Las consecuencias del neoliberalismo educativo han sido desiguales en la región latinoamericana. En Chile dejaron cerca de un millón de jóvenes estudiantes con endeudamiento bancario y hay más escuelas privadas que públicas; en Puerto Rico propiciaron el cierre de la mitad de las escuelas de educación básica en los últimos 10 años y las otras fueron abandonadas a la administración empresarial de las denominadas chárter; pero, en otros países no han avanzado con la misma celeridad y profundidad. Tal es el caso de México, pese a que fue ejemplar en la neoliberalización de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional y a la gravedad de los impactos que han tenido las medidas de los tratados de libre comercio en el desmantelamiento de lo público y la regulación de los sindicatos.
Para entender lo anterior, nos podríamos preguntar: ¿por qué después de la descentralización no se llevó a cabo la municipalización del sistema educativo en todo el país?, ¿a qué se debe que no tengamos escuela chárter, subvencionada o concertada a particulares para la administración del dinero público y la definición de los programas de estudio?, ¿qué pasó con la propuesta del váucher por alumno para la transferencia de dinero a las empresas escolares?, ¿qué sucedió con el acuerdo de cooperación México/OCDE para que los usuarios de los centros educativos estatales pudieran despedir o contratar maestros?, ¿dónde quedó la evaluación para el despido de los docentes? ¿Por qué no hay exámenes estandarizados de relevancia nacional para los alumnos imponiendo el currículo empresarial, ni definiendo el salario docente o el financiamiento discriminatorio de las escuelas?, ¿qué se hizo de los bonos de endeudamiento para infraestructura educativa que comprometían las escrituras de los predios?, ¿y la propuesta del SNTE para que las normales se convirtieran en escuelas técnicas?, ¿adónde se fueron las iniciativas para impostar el PIN parental y el currículo confesional?
Las resistencias magisteriales han sido un factor fundamental en la contención de estos proyectos de despojo de los derechos profesionales de los educadores y de privatizaciones; no obstante que los ejemplos mencionados representan estrategias centrales del neoliberalismo educativo, no lograron materializarse por medio de la imposición de la hegemonía política de la derecha, ni a través del uso de la violencia gubernamental o la represión administrativa.
Pero, resistir ha sido más que un acto de negación y rechazo; desde hace décadas construyeron propuestas alternativas articuladas regionalmente y de alcance nacional, logrando romper con las pedagogías competitivas, los currículos estandarizados, la formación gerencial de la docencia, las escuelas escindidas de sus comunidades, la infraestructura carcelaria de los ambientes democráticos del aprendizaje, los conocimientos eurocéntricos y las visiones educativas enciclopédicas e instrumentadoras del libro de texto como garante ideológico de las clases dominantes. ¿No son estas luchas pedagógicas territoriales la base sobre la cual se está erigiendo la posibilidad de una educación propia en México?
Sería un equívoco pensar que el neoliberalismo educativo fue derrotado, pues sigue latente en las agendas de las derechas, esperando recuperar los espacios legislativos y el poder político del Estado; además, está oculto entre los lenguajes del progresismo y las políticas impulsadas por su hegemonía partidista, intocable en partes esenciales de la Constitución que fueron introducidas en los periodos más ácidos de las reformas empresariales y muchas veces permanece arraigado en las estructuras operativas del aparato gubernamental.
Sin embargo, es justo reconocer que cada uno de esos proyectos truncados, unas veces por la lucha frontal de los docentes y otras por medio de sus propuestas alternativas, constituyen un avance en el proceso democratizador del país, en el sostenimiento de derechos esenciales, como el de recibir educación pública y gratuita que, sin estos actos de resistencia, nos hubieran sido arrebatados, como ha sucedido en otras naciones.
El protagonismo que ha tenido la CNTE como articulador del movimiento democrático magisterial y en la contención de reformas educativas antiderechos es innegable. Cuarenta y cinco años de lucha al margen del poder, fuera del aparato de control burocrático del sindicalismo institucional y de sus estructuras financieras, son ejemplo de una resistencia verdaderamente heroica.
Quizás esto explica, pero no hace comprensible que la CNTE haya optado por una política de distanciamiento con la diversidad de organizaciones magisteriales que están llevando a cabo procesos democratizadores del sindicalismo en los márgenes que permite la legalidad de la reforma laboral y del nuevo reglamento del SNTE; que haya decidido trasladar la crítica de la reforma educativa a las experiencias pedagógicas pre existentes a la NEM que, en todo caso, han encontrado en ella y en la autonomía profesional una fisura a la represión administrativa en sus estados.
Remitir la trayectoria de una organización de carácter nacional que ha fungido como polo de atracción de los descontentos magisteriales, en los momentos que más se ha necesitado, a su núcleo duro de militancia y a las regiones históricamente conquistadas, es un grave error, justamente en los tiempos en que se requiere re articular el sindicalismo de izquierda frente a la cooptación ideológica del progresismo y las nuevas formas de privatización y reconfiguraciones del trabajo docente que impone el capitalismo digital.
