Desde principio de siglo, el tema en educación en México ha sido la calidad educativa. En torno a ésta y en el afán de mejorarla se han promulgado y modificado muchas leyes y reglamentos, se han creado numerosos programas, y se han pronunciado un sinnúmero de discursos.
¿Ha tenido todo esto algún efecto sobre la calidad de los aprendizajes en el país?
Durante el sexenio de Fox se hicieron públicos, por primera vez, los resultados de México en una prueba internacional de logro (PISA 2000) y se fundó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2002) con el objetivo de contribuir, vía la evaluación educativa, a elevar la calidad de la educación nacional.
También inició el Programa Escuelas de Calidad; se montó un gran acuerdo nacional –Compromiso Social por la Calidad de la Educación– integrado por empresarios, magisterio organizado, iglesias y ONG; y se echaron a andar los trabajos para la Reforma Integral de la Educación Básica, así como para la primera prueba nacional de logro educativo (ENLACE).
Durante el gobierno de Calderón, el énfasis sobre la importancia de elevar la calidad educativa se mantuvo. Destacan al respecto: la puesta en marcha, anualmente, de la prueba ENLACE –misma que se aplicó en todas las escuelas del país–, primero en educación básica y, más tarde, en media superior; la Reforma Integral de la Educación Media Superior; y, muy particularmente, la negociación y ejecución de una reforma denominada Alianza por la Calidad Educativa.
Esta última reforma, acordada entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), incluyó como componente clave la introducción (inédita en la historia del país), de concursos de ingreso para la ocupación de puestos docentes en el sistema de educación pública.
Si bien los concursos sólo se aplicaron para plazas docentes nuevas y vacantes definitivas, el uso de pruebas basadas en conocimientos y habilidades para acceder a un puesto docente (en sustitución de las prácticas clientelares tradicionales, administradas conjuntamente por los liderazgos del SNTE y las autoridades educativas federales y estatales), supuso un cambio de fondo en la estructura del sistema educativo y abrió el camino para una reforma más amplia en el mismo sentido impulsada, desde el inicio del sexenio, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La centralidad concedida por el gobierno federal a la necesidad imperiosa de elevar la calidad educativa, ha alcanzado su punto culminante durante la presente administración. Más allá del discurso, de 2013 a la fecha se han introducido reformas legales y transformaciones en política educativa (sobre todo en la parte “política” e institucional de la materia) de gran envergadura. Todo ello ha tenido como objetivo declarado y fundamental: mejorar los aprendizajes de los alumnos mexicanos y lograr que se adecúen a las realidades y desafíos del siglo XXI.
Las transformaciones en la conducción y regulación del sistema educativo nacional, impulsadas por la administración de Peña Nieto, son muy numerosas.
Desde el punto de vista del objetivo declarado de elevar la calidad educativa, cuatro resultan especialmente importantes.
En primerísimo término, la transición hacia un sistema de acceso, ascenso y permanencia en (todos) los puestos docentes y directivos basada, ya no en las prácticas clientelares tradicionales, sino en evaluaciones estandarizadas orientadas a determinar qué tanto un candidato y/o un docente en funciones cuenta con los conocimientos y las habilidades para ser maestro/a, para ser ascendido y/o para permanecer en el cargo.
En segundo lugar, reformas para ordenar el manejo presupuestal de las plazas docentes federales (las más numerosas). Tercero, programas para atender las (acuciantes) necesidades de infraestructura en las escuelas con mayores carencias. Cuarto, una propuesta detallada de nuevos currículos y prácticas pedagógicas centradas en la adquisición de saberes y habilidades fundamentales, y en el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender” en los estudiantes.
Muy bien que la calidad educativa se haya vuelto tan central. Pero, subsisten varios problemas serios. Entre otros, el asunto de a quién y a cuántos les importa el asunto lo suficiente para exigirle al gobierno continuidad y resultados.
También el desafío gigantesco de las carencias administrativas y de personal para hacer realidad leyes y programas en el aula; la inadecuada preparación de muchísimos maestros en servicio para encarar la tarea; y la insuficiente y muy inequitativa distribución de recursos materiales y humanos para que las escuelas mexicanas puedan impulsar mejores aprendizajes.
Un reto (mayúsculo) adicional es que los datos disponibles indican que no ha habido mucho avance y resultan insuficientes para saber –con certeza– acerca de posibles logros puntuales, en especial para los años más recientes. La prueba ENLACE se suspendió en febrero de 2014.
Fue sustituida por PLANEA, pero esta sólo se aplicó, censalmente, en 2015, y los resultados de su aplicación –acotada– en 2016 no son consultables (¡no se pueden bajar de la página web de PLANEA!).
Nos queda PISA 2015, pero, por desgracia, los resultados de ese año son casi iguales que en 2000 y, además, no son representativos a nivel entidad federativa (no nos alcanzó para ello, a pesar de ser la 14ª o 15ª economía del mundo).
Habrá que esperar a PISA 2018, a que aumente la oferta de empleo calificado formal, o a que nos ilumine la “fe” y consigamos ver los logros, aunque no haya datos para respaldarlos.
