Por Miguel Ángel Rodríguez
Ponencia presentada en el X Foro del Campo estratégico de acción modelos. Modelos y políticas educativas
Pensar en el derecho a la educación es pensar lo digno de ser pensado. Y cuando ese derecho del siglo XX se consagra como derecho social fundamental, como en más de un sentido puede interpretarse la Constitución mexicana, entonces hablamos de exigir la garantía, por parte del Estado, de “la igualdad de los seres humanos, su igual dignidad y la satisfacción de las necesidades reputadas como vitales”. La exigencia del respeto al derecho fundamental a la educación de calidad para todos los mexicanos va dirigida entonces, necesariamente, en la lógica jurídica, a los poderes públicos de México.
Luigi Ferrajoli, principal intelectual de los derechos sociales fundamentales, argumenta contra quienes proclaman que si un derecho, aún siendo constitucional, no se garantiza, no es vinculante o justiciable, no puede ser considerado un verdadero derecho; esto es, que en realidad los derechos sociales fundamentales son principios ético-políticos cuyo principal obstáculo de realización no es de carácter técnico sino de naturaleza política. Y es de esa manera porque la lucha entre derechos y garantías es, por encima de todo, una pugna entre dos maneras irreconciliables de concebir la distribución de la riqueza nacional: una pretende la construcción de un Estado democrático y la otra, para seguir al teórico italiano, es una vuelta al Estado paleoliberal. En esas coordenadas, me parece, debe situarse el debate del derecho a la educación de calidad en la actual “reforma educativa de México”. ¿Cuánto presupuesto público es necesario destinar para que los niños y las niñas de México alcancen un buen logro educativo? ¿Cómo hacemos vivos los principios constitucionales de la equidad y la justicia distributiva?
El INEE presentó recientemente un estudio para medir el grado de inercialidad del gasto educativo en 29 programas presupuestales. Con base en los presupuestos aprobados y ejercidos, en las metas programadas y las poblaciones atendidas, entre el 2008 el 2014, es posible afirmar que los programas presupuestales en educación, en su mayoría (80%), mantienen un grado alto de inercialidad. Las conclusiones del estudio, bien vistas, constituye una severa crítica a la manera como las autoridades educativas, casi siempre con criterios corporativo-patrimoniales, distribuyen los recursos escasos del presupuesto educativo nacional. Por la relevancia del caso y para evitar que la subjetividad, mi estado anímico de pesimista colocado de pie Sobre la línea, contamine mi juicio, les dejo a ustedes las diez conclusiones:
- Los resultados obtenidos en el análisis del comportamiento del gasto programable en educación básica y media superior establecen que éste es inercial, ya que la asignación presupuestaria se reproduce o mantiene cada año. Dicha asignación es el resultado de la suma del presupuesto ejercido del año inmediato anterior, actualizado por la variación en la inflación anual promedio, y proyectado por el comportamiento tendencial del gasto.
- A partir del análisis de 29 programas presupuestarios (PP) se identificó que más de 80% del gasto programable de estos programas en educación es inercial, si bien el grado de inercialidad varía entre los programas analizados. Al respecto, los PP con menos inercialidad pertenecen a los de subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios de modalidades S y U del gasto.
- En el periodo de análisis, 2008-2014, se registra un crecimiento de 50% en el gasto hecho que contrasta con el estimado de las metas programadas, es decir, el presupuesto aumentó sin que aumentaran o variaran las metas.
- Respecto a la población atendida por dichos PP, ésta se mantiene prácticamente constante en el tiempo. Asimismo, la brecha entre las poblaciones potencial y atendida permanece durante el periodo de análisis. Es decir, los aumentos en presupuesto tampoco se deben a un cambio en la población atendida.
- La relación gasto-metas tiene valores de desempeño entre bajo y medio bajo de conformidad con el Modelo Sintético de Información de Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto significa que un aumento en el gasto no se refleja en las metas programadas relacionadas con dicho gasto.
- Con el Modelo de Gasto Inercial del PP (GIPP) —(Nivel + Tendencia) × Estacionalidad— propuesto se prevé un comportamiento similar en el ejercicio fiscal 2015.
