Vivimos tiempos en donde lo más importante es el resultado final. La educación ha adoptado esta perspectiva a partir de las teorías de eficiencia económica. Por eso ahora se habla de que es primordial crear “capital humano” y “talento” para hacer crecer las naciones.
Pero a los promotores de estas visiones se les olvida algo sustancial: explicar cómo se obtiene ese talento, es decir, bajo qué condiciones nos formamos las personas. El programa Progresa —ahora Prospera—, por ejemplo, está precisamente diseñado para que los niños y jóvenes vayan a la escuela y registren una alta asistencia, no para que aprendan en un ambiente libre de sufrimientos. Lo que importa es el resultado: adquirir competencias. El proceso intelectual es lo de menos.
Modificar la corriente eficientista de la educación no será tarea fácil. La ética en oídos pragmáticos suena rarito. Quizás un camino alterno para discutir con los ideólogos del capital humano sea repasar casos de la vida real.
Gracias a algunos medios de comunicación, nos enteramos que en la opulenta delegación Benito Juárez de la Ciudad de México se ubica una escuela privada llamada Montessori Matatena en donde se cometían actos tan graves como el maltrato psicológico y el abuso sexual contra los niños en edad de preescolar.
El caso del Montessori Matatena contó con una buena cobertura mediática, propició un genuino activismo por parte de algunas madres y padres de familia y atrajo la atención de las autoridades locales y federales. En este sentido, debo reconocer que el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, actuó con sensibilidad y ordenó rápidamente una investigación para aclarar lo ocurrido en dicho plantel. De hecho, el 6 de mayo pasado se dio a conocer el informe sobre los hechos sucedidos en el Colegio Matatena.
En el informe se puede leer que todo empezó en diciembre del año pasado, cuando una madre de familia dirigió un escrito a la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar (CSEP) debido a que su hija era, presuntamente, tratada a gritos en el Colegio Montessori Matatena. Un mes después, se realizó una visita de supervisión “higiénico-técnica-pedagógica”. Esto fue pura revisión superficial. De hecho, el Informe de la SEP asegura que la supervisión estuvo centrada en “aspectos formales” sin que se recabara información sobre el “comportamiento de los prestadores del servicio educativo y su interacción con los alumnos”. ¿Ven cómo los procesos sí cuentan?
A mediados de abril, se hizo público que no solo se les gritaba a los niños, sino que el esposo de la directora había cometido abuso sexual contra los menores. Por fortuna, el colegio ya fue clausurado y al supuesto pederasta ya se le dictó formal prisión por abuso de tres niños.
Mientras esperamos a que se haga justicia, el Informe de la SEP resaltó claramente las fallas institucionales con las que opera el sistema educativo de la Ciudad de México —aún centralizado—. Dice que la supervisión no fue rigurosa en materia de protección y seguridad de los educandos, hubo “laxitud” de parte de la autoridad para actuar, los instrumentos de las inspecciones fueron “débiles” y la desarticulación entre las áreas competentes fue patente. Con este marco institucional, la educación no puede ser “palanca del desarrollo”.
El Informe de la SEP recomienda, en consecuencia, el “cese inmediato” de los supervisores que estuvieron a cargo de la visita al colegio y también revocar el permiso al Montessori para poder operar en cualquier parte. Además, se le solicita al titular de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal que ofrezca apoyo y atención psicológica a los niños y padres de familia y se le exhorta para que, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, ponga en operación un Sistema de Alerta Temprana que detecte a alumnos en riesgo.
Con admirable celeridad, la semana pasada supimos que la SEP y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acordaron implementar acciones “inmediatas para prevenir y erradicar la violencia, maltrato, acoso y violencia sexual en contra de los estudiantes de Educación Básica en la Ciudad de México” (Comunicado, 18/05/16). Ahora habrá un número para denunciar estas detestables prácticas en las más de 8 mil escuelas de la CdMx (360-18-700), así como un correo electrónico (buzesco@sep.gob.mx).
Pero las cosas no paran ahí. Un grupo de madres organizadas le dirigieron una carta al titular de la SEP para solicitarle cinco cosas más: (1) que las medidas de prevención de abuso sexual y maltrato sean de carácter federal y no solo para la Ciudad de México; (2) que se aplique una evaluación del perfil psicológico a cada trabajador de los centros escolares y que sea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) el responsable de su diseño. Los resultados de estas evaluaciones, proponen, deben ser públicos, de fácil acceso y si son satisfactorios, deben permitir la permanencia en el puesto de trabajo. ¿Qué dirán los líderes sindicales de esto?; (3) diseñar e implementar mecanismos para prevenir la simulación y la corrupción en los procesos de supervisión escolar; (4) que se les reconozca a los padres y madres de familia las facultades de vigilancia y auditoría de la integridad de las niñas y niños; y (5) que la efectividad de las acciones de prevención se muestre en evaluaciones que sean públicas.
Esperamos la respuesta del titular de la SEP. Se va creando un ambiente en donde se propugna por tener escuelas —públicas y privadas— que combinen la “calidad educativa con la protección a la infancia”, ¿será esto tan difícil?
