Programas educativos diferenciados para la población rural colombiana

Entre otras circunstancias, el descontento generalizado de la población rural por al carácter centralizado de la Ley General de Educación de 1994 y las marchas campesinas que reclamaron mayor atención a las necesidades sociales de este segmento de la población, contribuyeron a que en 2000 (y durante casi 10 años) el Ministerio de Educación Nacional implementara el Proyecto de Educación Rural (PER), el cual articuló nueve programas educativos flexibles para responder a las variadas necesidades de la población rural colombiana. Los costos de la iniciativa alcanzaron la cifra de 120 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial aportó 50%, el Gobierno Nacional 37% y las Administraciones Municipales beneficiadas el 13% restante (Rodríguez, Sánchez y Armenta, 2007). En la siguiente tabla se pueden apreciar los programas articuladores de este proyecto.

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Los que se fueron de la escuela (Parte II)

Según los datos históricos siguientes (ver Gráfica 2), en promedio, entre 2012 y 2019, 14.6% de los estudiantes de educación media superior, 7.5% de los de educación superior, 4.8% de los de secundaria y 0.7% de los de primaria abandonaron la escuela. Estos datos nos muestran que históricamente han abandonado más la escuela los alumnos de educación media superior, después los de educación superior y menos los de secundaria y primaria.

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Dudas del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior

El pasado 20 de abril se promulgó la Ley General de Educación Superior (LGES). Esta ley es muy amplia y contiene loables intenciones, como la gratuidad de la educación y el respeto a la autonomía otorgadas a algunas IES. Sin embargo, queda corta en la forma en que se lograrán estos buenos propósitos, especialmente porque no se habla de su financiamiento ni de su operación. Los recursos para operarla quedarán año con año delimitados a la voluntad de la Cámara de Diputados, mientras que su operación deberá precisarse en diversas normas, estatutos y reglamentos. Lo anterior es especialmente cierto para el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Seaes) contemplado en la Ley, que le corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal. A continuación, destaco algunos elementos de la Ley y dudas que me surgen de su lectura y análisis.

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Los que se fueron de la escuela (Parte I)

El propósito del siguiente artículo es presentar cómo se ha comportado el abandono escolar durante la contingencia por Covid-19; conocer los motivos del estudiantado según la manera en que los registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y articular ambas dimensiones con la situación de pobreza estructural por la que atraviesa nuestro país.

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Una ley Fifí para la educación superior mexicana

En algún momento de la campaña presidencial del 2018 y los primeros meses del sexenio 2018-2024, el presidente López Obrador utilizó la expresión “fifí” para referirse a las personas e instituciones que pretendían dar una imagen de liberales o progresistas y que, sin embargo, se trataba de actores más bien conservadores que buscan defender sus privilegios o al menos el estatus quo. Por momentos algunas personas tergiversaron el sentido de la expresión y lo orientaron hacia “rico” o incluso “amanerado”, generando una innecesaria crispación social, cuando el sentido original está más cercano a pretensioso. En este sentido, la Ley General de Educación Superior (LGES) se puede calificar como una ley fifí porque pretende ser lo que no es. En los siguientes párrafos se presentan algunas ideas que dan soporte a la afirmación.

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Habemus Ley General de Educación  Superior; pero…. ¿consensos ?

El Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó, el 29 de diciembre de 1978, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Este mismo órgano dio a conocer, el 20 de abril de 2021, una Ley General de Educación Superior (LGES), que abrogaba la anterior. Nada más habían transcurrido 43 años, entre uno y otro evento. Durante ese periodo, el sistema nacional de educación superior se había transformado profundamente en cuanto a su conformación segmentada, al tamaño de la matrícula, a los rasgos de la profesión académica, a los soportes de la enseñanza virtual o presencial y al suministro, territorial y por nivel, de los servicios de enseñanza. 

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Y de nuevo la polémica de la historia y sus libros

Las pasadas semanas, en periódicos, revistas y redes sociales, proliferaron opiniones sobre la convocatoria que lanzó la Secretaría de Educación Pública para la elaboración de los libros de texto gratuitos para primaria. Se han centrado en los agentes involucrados, en el rápido proceso de capacitación, en que no se pagará a las y los colaboradores… La mayoría de las opiniones se refirieron de manera general a los libros de todas las asignaturas, no obstante es de destacar que el caso particular de los libros de texto gratuitos de Historia causa el mayor escozor y eso no es ninguna novedad…Como historiadora que he participado en elaboración de textos de Historia para secundaria desde 1993 pero que desde el 2017 decidí ya no participar, me siento obligada a contextualizar a los lectores y lectoras, muchos de otras latitudes que siguen o participan en esta aguerrida polémica, con la intención de contribuir a construir miradas más amplias y fundamentadas que son indispensables para tomar decisiones en un asunto tan relevante.  

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Lo que está en juego. Los libros de texto gratuitos 

Recientemente se desataron polémicas por las convocatorias que la SEP ha lanzado para el rediseño y el acompañamiento gráfico de los libros de texto gratuitos de educación primaria, por un lado, por convocar a “normalistas, investigadores universitarios, becarios del CONACYT, miembros de los Consejos Técnicos Educativos, Mesas Técnicas, maestros y directivos de educación pública o privada, bibliotecarios de todo el Sistema Nacional de Bibliotecas, maestros jubilados, cronistas y población en general residente en México” a participar en el rediseño de los libros, —pedagógico–didáctico se interpreta, aunque no es explícito y se acentúa al no estar convocados pedagogos—, sin necesariamente tener experiencia en la elaboración de materiales educativos, y por otro lado, por convocar a “Artistas y artesanos en general; Artistas urbanos; Ilustradores; Pintores; Diseñadores gráficos; Infógrafos y cartógrafos; Escultores; Dibujantes; Fotógrafos; Escenógrafos y Grafiteros” a participar “en la creación de nuevas ilustraciones para los Libros de Texto Gratuitos de Educación Primaria, que generen el acompañamiento gráfico de los aprendizajes y actividades en todos sus contenidos” a cambio de una constancia de participación con valor curricular, el crédito correspondientes y un ejemplar del libro en el que se participó. No habrá remuneración económica. 

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Menores con discapacidad ante la amenaza de la marginación, discriminación y olvido

El giro circunstancial de la emergencia sanitaria global por el SARS-CoV-2 (Covid-19) ha resquebrajado profundamente derechos básicos a la salud, educación y alimentación por la alarmante crisis mundial que estamos atravesando de forma aún más agudizada y profunda, ya que parece que existiera un campo minado en donde aún no se alcanza a dimensionar la magnitud de las repercusiones que nos dejará la pandemia todavía vigente.

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