El 7 de enero, el presidente López Obrador mencionó al SIPINNA como una instancia que, en su anunciada propuesta de eliminar órganos autónomos, considera que podría ser sustituido por el DIF. En otra ocasión discutiré en este espacio las razones en contra de la eliminación, y a favor de la reforma y mejora, de dichos organismos. Pero por ahora quiero poner a consideración las siguientes tesis:
1. El SIPINNA es un mecanismo de coordinación, no un órgano autónomo, y su operación no implica ni costo alto ni burocracia excesiva. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es la acción coordinada del mismo presidente de la República, siete secretarías federales (Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Bienestar, Educación, Salud, Trabajo), el propio DIF, los 31 gobernadores, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el fiscal general de la República, la CNDH, el IFT y ocho representantes de sociedad civil –uno de los cuales es quien esto escribe.
Los representantes ciudadanos no fuimos designados por Peña Nieto ni por López Obrador, sino votados por ese conjunto de funcionarios, y actuamos por nuestras personas, no a nombre de nuestras organizaciones o colectivos. A las sesiones se invita siempre a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a representantes de organismos internacionales, y a cualquier experto que sea relevante escuchar según la agenda.
Para operar la comunicación, las reuniones y la implementación de las decisiones del Sistema, se estableció una Secretaría Ejecutiva, en la que trabajan 60 personas (en el DIF Nacional trabajan cuatro mil 65 funcionarios), con un costo real de 20 millones anuales (contra los casi dos mil millones de pesos que gasta el DIF Nacional). El costo sustantivo de lo que hace SIPINNA lo paga cada instancia federal o estatal con su presupuesto autorizado; lo novedoso está en la confluencia, la convergencia y potenciación de lo que se logra.
2. Fue creado por una Ley General de la República, responde a observaciones de organismos internacionales, y desajustar su institucionalidad sería en detrimento de los derechos de niñas y niños. Su mandato está plasmado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2014, en los artículos 125 a 131, y además ahora hay 31 leyes estatales correspondientes. Así, además del SIPINNA, hay sistemas en cada entidad de la República y además en mil 200 municipios. Adicionalmente al arduo trabajo de años de personas defensoras de los derechos de la niñez y juventud, y de legisladores federales –incluyendo un papel destacadísimo de Alejandro Encinas, hoy subsecretario de Derechos Humanos desde el Congreso de la Unión– la Ley y el Sistema responden a observaciones más o menos severas hechas por la Comisión de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el sentido que México tenía entonces graves problemas de duplicidad y de ausencia en la promoción y defensa de los derechos de la infancia. Justamente se observó que el Estado mexicano debía dejar de ver a niñas y niños solamente como objeto de asistencia, y que tenía que dar el paso claro de empezar a tratarlos como sujetos de derecho. El DIF tiene un mandato acotado, que es insustituible: tiene que consolidar la asistencia a la niñez y adolescencia vulnerable. La asistencia es necesaria, e imprescindible, pero es sólo una parte del conjunto “protección integral”.
3. Los logros del SIPINNA, es decir, de acción coordinada del Sistema no son muy conocidos, pero sí son muy valiosos. Ya se tejió una red, que se corre riesgo de detener y desarticular si sencillamente se desmantela o se “sintetiza” en lo que hace el DIF, con su alcance y capacidad técnica del presente. Ya no podemos retroceder. En esta administración, el SIPINNA logró, por ejemplo, que tengamos por primera vez una Estrategia Nacional de Primera Infancia, con una ruta clara para coordinar las atenciones que van desde el registro civil hasta la nutrición, desde la educación inicial que le toca a SEP hasta la vacunación que le toca a Salud, con la coordinación ordenada de todo lo que puedan y quieran aportar las agencias internacionales y las iniciativas de sociedad civil. Es el SIPINNA, todos juntos y coordinados por el mínimo equipo de la Secretaría Ejecutiva, quien sacó adelante las políticas nacionales para atender integralmente el fenómeno del embarazo adolescente –no sólo los temas de ginecología, sino su derecho a la educación, por ejemplo, evitando la discriminación– o apenas hace dos semanas, haber logrado la reforma para que quede proscrito por ley en el país el castigo corporal y humillante, que dañó física y emocionalmente generaciones y generaciones de niñas y niños mexicanos.
En resumen, el diagnóstico no es adecuado. No sólo habría un altísimo costo político internacional al desconocer y revertir un compromiso de defensa del derecho de los niños, sino que se estaría limitando el todo por la parte, una austeridad que no cabe, y desarticulando el trabajo conjunto para adoptar el enfoque de uno solo de los componentes del sistema. Si nos importan los derechos de la generación joven, su desarrollo en todo momento y condición, no podemos ser indiferentes. Asistencia sí, pero no sin Protección Integral.
