Fidel Ibarra López
El titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Jesús Cantú, es el artífice principal en la elaboración de la Norma 237, una norma con la cual se pretende –dixit Cantú- “que haya una obligación de transparencia y de precisión en la información que proporcionen (las escuelas) acerca de cuáles son los servicios que van a proporcionar, cuánto van a cobrar y qué van a cobrar” (Expansión política, 30 de septiembre del 2021). Visto así, la Norma 237 sería es un ejercicio de regulación para transparentar el servicio que ofrecen las escuelas privadas en aras de salvaguardar los derechos de los consumidores. Esta es la primera parte del cometido; la segunda parte tiene que ver con “procurar la equidad en las relaciones entre proveedores y consumidores” parar brindar “certeza y seguridad jurídica” (DOF, 12-05-2021). En ese sentido, asegura el funcionario “se busca establecer que los compromisos que adquieran ambas partes no se puedan modificar con algún costo extra para ninguna de las dos. Es decir, que los colegios no traten de aumentar sus ingresos o que los padres de familia o estudiantes incumplan sus obligaciones de pago a las cuales se comprometieron al inicio del ciclo escolar y firmar un contrato” (Expansión política, 30 de septiembre del 2021).
Agrego un elemento adicional para completar el contexto y con esto último iniciamos el análisis en el presente artículo. En el DOF (12-05-2021) se señala que “Las actividades reguladas por el proyecto de Norma Oficial Mexicana se interpretarán y aplicarán bajo los principios de equidad, certeza, buena fe y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”. En esto último se ubica un elemento clave: ¿con qué buena fe se está proponiendo la presente Norma? Y la pregunta es válida si la ubicamos en el marco del presente régimen de gobierno. Un régimen que no ha sabido “entenderse” -para decir lo menos- con la iniciativa privada, debido al marco de desconfianza con la cual se ubica a los empresarios y a los negocios que estos generan. A pesar de que, en términos comparativos, la economía mexicana se sostiene con la inversión privada: en el 2019, esta última representó -en promedio- el 18% del PIB, mientras que la inversión pública fue solamente del 2.6%; y en el 2020, la primera se ubicó en el 16.2% del PIB, en comparación con el 2.5% de la inversión pública del Estado. (El Economista, 8 de julio del 2021). La economía mexicana se sostiene con la inversión privada, pero el gobierno actual más que verla como aliada, la concibe con recelo y desconfianza. En lo público no se afirma en esos términos, por su puesto, pero en los hechos así se manifiesta.
En este marco es donde se insertan las escuelas privadas. Y el caso de la Norma 237 más que una regulación se puede leer como un mensaje. Y un mal mensaje, por cierto, porque ante la gravedad de la situación económica por la que pasan las escuelas privadas, en lugar de recibir un marco de apoyo para enfrentar la complejidad, se les “ofrece” un marco normativo para regular el servicio que ofrecen. Y cuando se regula algo, es porque existen vacíos o porque existe un marco de desconfianza sobre aquello que se pretende regular. Y esto último también es válido señalarlo, por lo siguiente: la educación, como fenómeno social, es un campo de batalla político-ideológico. Y el actual presidente lo ha hecho manifiesto en el discurso público: el presidente no confía en la educación privada. Desde su perspectiva, el crecimiento de la educación privada es resultado de la política neoliberal que imperó en nuestro país. Por tal motivo, la observa con recelo y desconfianza. Y si se tiene a un titular del Ejecutivo con una concepción política de ese tipo, una regulación como la que establece la Norma 237 encaja en su concepción política de la educación privada: hay que regular aquello que creció a expensas de los gobernantes neoliberales que le abrieron la puerta a los empresarios para que constituyeran a la educación en una mercancía. En ese sentido, más que concebir a la escuela privada como aliada se le concibe como adversaria, porque es una expresión manifiesta del pasado neoliberal.
¿Es así? En el proyecto de la Norma 237, se les deja a las escuelas privadas la posibilidad de cobrar dos únicos ingresos: las inscripciones y las colegiaturas. Todo lo demás, los padres de familia lo podrán comprar fuera de la escuela (libros, útiles escolares, uniformes, etc.). Con esos dos únicos ingresos, los directivos de las escuelas privadas tendrán que garantizar: instalaciones adecuadas, el pago de los servicios (agua, luz, teléfono, internet), y el pago de maestros y directivos. Y, además, integrar lo que sea necesario para solventar las supervisiones que implementará la PROFECO en las instalaciones de las escuelas -dado que está contemplado en la Norma de marras-.
¿Qué consecuencias generará la aplicación de esta Norma? Para el gobierno un mayor control de las escuelas privadas, pero para estas últimas, de acuerdo con Graciela Meza, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), significaría una pérdida de ingresos entre el 25% y 35% de los ingresos anuales (Expansión Política, 11 de agosto del 2021). Esa pérdida de ingresos podría devenir en cierre de más escuelas privadas. Hay estimaciones en el sentido de que en este ciclo escolar podrían cerrar el 20% de las escuelas, debido a la pérdida de poco más del 50% de la matrícula y las inversiones que se tuvieron que realizar para adecuar las escuelas para el regreso a las clases presenciales. inversiones que van de los 250 mil pesos al millón de pesos (El Financiero, 3 de septiembre del 2021).
En algún momento el presidente López Obrador afirmó en la mañanera del 26 de agosto del 2019 -ante la gravedad de la situación económica por la que estaban pasando las escuelas privadas-, que no se les iba a “dejar de lado”. De ese tiempo a la fecha, no ha habido una señal que indique lo que afirmó el presidente. Las escuelas privadas han tenido que “sortear por cuenta propia” la situación económica. Y más de alguno podrá afirmar que eso es lo que les corresponde hacer luego de que, en términos reales, son empresas privadas. Y la respuesta a esa postura sería la siguiente: si no las van a apoyar desde el Estado, por lo menos no les recarguen el hombro con regulaciones que vendrían a complejizarles todavía más la operación y funcionamiento de las escuelas.
Termino con lo siguiente: la Norma 237 todavía no se aplica; pero podría aplicarse desde el próximo ciclo escolar, si las autoridades así lo determinan. Y aquí está el punto: no hay necesidad de sobrerregular a las escuelas privadas. Y menos bajo las condiciones económicas que están enfrentando. Una sobrerregulación es la medida menos sensata para incentivar a un sector económico que la está pasando mal. Repito: si el gobierno federal no va a apoyar a las escuelas privadas –como ha ocurrido-, por lo menos que no les recargue el hombro con más regulaciones.
Esperemos que en este tema impere la sensatez y se eche abajo el proyecto de la Norma 237. No es momento para “apretar a las escuelas privadas”.
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