Por Jennifer L. O’Donoghue
Nuestro punto de partida, para todo lo que proponemos como Mexicanos Primero, es el derecho a aprender. Entendemos este derecho – tal como está plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño – como lo que uno necesita y lo que uno quiere aprender. Aprender es crecer, desarrollarte, desplegarte, pero no para ser otro o como otros, sino para ser el mejor de ti mismo, la mejor versión de sí. Ello incluye tanto el desarrollo cognitivo como el creativo, físico, social y emocional. Aprender no se limita a ver, recordar o considerar; implica también entender, usar, relacionar, expresar, incidir y transformar.
En el contexto mexicano, el planteamiento más claro y reciente de este derecho se encuentra en la reforma al Artículo 3º Constitucional promulgada en 2013, en la cual se establece la responsabilidad del Estado de garantizar “el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Se ha criticado la reforma en México tachándola de ser solo “administrativa” o “laboral” y no educativa; pero en realidad, poner al aprendizaje como eje de la garantía constitucional en educación representa el cambio más importante de la reforma. Las repercusiones son claramente educativas, aunque no siempre se han destacado en el debate público.
La reforma constitucional altera fundamentalmente cómo concebimos a una escuela. Históricamente se ha referido a la escuela como un “Centro de Trabajo”, reflejo de su carácter –en el pasado- principalmente laboral. Pero, ¿cómo debe ser una escuela orientada al derecho a aprender? El aprendizaje se deriva de las relaciones entre personas que comparten fuertes compromisos mutuos sobre qué se aprende y cómo se aprende, colaboran en actividades específicas en el mundo social y ofrecen oportunidades para la interacción y la retroalimentación. Más allá de ser un edificio con cierta infraestructura o con ciertas relaciones laborales y administrativas, entonces, una escuela orientada al derecho a aprender debe ser una comunidad de aprendizaje, en donde las personas puedan desarrollarse integralmente, más de lo que sería esperable por su situación social, económica y cultural.
Una escuela se forma con personas que desarrollan relaciones de aprendizaje adecuadas para su contexto y que cuentan con las condiciones físicas –tiempo, espacio, materiales- que los apoyan en su labor de aprender juntos. Todas y todos, siendo alumnos, maestros o familias, tienen derecho a aprender en la escuela. El papel del Estado ya no es sólo garantizar que lleguen estas personas o que cuenten con condiciones materiales elementales, sino que también le toca promover el desarrollo de ambientes de aprendizaje eficaces para que todas y todos aprendan al máximo.
En segundo lugar, el mandato del Estado de garantizar el desarrollo integral de todas y todos las niñas, niños y jóvenes mexicanos, se vuelve el criterio para evaluar nuestros esfuerzos dentro del sistema educativo. Esto tiene por lo menos tres implicaciones: 1) desde el diseño, el aprendizaje debe estar en el centro como objetivo principal; 2) hay que evaluar nuestros esfuerzos educativos principalmente desde el logro de aprendizaje; y 3) hay que aprender de nuestras experiencias y hacer los cambios necesarios para llegar al objetivo que es el aprendizaje incluyente.
En este sentido, es preocupante la decisión recién tomada de no implementar el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) como fue previsto. Este es el único instrumento nacional para evaluar los aprendizajes de los alumnos de manera externa, pero no ha sido incluyente (en 2015 no se aplicó a todas y todos) y este año será aplicada por las escuelas mismas, lo cual elimina la validez de sus resultados para cualquier evaluación de programas educativos. ¿Cómo podemos asegurar si el Estado cumple con su obligación de apoyar el “máximo logro de aprendizaje” sin contar con un instrumento de medición?
Si queremos un sistema que apoya el aprendizaje, necesitamos un sistema que aprende. Si una práctica, un proyecto, un programa, una inversión o un cambio administrativo no apoya al aprendizaje, no lo podemos calificar como un “éxito”; hay que aprender de la experiencia y realizar los cambios para hacerlo mejor. Y el corolario también es cierto: si un proyecto demuestra impactar positivamente en el aprendizaje, lo debemos seguir apoyando. Nuestros esfuerzos educativos deben estar vinculados con el aprendizaje de las personas que se continua toda la vida y no con la administración actual.
El aprendizaje ha sido un tema omitido dentro del polémico debate sobre la reforma educativa. Como ciudadanos, no podemos dejar que se pierda de vista lo central: que todas y todos contemos con las oportunidades de desarrollo que nos permitan llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos.
Directora de Investigación de Mexicanos Primero
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