La investigación es una función sustantiva, muy valorada en las Instituciones de Educación Superior (IES), porque es el principal modo de producir nuevo conocimiento, en ese sentido, las Escuelas Normales a partir de la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación del tres de marzo de 1984, ostentan esa categoría de IES.
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En el transcurso de la semana pasada salió a la luz un trabajo en un medio nacional bajo el título La mal llamada reforma punitiva, ensayo donde se propone que la reforma educativa PRI-2013 no fue punitiva porque logró el cese de muy pocos profesores, en concreto, un 0.8% de los que se presentaron a las evaluaciones.
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Todo indica que este miércoles 20 de marzo de 2019 a las 17:00 horas, las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales presentarán ante el Pleno de la Cámara de Diputados su Proyecto de Decreto por el que se abrogan las diversas disposiciones de la “Reforma Educativa 2013” contenidas en la Constitución y sus respectivas leyes secundarias, que modifican los Artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, después de ser discutida y posiblemente modifica, el martes 26 de marzo se someterá a votación,
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Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados concluyeron el Dictamen y el Proyecto de Decreto por el que se abrogan las diversas disposiciones de la Reforma Educativa 2013. Éste es el que se discutirá en las Cámaras de Diputados y Senadores en los próximos días. Educación Futura difundió la propuesta legislativa (https://goo.gl/W2FZYB) el pasado catorce de marzo. La sintetizo en diez puntos.
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En el campo de la política educativa, la disociación entre anhelo y realidad mostró su primera cara al conocerse la iniciativa de ley, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre pasado y que busca reformar algunos artículos de la Constitución. Vimos un endeble marco conceptual (“excelencia”), importantes instrumentos de política dejados al garete (ingreso y promoción docente) y el restablecimiento de viejos y regresivos paradigmas como el de “educación indígena” en lugar de proponer tendencias y corrientes de pensamiento novedosas como el de la interculturalidad. ¿Podrá así la #4aT ser una realidad?
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En el marco del diseño de las políticas públicas del actual gobierno para orientar el rumbo de la educación superior y la ciencia en México, nos sumamos a la discusión sobre cuáles son los cambios necesarios en este sexenio, mismos que permitan avanzar hacia una política de Estado. Particularmente, cuando están en el centro del debate cuestiones tan relevantes como la autonomía, el financiamiento, la cobertura, la legislación, la reorganización de instituciones, los perfiles de los nuevos funcionarios y los ingresos y prestaciones de los académicos.
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Desde mi perspectiva, uno de los mayores errores que pudo haber cometido el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, en materia educativa, fue haber logrado y publicado el Acuerdo 23/03/1984 por el que se estableció que la educación normal en su nivel inicial, y en cualquiera de sus especialidades, tuviera el grado académico de licenciatura, sin considerar en dicho planteamiento, algunos otros aspectos jurídicos que propiciaran que la incorporación de las escuelas normales, como Instituciones de Educación Superior (IES), fuera acorde a sus propias necesidades de desarrollo. Claro, se dijo, el cambio era en “pro” de la modernidad y del progreso, y porque la formación de docentes tendría que tener un carácter profesionalizante para que sus egresados, contaran con los elementos que la misma profesión, la sociedad y el mundo exigía en ese momento.
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A raíz de la publicación de la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal el 12 de diciembre del año pasado para reformar las disposiciones constitucionales que regulan la educación en el país, y cumplir con ello las propuestas que el Andrés Manuel López Obrador enunció durante su campaña presidencial, un grupo de académicos, especialistas y representantes de organizaciones civiles, se dieron a la tarea de desarrollar una réplica al proyecto reformador de la presidencia, consistente en un desarrollo normativo que se propone, por un lado, corregir y mejorar dicha iniciativa, y por otro ofrecer elementos innovadores al respecto.
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Derivado de las audiencias públicas llevadas a cabo por la Cámara de Diputados el pasado mes de febrero para analizar el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 12 de diciembre de 2018, la diputada Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación, y el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, informaron que “esta semana que comienza vamos a reunirnos, volver a discutir, analizar conceptos, palabras, enunciados, y elaborar un dictamen que recupere el sentir y las propuestas que se han dicho,”i el cual estaría listo a finales de febrero. Sin embargo, algunos puntos críticos como los criterios de evaluación docente, la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y su sustitución por un nuevo órgano independiente y, al parecer, autónomoii así como el servicio profesional docente han desatado mayores desacuerdos.
Continua LeyendoLa propuesta de reforma educativa que, el gobierno de López Obrador, envío a los legisladores para que fuera discutida en la Comisiones respectivas (de Educación y de Puntos Constitucionales), ha generado las primeras reacciones en el magisterio. Y es que, a través de diversos medios de comunicación, se han filtrado los primeros borradores (https://drive.google.com/file/d/1nvybR6ONukB-WCnuCuWIBalZDJNG7Ek6/view, 14 de marzo) del Proyecto de Dictamen por el que se abrogan las diversas disposiciones de la reforma educativa 2013, contenidas en la Constitución y sus respectivas leyes secundarias, que modifican los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
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