- El gasto educativo se asigna inercialmente de acuerdo con dos variables, número o plantilla de personal y número de escuelas, sin que intervengan en el cálculo las poblaciones potencial y objetivo. Esto puede constatarse relacionando la información de Cuenta Pública con los datos del Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Para revertir la tendencia inercial del gasto programable en educación básica y media superior se debe efectuar una revisión comprensiva de la forma en que se programa dicho gasto. La programación debe tener en cuenta las poblaciones potencial y objetivo a fin de avanzar en la atención que los diversos PP deben prestar a la solución de problemas educativos asociados con la cobertura (aumentar el número de población atendida).
- La clasificación presupuestaria por PP debe hacerse plenamente compatible con las definiciones de poblaciones potenciales y objetivas. Al respecto, se debe tomar en cuenta la dinámica poblacional a fin de ajustar las metas de corto y mediano plazo a las tendencias demográficas. Para revertir la tendencia inercial del gasto programable en educación básica y en media superior se debe efectuar una revisión comprensiva de la forma en que se programa dicho gasto.
- Los resultados de este estudio podrían ser tomados en cuenta para diseñar las estrategias de cada uno de los PP que forman parte del Gasto Público Programable. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública debe desarrollar metodologías que permitan integrar los resultados de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en el proceso anual de programación y presupuestación del gasto en educación básica y en media superior.”
Como quedó claro en la conclusión siete del estudio referido, el gasto educativo de México es inercial porque atiende sólo a dos variables plantilla de personal y número de escuelas sin considerar en la asignación ni a las poblaciones potenciales y objetivo ni al estado de las escuelas. Lo anterior permite de manera lógica entender cómo permanece constante “la brecha entre las poblaciones potencial y atendida permanece durante el periodo de análisis (2008-2014)”. Por otra parte, los aumentos presupuestales no han incrementado la población atendida y los valores de desempeño de la relación gasto educativo y metas programadas son bajos, técnicamente deficientes.
Si se quiere en realidad revertir esta tendencia negativa, dicen los autores, es necesario hacer “una revisión comprensiva de la forma en que se programa dicho gasto” recomiendan la octava y la novena conclusiones, pues deben considerar las dinámicas de las poblaciones potenciales y objetivas en la dirección de resolver los problemas relacionados con un mayor alcance de la cobertura educativa.
En este desolado escenario que la refinada técnica de la administración pública me dibuja, me quedo con varias preguntas : ¿Qué significa, qué sentido tiene para el sistema educativo nacional, hacer una revisión comprensiva del presupuesto educativo nacional? Mientras alguien descifra el enigma, creo que la afectividad que nace de la comprensión, del pathos, de la pasión, nos conduce a gritos para volver los ojos a las condiciones materiales de las escuelas y las condiciones de vida de la niñez y juventud indígenas de México.
El primer principio filosófico del Estado democrático moderno, tanto para liberales como para conservadores, es el derecho a la vida, a una existencia digna. Y los derechos sociales fundamentales, máximo logro del constitucionalismo del siglo XX en Occidente, quieren trascender el discurso gastado del Estado homologador de las diferencias y desigualdades a un Estado que las vincule y, gradualmente, las valorice justiciablemente. Por cierto, Luigi Ferrajoli reconoce entre los derechos sociales fundamentales a la educación pública, gratuita y laica, como la consagrada, hasta la fecha, en la Constitución mexicana.
Por eso me pareció pertinente abordar el derecho social fundamental a la educación en México desde un mirador que nos revele, de manera aproximada, cómo viven los estudiantes de educación básica de México. Una breve y elemental contrastación entre las condiciones de vida, el estar en el mundo, de los niños y niñas de los estados con mayor población indígena y los estados de menor población indígena. Aunque las malas condiciones de vida cierran la puerta al presente y al futuro a más de la mitad de los mexicanos, hay diversos criterios para calcular la pobreza, es en las comunidades indígenas donde se advierte la deuda del Estado, del gobierno, de la clase política para con la sociedad civil.
La información estadística proviene de las Cifras básicas. Educación básica y media superior publicados por el INEE (inicio del ciclo escolar 2012-2013 e inicio del ciclo escolar 2013-2014). A nivel nacional usamos las cifras básicas para el 2013-2014 y son las siguientes: en educación preescolar el 96.4 por ciento de los niños viven en condiciones de alta y muy alta marginación; en educación primaria la cifra es del 96.2 por ciento y en telesecundarias el porcentaje muerde al 75.2 por ciento de los estudiantes.
