Rogelio Javier Alonso Ruiz*
De manera contradictoria, la educación obligatoria dista de ser universal. Si bien es un mandato constitucional que todo mexicano curse desde la educación preescolar hasta la educación media superior, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE,2018a, p. 282), para el ciclo escolar 2016-2017 existían más de tres millones de niños y jóvenes que no estaban matriculados en su nivel correspondiente dentro de los que comprende el tramo educativo obligatorio. Así pues, por diversas razones, había una gran cantidad de niños y jóvenes que no tenían las posibilidades de ejercer su derecho a la educación. La presencia y ausencia de alumnos en la escuela se resume en la siguiente proporción: por cada alumno fuera de la escuela (3,325,310 en total) existen diez dentro de ella (30,112,010 en total) (INEE,2018a, p. 282).
A nivel nacional, se puede afirmar que conforme se avanza en edad típica para ejercer la educación obligatoria (3 a 17 años), la población va dejando de asistir a la escuela. Si bien en el primer año de este trayecto la población no matriculada es considerable (56.5%), de los cinco a los 11 años la matriculación es prácticamente universal. El drama inicia a partir de la edad típica para educación secundaria y hasta media superior, pues el porcentaje de no matriculados comienza un crecimiento sostenido y vigoroso que lleva del 2% a los 12 años al 42.4% a los 17 (INEE, 2018b, p.286). La crisis se hace aún más aguda al ingresar al nivel superior: la tasa de matriculación de alumnos en edades típicas para este nivel supera en todos los casos el 60% de la población nacional.
Las posibilidades de tener acceso a una escuela se ven afectada, además, por una serie de variables que reafirman la naturaleza discriminatoria del Sistema Educativo Nacional. Por ejemplo, situándonos en el tramo final de la educación obligatoria (bachillerato o edad típica de 15 a 17 años), los hablantes de lenguas indígenas tienen una tasa de asistencia casi 20% menor que los no hablantes de lenguas indígenas (56.7% de los primeros, por 74.4% de los segundos); quienes provienen de hogares cuyo jefe no tiene instrucción tienen casi la mitad de tasa de asistencia (53.1%) de aquellos en los que el jefe tiene escolaridad superior (94.7%); así como los casos anteriores, la asistencia a un centro escolar se ve seriamente afectada en función de la presencia de otros rasgos, tales como el grado de marginación las condición de discapacidad o de pobreza (INEE, 2018a, p. 113). Lo anterior quiere decir que el problema para poder asistir a una escuela no es generalizado entre la población nacional, sino que se ensaña precisamente en aquellos grupos poblacionales que de por sí ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. De este modo, al no ser capaz de retener a alumnos de este tipo de grupos poblacionales, el sistema educativo hace eco de la enorme injusticia y desigualdad social que imperan en nuestro país.
Una vez que los alumnos son capaces de matricularse en el nivel educativo que les corresponde surge un nuevo reto: la permanencia en el mismo. Si bien el INEE (2018b, p. 336) destaca que los índices de abandono han disminuido levemente desde el ciclo escolar 2001-2002, aun se sitúan en niveles preocupantes, sobre todo en la educación secundaria y media superior. De acuerdo con la misma fuente, durante el ciclo escolar 2015-2016 abandonaron la escuela 1,180,500 alumnos desde educación primaria hasta educación media superior. ¿Qué tanto representa esto? Si consideramos que el calendario escolar de aquel entonces comprendía 200 días, esto quiere decir que por cada día escolar 5,902.5 estudiantes se dieron de baja en todo el país. Dicho de otra forma, por cada hora transcurrida durante los días escolares, ¡se dieron de baja cuatro alumnos! Así pues, concluido el primer día del ciclo escolar, se podría estimar que ya se han ido de la escuela casi seis mil alumnos: ¿cuántas escuelas vacías significará esto? Tan solo imaginarlo resulta escalofriante.
Ya sea por desafiar y burlar a la autoridad o por experimentar aventuras peligrosas, deseos típicos de la adolescencia, muchos estudiantes de secundaria y bachillerato alguna vez llevaron a cabo la fuga de clases. Desafortunadamente, tal acción no sólo representa una anécdota entre quienes la practicaron, sino que, revisando las estadísticas, se observa que existe una fuga masiva de estudiantes en tales niveles educativos: para el ciclo escolar 2015-2016, “se fugaron”, pero no regresaron nunca, 310,893 estudiantes de secundaria y bachillerato (INEE, 2018b, p. 336). Desafortunadamente, quienes conforman tal fuga masiva no tendrán motivos para compartir este hecho como una anécdota divertida y memorable entre sus compañeros de clase, sino que se verán condenados a sufrir las consecuencias del alejamiento de la vida escolar. La falta de oferta educativa y las adversas condiciones sociales conforman un coctel que hace difícil el acceso y la permanencia en la educación secundaria y media superior.
Ante los escandalosos datos que se han escrito surgen algunos cuestionamientos: si el Sistema Educativo no es capaz de asegurar con firmeza el primer paso al ejercicio del derecho a la educación (el acceso físico a una escuela), ¿será capaz de garantizar que quienes lograron ingresar a una escuela ejerzan este derecho recibiendo un servicio de calidad? Si entre no matriculados y “desertores” (término por demás injusto) hay más de cuatro millones de niños y jóvenes , ¿se debe pensar en el servicio educativo que se ofrece en México como un medio para propiciar la movilización social o, por el contrario, para perpetuar las desigualdades sociales? ¿Es realista y viable pensar en aspirar a mejores resultados de aprendizaje cuando las condiciones sociales ni siquiera dejan que millones de alumnos tomen sus clases diariamente? En tiempos de cambios políticos en que se discuten ampliamente temas como las condiciones laborales del magisterio o la pertinencia de los programas de estudio, es urgente que el debate público se centre también en otras asignaturas pendientes, tales como la cobertura y la matriculación, junto con muchas otras que laceran gravemente el derecho consagrado en el artículo tercero constitucional.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.
REFERENCIAS
INEE. La Educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor, 2018a.
INEE. Panorama educativo de México 2017. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor, 2018b.
SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016. México: autor, 2017.
