David Auris Villegas
Según el censo de 2017, uno de cada 10 peruanos tiene discapacidad, lo que representa 3 millones 209 mil 261 personas, es decir, el 10,3% de la población del país. Para lograr la equidad social, es nuestra responsabilidad construir una sociedad inclusiva en todo el Perú, siendo fundamental promover una educación inclusiva como clave para un futuro más sostenible.
Las personas con discapacidad en Perú y en toda Sudamérica enfrentan barreras como infraestructura deficiente y señalización inadecuada, servicios estatales y privados inadecuados, escaso apoyo estatal, discriminación y falta de solidaridad, lo que dificulta su integración social. Además, no todos tienen acceso a una educación inclusiva, y hay pocos docentes capacitados para potenciar sus habilidades y talentos.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una persona con discapacidad es aquella que tiene impedimentos físicos, mentales, o sensoriales a largo plazo. De acuerdo con la normativa peruana, se les considera personas con deficiencia motora, mental y sensorial más una barrera que obstaculiza su desarrollo. Dado el esfuerzo por la equidad como tendencia global, las Naciones Unidas desde 1992, cada 3 de diciembre, celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esta versión del 2024, su ambicioso lema es “fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro más inclusivo y sostenible”.
En este andar, que permite empoderar en liderazgo a las personas con discapacidad, está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve el derecho a la educación inclusiva. En Perú, la Ley General de la Persona con Discapacidad, N.º 29973, garantiza el acceso a la educación inclusiva. Además, el CONADIS otorga los carnets celeste y amarillo, con su brazo que es OMAPED y este funciona en cada municipio. Más concretamente, en el campo educativo, el Decreto Supremo N.° 007-2021-MINEDU, establece las reglas para llevar a cabo una educación inclusiva.
Como vemos, existe todo un marco jurídico que favorece la inclusión de todas las personas. Sin embargo, el Estado peruano sabotea a la educación inclusiva, al otorgar el irrisorio bono de $78 dólares americanos cada dos meses a personas con discapacidad severa, mientras que destina $263 dólares americanos por mes para mantener a los presos que han estropeado la vida de muchas personas.
La educación inclusiva es clave para empoderar a las personas con discapacidad, promoviendo su liderazgo y brindándoles las herramientas necesarias a fin de lograr una vida autónoma y plena en la sociedad.
Artículo, publicado en el Montonero
© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCPC.