Las cifras básicas del 2012-2013 publicadas por el INEE nos ofrecen un cuadro de los principales indicadores educativos por entidad federativa. La valiosa colección publicada en forma de tríptico es una herramienta muy útil para el análisis comparativo de las condiciones de vida de los estudiantes, las escuelas y los profesores: un mirador privilegiado para argumentar, ex parte populi, contra el olvido, contra la nuda vida que el poder soberano decide, contra la condena a muerte.
Una ventana nada más al pesimista espectáculo del derecho a una educación de calidad en México es el infamante mundo de vida que comparten los estudiantes indígenas de educación básica del estado de Guerrero al inicio del ciclo escolar 2012-2013, pues el 97 por ciento de los estudiantes indígenas que asisten a la educación básica sobreviven en condiciones de alta y muy alta marginación. Y el 96 % de las escuelas a las que asisten son consideradas como instituciones que operan en condiciones técnicas deplorables.
Un dato que revela la enorme miseria en la que vive la juventud guerrerense es el alto grado de deserción que se puede observar en el tránsito de la educación secundaria a la educación media superior. Mientras la matrícula de la educación secundaria de Guerrero ascendió a 150 mil 251 alumnos la de educación media superior fue de 78 mil 334. Guerrero es la zona del silencio, la zona cero, la región del horror donde el entendimiento y la intuición enmudecen. No muy alejados de estas oscuras cifras viven los estudiantes de educación básica de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Michoacán, que son los estados que mayor cantidad de población indígena del país concentran. Para qué continuar, es evidente que algo vital está roto en la sociedad mexicana y es el ogro pantagruélico, la nueva configuración del poder soberano, el que amenaza y niega la vida desde el nacimiento. Por eso resulta comprensible la resistencia de los profesores y profesoras de aquellos estados a la estandarizada evaluación docente que se pretenderá instrumentar, con el uso de la fuerza pública, en los próximos meses.
La normatividad del Estado liberal parte de la uniformidad de los sujetos del derecho, por ello legisla con criterios abstractos y universales, aunque remiende con retazos del discurso democrático la Constitución, todos sabemos, y las estadísticas están ahí como verdad de granito para recordarnos, que la justicia y la equidad son las grandes ausentes en la vida de México.
En este cruel escenario de desamparo y miseria humanas, cuadro goyesco, que bien puede ser comprendido como expresión de la barbarie y la infamia de los poderes públicos del Estado mexicano contra una proporción significativa de la niñez y la juventud mexicanas, es que los profesores de México son obligados, después de una orquestada campaña de terrorismo televisivo, de manipulación de las imágenes, a evaluarse en las condiciones y con los criterios técnicos establecidos, al margen de la experiencia de vida y aprendizaje profesional del magisterio. El acuartelamiento de tres mil quinientos policías federales, en un lujoso hotel de Morelia, Michoacán, para resguardar el centro de convenciones en el que, al día siguiente, habría de realizarse el examen a los profesores, fue un recurso excesivo de la fuerza pública y es una forma inédita de dominación en la relación Estado y magisterio.
Por ello, por las formas neoabsolutistas del Estado mexicano, la evaluación a la idoneidad de docentes y directivos en el desempeño docente está enfrentando a la comunidad universitaria, a los intelectuales dedicados a pensar la educación, a los profesores y a los sindicatos del país. Vino nuevo en odres viejos. Si tan convencidos están del espíritu racional-legal del Estado y de las funciones óptimas del organismo educativo, ¿por qué no se incluyó en la reforma al tercero constitucional la idoneidad de las autoridades educativas federales y locales?
La reforma educativa de Enrique Peña Nieto es un discurso vacío, sin fundamento, desfundamentado. La voluntad de poder, la metafísica de la subjetividad que sitúa al ser humano a la vanguardia del cosmos, la soberbia de la certeza del conocimiento, el triunfo absoluto de la técnica sobre la ciencia, no tiene tiempo para pensar en la formación trascendente, en la vida como obra de arte. La renuncia al amor es el secreto de la voluntad de poder. La miseria de la miseria consiste, como se sabe, no únicamente en la dimensión material sino en la invisibilidad, en la ceguera para ver la verdadera miseria que somos cuando estamos al servicio, nos convertimos orgullosos en los andamios de la voluntad incondicionada de poder. A la pregunta de para qué más poder sólo cabe una respuesta: para tener más poder. De esa manera se devela la inesencia, la carencia de fundamento, de verdad en sí misma, de la voluntad de poder.
