Pedro Flores-Crespo y Laura M. Ramírez Mejía*
En la avenida de Tlalpan, de la Ciudad de México, se lee una manta adosada a la fachada de una escuela pública que dice que los estudiantes no regresarán a clases hasta que haya un dictamen debidamente avalado por la autoridad. Se teme que después del sismo del 19S, la infraestructura escolar no ofrezca las condiciones de seguridad para que todas las niñas, niños y jóvenes regresen a clases. Esta manta está firmada por los padres de familia.
Parece que la energía social desplegada luego de la tragedia no fue debidamente entendida y mucho menos encauzada por las autoridades educativas del país. Por ejemplo, al dar a conocer los ocho pasos para el regreso a clases el 22 de septiembre pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP, Comunicado 270), omitió mencionar completamente a los Consejos Escolares de Participación Escolar (CEPS) y al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (Conapase).
Los CEPS, según la Ley General de Educación (LGE) están integrados por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, “así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela”. Sus funciones son múltiples: Opinar sobre los ajustes al calendario escolar, tomar nota de los resultados de las evaluaciones, propiciar la colaboración entre maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y educación plena de los educandos y algo muy relevante en el contexto del 19S: Llevar a cabo las “acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar”.
Ninguno de los ocho pasos enlistados por el secretario Aurelio Nuño hacen alusión alguna a los CEPS cuando su función podría haber sido clave. Si para regresar a clases se debían revisar las instalaciones escolares por parte de los Directores Responsables de Obra (DRO), ¿no podría haberse incluido en tales diligencias a un miembro del CEPS para que diera legitimidad y confianza al resto de la comunidad educativa de que tales revisiones eran apropiadas? ¿No hubiéramos ganado todos si el dictamen oficial del DRO hubiera sido avalado por el presidente del consejo escolar? La SEP perdió una magnífica oportunidad de probar su Modelo Educativo para el siglo XXI – en la parte de gestión y autonomía escolar – en una situación real y tristemente trágica.
Es sintomático que la SEP no sepa interactuar con la ciudadanía contando con los mecanismos formales para ello. Cuando el maestro Nuño anunció que la reconstrucción de las escuelas se haría de manera transparente, omitió hacer suya la justificación del Comité de Contraloría Social de los CEPS, que establece que por medio de la vigilancia ciudadana “los beneficiarios” de ciertos programas – en este caso, rehabilitación de escuelas -, puedan verificar la adecuada aplicación de los diversos recursos públicos. ¿Será que sigue activándose en algunos funcionarios el chip de “máxima autoridad” y dueños exclusivos de las escuelas cuando podrían compartir responsabilidades en pos del bien público?
La omisión total de los CEPS – y del Conapase – en el proceso de reconstrucción y rehabilitación de escuelas contrasta con el discurso oficial de este consejo: “Ha sido durante la presente administración que el papel de la ciudadanía ha cobrado mayor importancia como factor para la equidad y pertinencia de la labor de las escuelas. La promulgación del programa sectorial de Educación, abrió las vías para la gestión escolar participativa. Así la toma de decisiones se comparte a la par de la responsabilidad, esto permite una mayor trasparencia en la rendición de cuentas.” (http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/en/conapase/Que_Hacemos)
Y otra omisión grave. Mientras el Cuarto Informe de Gobierno reportaba que había más de 200 mil consejos escolares de participación social instalados, para este año, el Quinto Informe de Gobierno ya ni los menciona. ¿Será que no se desea perder el tramo de control sobre las escuelas? ¿Por ello cambiaron las reglas para elegir al presidente del Conapase y volverlo más oficialista? ¿Es la subestimación de la participación social una consecuencia tácita de querer recuperar la rectoría de la educación por parte del gobierno? Ésta es un buen punto para iniciar la reflexión sobre la “reforma de la reforma”, como diría Rodolfo Ramírez.
Las distintas administraciones encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional raramente han simpatizado con la idea de compartir el poder para tratar de resolver los problemas que enfrentamos los ciudadanos. Ellos se erigen como el Jefe, el Padre que organiza – y mal – a lo infantes; pero no olvidemos la lección de las tragedias acarreadas por los sismos de la CDMX: el gobierno es fácilmente rebasado por los hechos y surge de manera espontánea una ciudadanía, que aunque desestructurada y efímera, ha demostrado que es capaz de cambiar el régimen político por la vía pacífica.
