Alejandro Canales Sánchez*
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como lo mencionamos aquí la semana pasada, anunció 50 lineamientos para acabar con la corrupción e instaurar un régimen de austeridad en la Administración Pública Federal (APF). En el número 18 quedó anotado: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
El lineamiento anunciado por AMLO tomado literalmente, comenzaría por cancelar todos los fideicomisos vigentes en la APF. Y sí, el número de programas atados a fideicomisos es muy voluminoso. La organización Fundar ha documentado que suman casi cuatro centenares de fideicomisos e involucran poco más de 800 mil millones de pesos (Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público, 2018). Alrededor de un tercio de ese total de fideicomisos escapan a la rendición de cuentas, porque se constituyen con recursos públicos en la banca privada y están protegidos por la confidencialidad.
En general, sin considerar los fideicomisos privados que involucran recursos públicos, se consideran otros dos tipos de fideicomiso: los que son entidad paraestatal (los maneja la estructura administrativa de la propia entidad) y los que no tienen estructura orgánica (no son entidad paraestatal). Los paraestatales, como siguen su propia estructura, no debieran presentar problema de fiscalización y rendición de cuentas. Actualmente, según los datos de Fundar, este tipo de fideicomisos son 19, su total de ingresos es de 343 mil millones de pesos y el monto final de disponibilidad sería de 49 mil millones de pesos en cifras redondas.
Por su parte, los segundos, los fideicomisos sin estructura orgánica, no siempre rinden cuentas, aunque normativamente están obligados a informar sobre los recursos que manejan (rendimientos, egresos e ingresos), actos jurídicos los denominan. En el 2018, también conforme los datos de Fundar, estos fideicomisos son mayoría: suman 337 fideicomisos y su total de ingresos es de 772 mil millones de pesos.
En el caso de Conacyt, solamente tiene dos fideicomisos entidad paraestatal, es decir que los maneja directamente: uno de 816 millones de pesos con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación y otro por 227 millones de pesos del Fondo para el desarrollo de recursos humanos. En cambio, fideicomisos sin estructura orgánica, al 31 de junio de este año, son 65 fondos: 4 institucionales; 35 mixtos; 25 sectoriales; y 1 de Fidetec. El saldo bancario total sumaba 26 mil 274 millones de pesos, en cifras redondas.
Los fondos sectoriales concentran la mayor proporción del total del saldo: casi 17 mil millones de pesos (64 por ciento del total). Estos fondos comenzaron a operar al comienzo de los años 2000 y se crean mediante convenios entre Conacyt y otras dependencias de la APF o entidades del sector (Inee, Sep, Inmujeres, etc.) con la idea de alentar la investigación de ese mismo sector. Además, según los datos de propio Conacyt, a junio de este año, la mayor cantidad de recursos de este tipo de fondos fue para Hidrocarburos —tal vez firmado con la Sener— y concentró 59 por ciento de los 17 mil millones de pesos. Nada irrelevante.
En lo que concierne a los fondos mixtos, los que firma Conacyt con gobiernos estatales y municipales para fomentar la investigación en determinada área, todas las entidades federativas tienen firmado al menos un convenio. La cantidad de recursos que manejan es poco menos de una tercera parte de lo que tienen los fondos sectoriales y el Edomex (383 mdp), la Cdmx (374 mdp) y Guanajuato (346 mdp) son las entidades que tienen los montos más altos. Las diferencias pueden o no tener explicación en las capacidades instaladas, aunque los fondos estaban precisamente para alentar el desarrollo regional.
En fin, el tema de los fideicomisos tiene muchas aristas y vale la pena examinarlas antes de decretar su cancelación. Esta etapa de transición es y será irrepetible. No solamente porque son otros los personajes de hoy o incluso porque las transformaciones a registrarse pudieran o no ser profundas, lo es porque será la última vez que se verifique un episodio tan largo. Sumará cinco meses: desde el 1 de julio, cuando se realizaron las elecciones, al próximo 1 de diciembre, cuando tomará posesión Andrés Manuel López Obrador. La reforma al artículo 83 constitucional que dice que el mandato comenzará el primero de octubre, no aplicará para esta toma de posesión, será para las elecciones del 2024 (DOF. 10.02.2014: 29).
Esta larga transición ha provocado una prolongación de los ánimos exaltados de la contienda electoral. Por el lado del equipo ganador de los comicios, con el presidente electo a la cabeza, se siguen sumando ofertas a la ciudadanía sin ton ni son, en lugar de reservar espacios de reflexión y deliberación para detallar propuestas y presentar un buen plan de gobierno para cuando tome posesión. Por el lado de los críticos y opositores, reclamando desaforadamente que ahora cumpla o incumpla sus intenciones o algunas de sus promesas, como si el gobierno electo ya estuviera en funciones o su plan acabado. En el caso de los fideicomisos, como el de todas las propuestas, no vendría nada mal algo de serenidad para examinar qué debe eliminarse y qué conviene modificar o preservar.