La reforma educativa en mi opinión es una clara expresión del nihilismo profundo, de la voluntad ciega de poder, que no puede mirar, le está vedada, otra forma de participación de los seres humanos en el mundo.
Otra muestra de ello es que los partidos políticos de México han abandonado a la chequera personal la identidad ideológica que los caracterizó sobre todo durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El pacto por México es un ejemplo proverbial de la desaparición de las distinciones ético-filosóficas por la más descarnada voluntad de poder, no hay manera de encontrar ahora qué partidos y cuáles políticos son de izquierda y derecha. Estado, gobierno, partidos políticos y medios electrónicos de comunicación conforman el neocorporativo poder soberano. Nos hace falta virar el estudio de las formas del poder hacia un enfoque que sea capaz de desocultar, de hacer visibles, cómo ocurre la dominación del poder soberano contemporáneo que, como es sabido, se apodera de los cuerpos humanos y de las formas de estar en el mundo.
Todos escuchamos y vimos la cantaleta histérica y apocalíptica de que los profesores eran un gremio de ineptos, corruptos, incapaces de aprender a saber y, en consecuencia, de poder enseñar, esa fue la bandera de Mexicanos Primero.
El 29 de enero pasado la SEP publicó los resultados del desempeño docente a los primeros profesores y directivos evaluados bajo la amenaza legal de verse disminuidos moral y económicamente en sus mundos de vida, como se desprende de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que establece que si un profesor o profesora se resiste a la evaluación, por causas injustificadas, entonces podrá ser separado de su trabajo.
Los resultados de la evaluación ofrecen, como siempre, dependiendo el lente ideológico utilizado, varias posibilidades de interpretación. Aquí ofrezco cuatro de ellas, incluida la mía.
La primera de ellas es la de Eduardo Backhoff, Consejero del INEE, quien escribe lo siguiente: “Los resultados de este primer ejercicio de evaluación de desempeño evidencian que: 1) la mayoría de docentes (85 de cada 100) tiene las competencias mínimas necesarias para ejercer su función frente a grupo; 2) una minoría de profesores (15 de cada 100) carece de los conocimientos y habilidades profesionales, por lo que requerirán de un programa intensivo de capacitación y tutoría para superar sus limitaciones y poder permanecer en el servicio de educación pública; 3) una importante proporción de maestros (uno de cada tres) obtuvo una calificación apenas satisfactoria, por lo que necesitarán de un programa de capacitación para mejorar sus competencias profesionales; y 4) una minoría de profesores (uno de cada diez) domina de manera destacada las competencias docentes, por lo que merecen ser reconocidos y recompensados.”
Me pareció relevante citar el juicio del consejero porque es, en muchos sentidos, también la interpretación consensada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Los mismos resultados de la evaluación docente son interpretados, en cambio, de la siguiente manera por Mexicanos Primero.
“La Evaluación del Desempeño Docente -la primera obligatoria en la historia del país- se llevó a cabo en 2015 para el primer contingente seleccionado, con la participación de 134,140 maestros y directivos de las 32 entidades federativas.
Los resultados nacionales, globales, muestran que los docentes y directivos evaluados se distribuyeron en estos porcentajes según su nivel de logro: Insuficiente: 15.3%; Suficiente: 36.2%; Bueno: 40.5% y Destacado: 8%. Valoramos el reconocimiento a los docentes de más alto desempeño y convocamos a las autoridades a poner especial atención para ofrecer opciones dignas y pertinentes a aquéllos que deberán obligatoriamente participar en el reforzamiento dedicado al nivel insuficiente.”
La primera lectura, la de Backhoff, aumenta hasta el 85 por ciento a los profesores que tienen “las competencias mínimas necesarias para ejercer su función”. La segunda, la de Mexicanos Primero, es de corte paleoliberal, y se concentran en reconocer exclusivamente al 8 por ciento de “…los docentes de más alto desempeño”.
