitar barreras no arancelarias y sostener un trato no discriminatorio. No obstante, en este primer apartado se incluyen dos puntos que son relevantes a nuestro tema. Primero “ampliar las categorías para la entrada temporal de personas de negocios, mejorar los tiempos, transparencia y procesos para su ingreso y buscar mecanismos innovadores de movilidad laboral.” El punto tiene su importancia porque en el TLCAN vigente la categoría “personas de negocios” comprende las categorías de visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, transferencias de personal dentro de una empresa, y profesionales (véase TLCAN, anexo 1603). Pero no queda claro si la intención de México es que se agreguen categoría a esa lista o si los mecanismos de movilidad de cada categoría deben ser revisados. Si es lo segundo, entonces cabe suponer que México desearía poner en la mesa de negociaciones el tema relativo a la movilidad de los profesionales, asunto en el que hasta hoy los logros han sido sumamente limitados.
El segundo punto es formulado en términos de “establecer mecanismos de cooperación regional que promuevan el diseño e implementación de programas de desarrollo de competencias laborales y nuevos modelos educativos, para facilitar la adaptación de los trabajadores a los nuevos requerimientos del mercado laboral”. Desde luego la intención es loable, aunque cabe advertir que, en sí misma, la armonización de competencias laborales, si no ocurre en el marco de una reformulación de las opciones de tránsito de trabajadores en el espacio trinacional, carece de incentivos concretos.
El resto del documento de la SE busca coincidir con la perspectiva de “modernización” que se incluye en las agendas de Estados Unidos y Canadá y contiene pocas innovaciones. Por ejemplo se establece el propósito de incorporar la perspectiva de género en algunas disposiciones del Tratado, actualizar las disposiciones sobre energía, economía digital y comercio electrónico, promover mayor integración de los mercados de telecomunicaciones, modernizar los mecanismos de solución de controversias, y brindar certidumbre jurídica a los proveedores mexicanos en procedimientos de contratación pública en la región.
A la vista de la posición oficial mexicana, la prioridad central consiste en mantener en vigencia todas las regulaciones del Tratado que han beneficiado a la economía del país: no moverle mucho. Es una estrategia, decíamos la semana pasada, más de no perder que de ganar ventajas. Tómese en cuenta, sin embargo, que el titular de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, expresó: “no esperen que exprese públicamente mi estrategia. Las estrategias de negociación no se comparten” (El Universal, 27 de julio de 2017).
La declaración es relevante sobre todo en lo que respecta a las “líneas rojas” de la posición mexicana, es decir de los aspectos en que nuestro gobierno no está dispuesto a ceder terreno. De lo poco que se sabe hay dos, quizás tres, temas particulares. Uno, México no cedería a la demanda, tanto de Estados Unidos como de Canadá, en el sentido de homologar salarios en los sectores de mayor incidencia en el comercio internacional. En todo caso, México aceptaría suscribir la convención OIT en materia de libertad de sindicalización y contratación colectiva, pero no en equilibrar salarios en el sentido que pretenden los socios comerciales.
Otra línea roja corresponde a la opción de modificar la política cambiaria del país para evitar cualquier ventaja en la atracción de flujos de inversión derivada de la paridad cambiaria. Sin duda México no va a aceptar que se supervise la operación de la Comisión de Cambios en que participan el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Por último, Tanto Canadá como México buscan evitar que prospere la demanda de Estados Unidos de eliminar el capítulo 19 del TLCAN que establece la operación de comisiones binacionales para la solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias. Hasta ahí están claros los límites de México en la renegociación. En otros puntos la posición ha sido más flexible, pero hasta las próximas rondas se revelará hasta donde alcanza el margen de negociación de nuestros representantes.
La encuesta de partes interesadas
La Consulta Nacional sobre la Modernización del TLCAN, auspiciada por el Senado, tuvo lugar del 26 de junio al 31 de julio. Consiste en cinco preguntas: ¿Cuáles deben ser las prioridades de México en la modernización del Tratado? ¿Qué temas que no están incluidos en el texto original deben ser integrados al mismo? ¿Qué áreas del TLCAN deben ser mejoradas o actualizadas? ¿Qué sectores de la economía deben contar con mayores apoyos de parte del gobierno ante la modernización del TLCAN? y ¿Cómo debe abordarse la movilidad laboral, los salarios y la protección medio ambiente en la negociación?
Aunque la encuesta fue abierta al público en general, la mayor parte de las respuestas correspondió a las cámaras de industria y comercio y otras representaciones empresariales, así como a asociaciones y grupos representativos de actividades económicas específicas. En general se resalta la importancia del Tratado en la dinámica económica del país y sobre todo en el intercambio internacional. Asimismo, se insiste sobre la necesidad de modernizar el acuerdo para actualizar su alcance en rubros insuficientemente desarrollados (comercio digital, sector energético, telecomunicaciones) y para corregir prácticas inadecuadas o limitativas del libre comercio.
Pero tiene especial importancia que la encuesta identifica con claridad y prioridad los temas laborales y migratorios. A la segunda pregunta, relacionada con los temas faltantes en el acuerdo, la mayoría de las respuestas, según la síntesis del órgano legislativo, respondió: “incorporación de mercados laborales incluyendo la movilidad, los derechos de los trabajadores y el cierre de la brecha salarial entre los tres países”. Se agrega a ello, de acuerdo con el reporte, que “los participantes (en la encuestas) indicaron que deben encontrarse formas para que los tres países desarrollen capital humano de manera trilateral y manifestaron que sería deseable que hubiera acuerdos para facilitar la equivalencia de estudios y de certificados de capacitación.”
Como varias de las agrupaciones que brindaron respuesta a la consulta del Senado participan en el “cuarto de al lado” de las negociaciones y posible que estos temas (movilidad laboral y armonización de competencias) tengan cabida en la renegociación. Habrá que ver hasta qué punto.
