Tuvieron que pasar poco más de 50 amargos meses, para que el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Gro., tomara un curso diferente del que había seguido con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que como bien sabemos, este día (3 de diciembre de 2018), el Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó un Decreto para la creación de una Comisión de la Verdad cuyo objetivo es claro: resolver la desaparición de los 43 jóvenes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Sí, fueron 50 meses en los que hasta el último día del gobierno peñista, la “verdad histórica”, se mantuvo como una verdad “absoluta” y de la cual, ninguno de los argumentos que la sustentaron han podido mantenerse, ni por el ex procurador Jesús Murillo Karam, ni por la ex procuradora Arely Gómez, ni por el propio ex presidente de la República, que ya es historia. Sí, fueron 50 meses en los que los padres de familia, fueron ignorados y sobajados por las instituciones gubernamentales y por los representantes de éstas quienes, dicho sea de paso, evidenciaron su mediocridad, insensibilidad y falta de ética en el ejercicio de sus funciones. Sí, fueron 50 meses en los que el dolor, la angustia, el sufrimiento, la impotencia, la frustración o la incertidumbre, creció a pasos agigantados, en los corazones de los familiares de los 43. Sí, fueron 50 meses en los que la opacidad y gran vacío gubernamental, característica más elocuente de seis nefastos años de gobierno, hicieron gala de presencia en uno de los sucesos más trágicos de México, superado apenas, por la matanza del 68.
¿Puede haber sufrimiento mayor de aquel que significa el no poder encontrar con vida a uno de nuestros hijos?, ¿puede haber un dolor más intenso de aquel que significa la incertidumbre y desasosiego por saber lo que uno de nuestros hijos puede estar viviendo en estos momentos en manos de sus captores?, ¿puede comprenderse la vida que vive un padre o madre de familia que no conoce el paradero de quien, durante su gestación, infancia y adolescencia, vivió cerca de ellos? No, no puede comprenderse, así como también, no puede entenderse el sufrimiento y dolor como el que ahora le expongo.
Sí, es fácil, desde un escritorio o muy alejado de los hechos, criticar las causas y/o razones por las que estos jóvenes actuaron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de aquel, no tan lejano, 2014. Sí, es fácil exponer ciertas conclusiones sobre los hechos que, en los meses subsecuentes, le siguieron a tan trágico suceso. Sí, es fácil hablar desde la ignorancia y la mezquindad, características fundamentales del oportunismo y protagonismo. Lo que no es fácil, es redactar unas líneas como las que ahora le comparto puesto que, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir de cerca el normalismo rural mexicano, sabemos de los estrechos lazos de amistad y fraternidad que se construyen en torno a cientos de historia de vida que, por el simple hecho de haberse construido en la pobreza, son ignoradas desde su origen.
¿Qué gobierno es capaz de desaparecer a estudiantes que, por años, han mantenido una lucha legítima para asegurar su subsistencia?, ¿qué gobierno es capaz de “construir” una “verdad histórica” sin la menor muestra de sensibilidad para con la sociedad y los familiares de las víctimas?, ¿qué gobierno es capaz de gobernar anteponiendo los intereses de las instituciones y no de sus ciudadanos en estricto apego a los derechos de éstos? Sí, la respuesta usted la conoce, solamente un gobierno pudo lograr esto, y ya se ha ido, sin pena, y espero, con castigo.
Las investigaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que actuó del 2 de marzo de 2015 al 30 de abril de 2016 en nuestro país; los informes que éstos entregaron a las autoridades y que fueron escasamente tomados en cuenta por éstas para profundizar en las indagaciones sobre los hechos de la noche de Iguala; la paupérrima participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México en este asunto; la intensa investigación que periodistas y, de alguno que otro académico e intelectual, sobre este trágico suceso, y que han aportado elementos valiosos para su resolución y/o esclarecimiento; la “imposibilidad” de abrir una indagatoria para corroborar la participación del ejército mexicano (batallones 27 y 41 de infantería) dado los posibles nexos de éste con el narcotráfico en esa zona del territorio mexicano; son algunos de los elementos que, quienes conforman la recién nombrada Comisión de la Verdad, pueden tomar en cuenta para que los hechos se esclarezcan, de principio a fin.
Nada, en absoluto, podría dar mayor certeza en el actuar de los integrantes de esa Comisión, que el dar con los responsables, materiales e intelectuales, de este artero secuestro pero, sobre todo, dar con el paradero de los jóvenes cuya búsqueda, se ha convertido en un símbolo para el pueblo de México.
En suma, si alguien todavía piensa que las Escuelas Normales Rurales en nuestro país han sido cuna de “guerrilleros”, permítanme no sacarlos del error en este momento; los normalistas rurales son unos “guerrilleros”, porque a diario combaten la ignorancia, el fanatismo y la superstición, con conocimiento, con esmero, con inteligencia, con perseverancia pero, sobre todo, con amor a su profesión: la de ser maestro. O, como Abraham Rivera Sandoval bien lo señalaba: siendo un maestrito de pueblo.
Ayotzinapa: verdad y justicia. No hay más.