Otra interpretación, la mía, ordena las cifras de manera diferente para valorar el hecho de que cerca del 50 por ciento de los profesores mexicanos evaluados obtuvo resultados que van de lo bueno a lo destacado. Un cuadro que resiste y anula el argumento central de la maquinación del poder soberano; esto es, que los profesores deben ser domesticados para construir un nuevo pacto corporativo entre el PRI y el SNTE.
Yo creo que hay otra lectura y es la que hizo públicamente la profesora Lucero Navarrete, de Delicias Chihuahua, frente al titular de la Secretaria de Educación Pública, en la reunión para celebrar el triunfo de los campeones. El acto más inteligente de cuantos hasta ahora he observado en la escena nacional respecto a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Fue un acto del magisterio, pero fue un acto también de la sociedad civil. La profesora, como se sabe, le dijo a Aurelio Nuño que no se confundiera, que no se trataba de un concurso para romper records olímpicos, de mortificar el alma y el cuerpo, para aumentar un centímetro de pectorales. De lo que se trata, le dijo la valiente profesora norteña, es de reconocer que en las circunstancias en las que viven los niños del país es muy complicado, por no decir imposible, exigir los resultados que se demandan a los niñas y niñas en otros países con circunstancias radicalmente diferentes.
De lo que se trata, señor secretario, es poner un freno a la campaña terrorista que Televisa, TV. Azteca y Mexicanos Primero han desatado contra la dignidad y las condiciones de vida del magisterio mexicano. Y no estoy seguro de si esas fueron textualmente sus palabras, pero me quedé con la imagen libertaria de quien, pleno de lucidez, se levanta y le dice No a la ciega voluntad poder.
Otra muestra más de la inmensa discrecionalidad de los poderes públicos en el manejo y la dirección discrecional del presupuesto educativo de México es un memorable, por el grado de cinismo, acto celebrado apenas hace unos días en el histórico edificio de la SEP. Una puerta al teatro del absurdo.
La educación pública de México, tan degrada, tan vilipendiada y escarnecida, sorpresivamente despertó el interés de la banca nacional y extranjera. En un acto público celebrado el pasado 7 de marzo para presentar el Programa de Escuelas al Cien, Aurelio Nuño Mayer, titular del ramo, habló por fin de de valores en el proyecto de reforma educativa y lo hizo cuando agradeció emocionado y en un tono muy familiar, y hasta campechano, al Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, (Pepe) José Oriol, a Luis Robles, Presidente de la Asociación de Bancos de México y de Bancomer y, faltaba más, a Emilio Romano, de Bank of America, por el entusiasmo mostrado en la compra de los títulos de deuda de los certificados de infraestructura educativa que ascienden a un poco más de 8 mil 500 millones de pesos en la primera emisión, pero cuya meta es colocar títulos de deuda pública por 50 mil millones en los próximos tres años para mejorar las condiciones de infraestructura escolar y aprendizaje de 33 mil escuelas consideradas las más pobres del país.
Se trata de un acto de poder del Estado fiscal que continúa, como en el Medioevo, concibiendo a los contribuyentes como súbditos o peones acasillados, a los que se les puede cargar el peso de las deudas que los proyectos gubernamentales, racionales o no, generan en los diferentes espacios de gobierno. En esa forma estatal los ciudadanos son vistos siempre como deudores y no como dadores, que sería una forma más natural de comportamiento en un régimen democrático. Y las preguntas saltan desde la sociedad civil: ¿quién autorizó el monto del millonario endeudamiento público sobre la educación del futuro?, ¿quién definió y cómo los criterios de asignación de la carga de la deuda?, ¿qué organismo puede, con eficacia y transparencia, construir las demandas de infraestructura de las escuelas mexicanas?, ¿quién construirá Tebas la de la siete puertas? Tantas preguntas sin respuesta.
Una de las características clásicas del Estado moderno, en relación el Estado Patrimonial, siempre fue la separación muy clara de intereses entre la esfera pública y la esfera privada. Lo que yo observé en esa reunión de familia, donde había gobernadores de los principales partidos políticos de México, funcionarios de Hacienda, empresarios de la cámara de la construcción y líderes de banqueros, es la puesta en venta de las necesidades educativas del pueblo mexicano con el poco cristiano interés del capital financiero. Hace tiempo Octavio Paz, nuestro premio Nobel habló de la tentación del gobierno de los banqueros y, no hay duda, creo que ahora arribamos a la pesadilla.
