• Jesús Galaz
• 30 junio, 2019
• Opinión
• jesús galaz

Al trabajar en instituciones de educación superior (IES) públicas, los académicos mexicanos están sujetos, teóricamente, a reglamentaciones y acuerdos contractuales que regulan su trabajo y remuneración a lo largo de su contratación, ingreso, permanencia, promoción e, inclusive, retiro de su lugar de trabajo. ¿Por qué entonces la necesidad de aplicar uno o más programas de pago por mérito (PPM) que, sobre los hechos, han asumido la regulación del trabajo académico y, con ello, reducido significativamente las capacidades institucionales para modular el trabajo y la carrera académica de su personal conforme a necesidades locales y autónomas?

• Jesús Galaz
• 24 junio, 2019
• Opinión
• jesús galaz

Durante la década de 1980 los ingresos reales de los académicos se vieron reducidos drásticamente. En ese contexto los programas de pago por mérito (PPM), primero el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y luego los programas de incentivos institucionales financiados por la federación, representaron una tabla de salvación para un sector de los académicos de tiempo completo, así como para las autoridades institucionales y federales encargadas de la educación superior. Algunas voces plantearon la posibilidad de que tales programas podrían, a la larga, resultar contraproducentes para la profesión académica y, consecuentemente, para la educación superior pública, pero como se trataba de salir de una difícil situación de contención salarial de la manera más rápida y barata posible y, al mismo tiempo, con cierta legitimidad, se otorgaron remuneraciones adicionales solamente a aquellos académicos que estuvieran realizando un trabajo de “calidad,” particularmente en investigación. Desde sus inicios se explicitó que estos programas se mantendrían en tanto hubiera recursos financieros disponibles, pero a pesar de ello se han convertido en un eje organizador central del trabajo académico.