Claudia Santizo, profesora-investigadora en la
Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Cuajimalpa
Si se cumple la expectativa de que la vacunación para COVID inicie en marzo de 2021, podemos esperar que las medidas de emergencia para el servicio educativo se suspendan para el ciclo escolar 2021-2022 y las clases por televisión serán solo anécdotas. Sin embargo, el espacio que se abre a la TV no es desdeñable. Varios países la utilizan en esta emergencia[1]. Por ello, importa considerar ¿cómo se están tomando decisiones en el sector educativo?
La primera situación es la notable ausencia de los docentes en la presentación del programa Aprende en Casa II. No me refiero solo a la ausencia de representantes sindicales, tampoco tienen presencia las opiniones y experiencias que expresaron los docentes durante la primera etapa de Aprende en Casa, iniciada en marzo de 2020.
La actitud de indiferencia o desdén que se tiene por las experiencias o prácticas de los docentes y directores no es nueva. Seguramente los docentes y directores reportaron resultados de Aprende en casa, en su primera etapa, pero no se conoce un informe de la SEP sobre estas experiencias. Lo publicado son múltiples comentarios y opiniones que están dispersos en diversos medios. MEJOREDU tiene un blog para docentes[2], en periódicos y sitios web se difunden experiencias[3]. En algunos artículos[4] y trabajos se avanza hacia un análisis más ordenado[5].
Un segundo asunto, es la notoria ausencia de respuestas institucionales en la SEP. No conocemos el proceso interno de toma de decisiones, pero Aprende en Casa ofrece un espacio inmejorable para posicionar las funciones de MEJOREDU, como organismo que sustituyó al INEE. A MEJOREDU le corresponde realizar una valoración institucional de lo que aprendió el sistema educativo con la experiencia de educación remota, al igual que le correspondería evaluar los resultados de la 2ª etapa de Aprende en Casa.
La tercera situación es la limitación de las clases en televisión y sus posibles efectos negativos, en gran medida por las limitaciones del instrumento. En la actual emergencia la televisión es el principal recurso disponible para continuar con la educación pública, pero no cubre a 100% de los estudiantes, no atiende a los estudiantes con diversas discapacidades y es previsible que amplíe y profundice el rezago escolar, entendido como las deficiencias en aprendizajes de los niños de acuerdo con su edad y grado escolar. Para atender el abandono y el rezago escolar se necesitan acciones complementarias más allá de la televisión.
Las clases en televisión permiten acceso, pero no garantizan equidad. Ésta se obtiene cuando se desarrollan aprendizajes semejantes en estudiantes que se encuentran en situación de desigualdad de condiciones sociales y económicas. Este es el mayor problema de la educación pública que, con alta probabilidad, se puede agudizar, no aminorar, con la impartición de clases por televisión.
El secretario de educación, Esteban Moctezuma, declaró en una entrevista que las clases que se transmitan por la televisión se darán por una dupla, un conductor de TV y un maestro. Concediendo el beneficio de la duda no se puede dejar de señalar la premura de la decisión. Se centra la atención en la televisión y se deja de lado la solución de otros problemas, con la posibilidad de que los más perjudicados sean los estudiantes en situación de desventaja social y económica.
El gobierno y las autoridades del sector educativo están siguiendo las pautas de un proceso de decisiones centralizado y vertical. El siglo pasado, en la etapa del PRI, ese tipo de decisiones centralizadas contaron con la anuencia del liderazgo sindical del SNTE; fue parte del acuerdo político del régimen. Ese acuerdo no ha terminado, como lo muestra la actitud de anuencia de los líderes del SNTE, pero se agregan nuevos actores con la presencia en primera fila de las televisoras privadas.
En esta situación cabe preguntarse sobre la actividad que realizarán los docentes, directores y otras figuras educativas.
Grupos de docentes, de diversos estados, mantienen actividades regulares desarrollando proyectos educativos de diverso tipo. Además, varios docentes expresaron sus experiencias y opiniones en diversos medios sobre la educación en casa. Todos estos esfuerzos, individuales y de grupo, no se canalizan de manera institucional por la SEP. Por ello, surge la pregunta de los pasos que darán los docentes para obtener un espacio y una posición más activa en la política educativa.
La participación de los sindicatos en la nueva realidad educativa no ofrece perspectivas de cambio importantes. El liderazgo del SNTE mantiene su actitud tradicional de apoyo al gobierno en turno. No se trata de esperar una confrontación, pero sí de proponer alternativas para mejorar la educación.
El otro grupo sindical importante, la CNTE, se apoya en un proyecto desarrollado principalmente en Oaxaca pero no hay difusión de sus resultados. El potencial de ese proyecto educativo se pierde por el menosprecio o rechazo a la evaluación de sus resultados. Así, un instrumento técnico, como es la evaluación, se convierte en un tema político. No toman en cuenta que la legitimidad de su proyecto se basa en mostrar que se mejora la equidad. Es decir, que a pesar de la desventaja social los estudiantes obtienen aprendizajes semejantes a otros estudiantes en mejores condiciones sociales.
Cabe anotar la alternativa que propone la CNTE para que los docentes visiten a los estudiantes dejando en las casas unos cuadernillos de trabajo. La CNTE reporta que esta acción fue aplicada en Michoacán como solución al problema de acceso de las familias a la televisión[6]. Esta solución no se contrapone a las clases en televisión y atiende el problema de mantener un contacto mínimo entre docentes y estudiantes. Hay riesgos sanitarios, pero se pueden minimizar con el cuidado adecuado.
Las propuestas de las élites, política y económica, disfrutan de mayor ventaja sobre las propuestas sin articulación de los grupos de docentes. Esta imagen parece el escenario de una disputa política, pero es mejor verla como una disputa para delimitar espacios donde actores con diversas perspectivas aporten sus propuestas de mejora educativa.
Ojalá hubiera plena conciencia de que las decisiones verticales, centralizadas, tienen un alcance limitado y de que las perspectivas únicas no pueden abarcar ni tener todas las respuestas para la compleja realidad educativa del país. Se necesitan abrir espacios para que grupos con múltiples perspectivas sobre el proceso de enseñanza aporten ideas para desarrollar proyectos que respondan a sus contextos y sean la base para la mejora del sistema educativo.