Y esto todavía no termina. Si en 1985 la sociedad tuvo un papel fundamental en el momento mismo de la tragedia descubriendo una fuerza antes desconocida para sortear la emergencia, 32 años después la ciudadanía tiene una oportunidad para hacerse presente en la fase que viene de reconstrucción y en ese proceso la postura del gobierno será crucial: aprenderá la lección y permitirá una mayor participación social o seguirá cerrando espacios, si es que aún pueden ser cerrados, cuando poco a poco la sociedad civil empieza a organizarse.
La etapa de la reconstrucción es un momento ideal para mantener la participación ciudadana, es cierto que la pasión de las primeras horas va mermando a medida que se regresa a la cotidianidad pero el espíritu de solidaridad y la conciencia de que en los momentos delicados es cuando más hay que defender los derechos de todas las personas parece estar vivo y puede capitalizarse para levantarse de nuevo.
No se trata de restarle la responsabilidad que tiene tanto el gobierno federal como a los poderes estatales, municipales y delegacionales (en el caso de la CDMX), se trata de aprovechar los espacios para observar procesos, exigir rendición de cuentas y monitorear los procesos de construcción segura.
¿Y qué pasa en el tema educativo? Como mencionamos anteriormente, ante la contingencia no se tuvieron en cuenta los CEPS ni el Conapase, en la emergencia se perdió la oportunidad de usarlos como mecanismos participativos para garantizar la primera preocupación que era el regreso seguro de las niñas y los niños a las escuelas. Sin embargo, es ahora cuando el papel de la participación social se puede desplegar para exigir que el regreso a las escuelas garantice el derecho de nuestros estudiantes a recibir la mejor educación ¿Cómo?
En primer lugar hay que entender que la escuela no es sólo un edificio sino que es una comunidad, si los edificios se cayeron o ya no son aptos para que regresen los estudiantes la comunidad debe exigir espacios temporales óptimos para que se reinicien las clases.
También es la comunidad la que será fundamental al momento de brindar apoyo socioemocional. El equipo docente debe tener protocolos de acción para que los estudiantes puedan procesar los momentos difíciles que vivieron, pero será mucho mejor el impacto si toda la comunidad escolar centra la atención en que cada niña o niño tenga herramientas emocionales para hacer frente a la tragedia, supere la situación difícil y esté listo para seguir aprendiendo.
De la comunidad también depende escuchar a las niñas, los niños y los jóvenes sobre la escuela que quieren y necesitan. Es muy triste que los edificios se hayan venido abajo pero puede ser una oportunidad para que la reconstrucción responda a una escuela diferente donde los estudiantes se involucran en la definición de los espacios que necesitan. Es su derecho participar. Hoy somos más conscientes de la necesidad de tener escuelas que respondan a los requerimientos de cada comunidad escolar.
En cuanto a la rendición de cuentas, es la comunidad escolar quien debe vigilar que los recursos materiales se destinen apropiadamente y con visión de equidad. No es momento de conformarse con una escuela de segunda, el dinero debe llegar a todos los afectados y los recursos deben dirigirse eficientemente para que todas y todos puedan asistir a una escuela digna y segura y esto no será posible si sólo se hace una cuenta donde se divida el presupuesto de reconstrucción entre las escuelas afectadas.
Que el gobierno no parezca interesado en valorar el papel de la sociedad civil no implica un adiós a la participación ciudadana, minimizar los espacios ya existentes es un error pero desconocer el potencial de los ciudadanos en esta contingencia puede serlo aún más
Esperamos que la construcción de los edificios sea sólo la parte más externa de lo que México necesita: la reconstrucción de su sociedad, con una ciudadanía fuerte, participativa y corresponsable. Las lecciones que nos dejaron los sismos fueron sólo el comienzo, que la fuerza no se agote y que nuestros gobiernos comprendan que el ciudadano es ya real; no imaginario.
Pedro Flores es Profesor de la Universidad
Autónoma de Querétaro (FCPyS)
Laura Ramírez es Coordinadora temática de
REDUCA en Mexicanos Primero
