Por Fernando Ruiz
La semana pasada el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que las calificaciones obtenidas por los maestros en la evaluación del desempeño de 2012, la primera del país que buscó aplicarse a todos los maestros de educación básica, deben ser públicas. Dicha resolución fue producto de tres años de litigio de Mexicanos Primero contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
La información liberada es importante, ya que proporciona datos sobre las fortalezas y áreas de oportunidad de 260 mil docentes de primaria. Por increíble que parezca, no hemos contado con un diagnóstico personalizado y público de las fortalezas y debilidades profesionales de los maestros de educación básica. La información de las evaluaciones escalafonarias, vigentes desde 1947, sólo era accesible a la burocracia educativa y sindical. El Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM), implementado desde 1993 y primera experiencia sistemática de evaluación de los docentes en México, tampoco contempló hacer pública su información. Los resultados obtenidos por los maestros en los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS), implementado desde 1997 a 2011, son sólo de aquellos que voluntariamente decidieron participar y disponibles sólo para ellos. Los resultados de los concursos para el otorgamiento de plazas docentes, implementado desde 2008, proporcionan información pero sólo de los normalistas y maestros en servicio que participaron en los concursos.
La Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de 2012, en cambio, fue planteada como la primera en la cual obligatoriamente todos los docentes participarían en un proceso de evaluación formativa que permitiría contar con información valiosa de cada maestro. A final de cuentas, no resultó “universal”. En nivel primaria, a pesar de la oposición y sabotaje que los sindicatos magisteriales llevaron a cabo, más del 50% de los docentes participaron. Sin embargo, el proceso quedó trunco, pues ya no continuó la evaluación de los maestros de preescolar y secundaria. Pero vale la pena subrayar lo que sí alcanzó: permitió conocer que uno de cada tres maestros de primaria requieren un apoyo inmediato y urgente.
Con la Reforma Educativa, la evaluación vuelve a hacer un tema central en la educación. Este año casi 300 mil maestros de educación básica participarán en un nuevo proceso evaluativo. Hay grandes expectativas de contar en 2016 con un diagnóstico público que sirva como la base para una estrategia integral y personalizada de apoyo a cada uno de los docentes. Esto si las autoridades educativas no deciden lo contrario. Publicar los resultados de la evaluación no se hace con el fin de exhibir a los maestros, sino como un mecanismo de cambio; sólo con información pública podemos verificar cómo estamos y qué estamos haciendo para mejorar.
Incrementar el apoyo a los docentes no puede ser sólo prioridad gubernamental, sino también social. Para ello es necesario conocer la situación profesional de cada uno de ellos. El precedente judicial y administrativo obtenido abre la posibilidad de avanzar en la construcción de sistemas de información personalizados de todos los docentes de educación básica. Hoy, los políticos y burócratas deben entender que la información no les pertenece, es de la sociedad. Tal vez vuelvan intentar ocultar la información sobre la evaluación del desempeño docente de este año, pero la opacidad y discrecionalidad puede ser revertida por los tribunales.
Investigador en Mexicanos Primero
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