El ingeniero Sebastián Piñera, quien ya fue mandatario de Chile en 2010-2014, resultó vencedor en las recientes elecciones por la presidencia encabezando el bloque de derecha y centro-derecha denominado “Chile Vamos”. La coalición sumó a los partidos Unión Demócrata Independiente (derecha), Renovación Nacional (centro-derecha) del que Piñera fue presidente de 2001 a 2004, Partido Regionalista Independiente (centro, de inspiración cristiana) y Evolución Política (centro-derecha) fundado apenas en 2012. Piñera triunfó, con más de nueve puntos de ventaja, sobre Alejandro Guillier, abanderado de la social democracia chilena, quien no pudo más que aceptar el resultado y resignar la derrota. Al igual que en la Argentina de Mauricio Macri, en Chile se ha vuelto a imponer la opción política de derecha, la más cercana al programa neoliberal.
Durante su primer mandato, Piñera y sus ministros de educación, Felipe Bulnes Serrano (2011), Harald Beyer Burgos (2011-2013) y Carolina Schmidt Zaldívar (2013-2014), ni quisieron ni supieron atender a las demandas que planteaba la movilización de los estudiantes universitarios, que se levantaron para presionar en favor de una educación superior pública gratuita, limitaciones a la inversión privada lucrativa en el sector, y democratización de las condiciones de acceso al sistema. El poder legislativo del país, dominado entonces por las alianzas de centro-derecha, fue también insensible para facilitar una negociación favorable a los estudiantes.
La postura presidencial contra el movimiento universitario de la época, sumada a críticas de conflicto de intereses en la distribución de contratos gubernamentales, fue haciendo decaer la aceptación sobre el mandato de Piñera al grado de marcar un récord histórico de impopularidad, preludio de su derrota en la elección de 2014 en que triunfó, por segunda ocasión, la propuesta de Michelle Bachelet. A diferencia de su antecesor, la presidenta colocó al centro de sus prioridades de gobierno el tema educativo, en particular la solución de las demandas de los jóvenes universitarios. No solo eso, sino que varios líderes del movimiento de 2011 consiguieron escaños en la cámara baja, como es el caso de Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Karol Cariola.
A pesar de su voluntad de transformación, ni todas las promesas ni todas las iniciativas programáticas del gobierno de Bachelet lograron cumplirse en su administración. En gran medida porque la reforma fiscal, de la que dependía el incremento sostenido del gasto en educación, obtuvo resultados por debajo de lo previsto, y en parte porque la implantación de reformas normativas para el control del sector privado lucrativo en educación superior fue reiteradamente resistida y litigada por los grupos interesados. En todo caso, el ritmo de avance fue más bien lento y no siempre eficaz, por ello los estudiantes volvieron a la calle en 2016, quizás con menos intensidad que en 2011, pero con la reiteración de sus demandas históricas y con un claro reclamo ante el incumplimiento de los planes de la Concertación y sobre la capacidad de Bachelet para cumplir sus compromisos.
Con la vuelta de Piñera se abre un nuevo escenario. Con la lección aprendida, al menos la del discurso políticamente correcto, el presidente electo incluyó en su plataforma de campaña y en su propuesta general de gobierno una serie de iniciativas para mejorar el sistema educativo chileno. El programa (véase) comprende todos los niveles del sistema, con énfasis especial en la modernización de la educación media, pero también incluye planteamientos sobre la educación superior. En particular:
- Creación de un nuevo Sistema Solidario de Acceso a la Educación Superior (Gratuidad, Becas y nuevo sistema de créditos estatales).
- Nueva institucionalidad para la Educación Superior y la Ciencia: Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; Superintendencia de Educación Superior y modernización del Sistema de Acreditación.
- Creación de fondos concursables para potenciar las capacidades académicas en el plano educativo y de investigación en ciencia y tecnología, humanidades y creación artística, abierto a todas las entidades de educación superior con ciertos niveles de acreditación, sean universidades, IP o CFT.
Destaca, en relación con las demandas del movimiento estudiantil universitario, la propuesta de equilibrar el acceso social a la educación superior mediante dos instrumentos: avanzar en la gratuidad de la educación superior, para lo cual la meta propuesta es de noventa por ciento de gratuidad en el sistema público de educación técnico profesional, y aminorar el impacto del crédito universitario mediante créditos avalados por el estado con tasas de interés por debajo del mercado financiero respectivo.
Antes de la elección Piñera había declarado sobre este tema: “Todos quisiéramos que la gratuidad fuera para todos y en la medida que la economía chilena vuelva a crecer con fuerza y la situación fiscal lo permita, vamos a avanzar en materia de gratuidad pero especialmente con los alumnos de la educación técnico profesional, que representan más de la mitad de la matrícula, los más vulnerables y de clase media” (El Mostrador, 23 de noviembre 2017). O sea que no hay muchas esperanzas que digamos.