De acuerdo con Guorui Fan y Thomas Popkewitz, la política educativa es un proceso de desarrollo organizado y tornadizo que surge, existe y se ajusta en el curso de las actividades escolares: una unidad estática y dinámica (en Handbook of Education Policy Studies: Values, Governance, Globalization, and Methodology. Singapore: Springer). Me pregunto qué tanto la operación del sistema educativo será una prolongación de lo que impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y qué tanto cambiará.
Quien ocupe la conducción de la Secretaría de Educación Pública no la tendrá fácil; tiene un sistema gigantesco cargado de tradiciones y rutinas que la política educativa del gobierno de López Obrador intentó romper, en especial en el ámbito pedagógico, del currículo y los libros de texto y que deja apenas con un año escolar de operación. En caso de que el nuevo grupo en el control de la SEP, siga al pie las propuestas del Proyecto de nación 2024-2030 que propuso Morena como plataforma electoral puede pronosticarse que no habrá mucho progreso. No en el sentido de mejora, aunque tal vez sí trate de profundizar en la traza que heredará. El subtítulo de ese proyecto es la referencia: Por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases. Es decir, la propuesta implica más dinamismo y menos estática.
El capítulo 10 de ese proyecto se titula “Educación para la revolución de las conciencias”, que entraña un planteamiento ideológico claro: “Para transformar a México en un país en el cual la democracia participativa sea una realidad, es indispensable establecer una relación pedagógica entre pueblo y gobierno”. Según el documento, el señorío de AMLO ya inició esa relación con la Nueva Escuela Mexicana y el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica. “Sin embargo, [expresa la propuesta] les falta una mayor relación del sistema escolar con la vida y el trabajo para que el nuevo modelo educativo no se quede como un mero ejercicio académico”. Por ello formula establecer “cooperativas, huertos escolares en las escuelas rurales y talleres en las urbanas”.
Para lograr tal propósito se inspira en la etapa radical de la educación en México, se remonta a los 1930: “Es importante retomar la gran herencia de la Escuela de la Acción, que realiza un trabajo escolar a partir de proyectos que identificaban contenidos curriculares involucrados en distintos campos productivos y que fue una inspiración para la Educación socialista en la época posrevolucionaria de México”. Y para que no quede duda de por dónde puede ir el cambio curricular, se compromete a retomar las propuestas de los grupos magisteriales, democráticos, es decir, de la CNTE… “para la concientización y la acción”.
Esas experiencias, con una fuerte carga ideológica, contrasta con el primero y otros de los propósitos, donde se compromete a: “Impulsar un nuevo proyecto de educación básica al servicio del desarrollo social, equitativo y democrático y que esté a la altura de la revolución científico-tecnológica”. Se complementa con la propuesta de reinstalar las escuelas de tiempo completo (no dice sí todas o nada más las que cerró el gobierno que está por concluir), mejorar la educación normal, buscar alternativas para las personas que abandonaron la educación básica, impulsar una educación feminista, anti patriarcal y no-sexista y fortalecer “la educación bilingüe en idiomas originarias” (sic).
Da respuesta a demandas de los líderes sindicales (que tal vez influyeron para ganar el voto masivo de los maestros) y se compromete a derogar el Apartado B del Artículo 123 Constitucional con el ánimo de garantizar los derechos laborales; esto incluiría a todos los sindicatos de la burocracia federal.
Es curioso que la plataforma de Morena no hable de becas, aunque la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, impulsa un cambio constitucional para que todos los alumnos de educación básica reciban una.
Proponer no compromete. La política educativa está inmersa en juegos de poder y relaciones conflictivas. El SNTE ya advirtió que apoyará al gobierno de Sheinbaum, pero exige reciprocidad, es decir, más acceso a la SEP y facilidades para recolonizar el gobierno de la educación básica.