Una campaña presidencial está en puerta y los partidos políticos necesitan dinero para pagar a los medios electrónicos de comunicación sus millonarias y tediosas campañas políticas. ¿No estará la deuda pública detrás de una candidatura presidencial?
Por todo lo anterior, concluyo que México está muy lejos de garantizar el derecho a una educación pública de calidad. Y más bien comprendo que el Estado mexicano, los partidos políticos, y los grupos de presión como Mexicanos Primero y Televisa, contribuyen a construir un estado de excepción que el relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, observó de los derechos humanos en el país. Vivimos en un Estado que politiza e invisibiliza el cuerpo de los detenidos y los convierte en seres que, a juicio del poder mediático y policiaco, pueden ser dignos o no de vivir; es decir, en los hechos las técnicas policiales pueden decidir asesinarlos o desaparecerlos sin responsabilidad legal alguna para los asesinos.
Giorgio Agamben develó hace tiempo que el poder soberano contemporáneo está comprometido con la producción de un cuerpo biopolítico: la vida biológica se encuentra en el centro de sus cálculos. El Estado moderno mexicano, como en la antiguo Imperio Romano, vuelve a develar la relación invisible que une al poder soberano con la vida nuda.
Se trata de la convivencia entre lo moderno y lo arcaico y tal amasijo se puede observar cada vez con mayor claridad en los fatales abusos que los Estados, por acción o por omisión, permiten contra los migrantes, los indígenas y los núcleos poblacionales de mayor pobreza económica.
Es así como puede comprenderse el trágico y vergonzoso episodio que vivimos con los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Burgos de Ayotzinapa y, sostengo, si no actuamos organizadamente, sociedad civil y magisterio, es muy probable que siga el linchamiento moral contra los profesores y profesoras de México, pues está claro que los poderes públicos de México actúan, hasta ahora, en sincretismo creciente con el poder soberano que, en los hechos, trata de negar, de hacer invisibles los derechos de la mayoría de los mexicanos a disfrutar de una educación de calidad.
Está muy claro, en el fondo y en la superficie, que la disputa de la actual reforma educativa no es por el sentido y los valores de la formación filosófica y pedagógica de los estudiantes y profesores de las escuelas públicas el país, sino por el dominio político, por el millonario presupuesto educativo que sostiene y financia, con base en los preceptos constitucionales, un proyecto nacional de educación pública, laica y gratuita. Como se muestra en los comportamiento discrecional y arbitrario de los poderes Ejecutivo y Lesgislativo, del Congreso de la Unión y de los partidos políticos, la Constitución mexicana ya no constituye a nadie ni limita en lo más mínimo a los poderes públicos. Necesitamos un poder metaconstitucional, integrado también con miembros de la sociedad civil, que obliguen a vincular gradualmente el derecho de los mexicanos a una educación pública de calidad.
Mientras lo anterior no ocurra, la matriz paleoliberal prevalecerá como hasta ahora y los derechos colectivos, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de millones de mexicanos continuarán negados, escamoteados, perseguidos, desaparecidos y aniquilados, con arbitraria impunidad, con la fuerza del nuevo poder soberano que ahora integra, como Giorgio Agamben y Peter Sloterdijk observan con agudeza, a los medios electrónicos de comunicación masiva y a los partidos políticos.
Cuando afirmo que el derecho a una educación pública de calidad es pensar lo digno de ser pensado pienso en la necesidad de filosofar a martillazos sobre lo esencial, pero encuentro que la evaluación al desempeño de docentes, directivos y estudiantes de México, siendo una función importante del sistema, no se interroga, ni de casualidad, por la esencia del ser, por los fundamentos del ser cuyo modelado están -estamos los profesores del sistema educativo- contribuyendo a domesticar.
Es necesario, desde mi punto de vista, aprender a pensar en lo esencial y cuestionar lo incuestionable: la voluntad de poder. Y me pregunto: ¿De dónde vendrá el viraje filosófico y pedagógico radical en la formación de los seres humanos en México?
Profesor-investigador de la Maestría en Ciencias Políticas de la BUAP.
Director de Caja negra, revista de ciencias políticas y humanidades de la BUAP.
Doctor en Ciencia Política por la UNAM
