La educación como proceso de aprendizaje social no se reduce a las actividades que se llevan a cabo en las aulas, virtuales o presenciales. Ocurre cada día. El tema del retorno a las escuelas es el que, con razón, predomina en estos días. Es complejo pues implica la consideración de varias dimensiones entrelazadas y heterogéneas si se consideran los diferentes y desiguales contextos sociales, niveles de estudio y condiciones escolares, así como las distintas perspectivas, también variables, desde los múltiples tipos de organización familiar, prácticas docentes e infraestructura material de los planteles, a las que se añaden posiciones divergentes en cuanto a consideraciones políticas, económicas, sanitarias y pedagógicas.
Sin restar importancia a este dilema que reclama la mayor apertura al dialogo para generar proyectos adecuados a las circunstancias, conviene abrir la mirada y preguntar cuáles son las principales vetas que en la comprensión del país y su futuro se han abierto al lidiar con la pandemia. Comparto algunas, que sin duda se ampliarán con las experiencias de quienes lean estas letras.
En primer lugar, la fragilidad del proyecto de nación emergió (más) a través de la inaudita concentración del ingreso, poder y prestigio que produce distancias (barrancos hondos) entre las posiciones sociales ante las que la propuesta de la igualdad de oportunidades, revestida con el predominio del mérito como quantum de esfuerzo, se desmorona.
Sea cual sea el sector social que se enfoque, la desigualdad y la pobreza son un lastre para quienes adhieren a la construcción de un país decente. La inequidad en el acceso a los servicios de salud; a la educación, ahondada ahora por vínculos tan diferenciados entre estratos sociales a la tecnología, y la contrastante densidad de habitantes por metro cuadrado de vivienda o espacios públicos con áreas verdes, por señalar algunos, son inaceptables éticamente y reducen los umbrales para hace viable compartir el territorio de manera justa.
En segundo, y sin ser experto en la materia, considero que la enorme cantidad de personas ocupadas en el sector informal que no pueden recluirse pues dependen del ingreso diario, junto con la creciente pérdida de seguridad y prestaciones en el empleo en el sector formal, no auguran bases firmes para el desarrollo económico del país.
Añado, en tercer lugar, la escasa presencia de cultura científica en la población, que nos hizo ver, en fases decisivas de la desgracia, la prevalencia de supuestas protecciones religiosas ante el virus, rayanas en la superstición, en muy amplios grupos de la sociedad e incluso del gobierno.
En cuarto sitio, y no en importancia, ha sido costosa, y lo será de no enmendarse, la falta de credibilidad y confianza en las instituciones. Esta dimensión se relaciona con la quinta, a saber: la mayoritaria noción de la condición de beneficiarios y no la de ciudadanos. De persistir la idea de formar parte de un país de beneficiarios de bienes de autoridad – ya sea población marginada o empresarios de cualquier tipo en todos los ramos – la condición fundamental de la democracia, conciencia de ciudadanía con derechos y obligaciones, reduce las posibilidades de un cambio social de fondo.
Ninguno de estos aspectos es privativo del actual gobierno. Son taras de décadas que el virus y sus funestas consecuencias han descarnado dejándolas en los huesos. Urge hacernos cargo de estas lozas para el futuro como aprendizaje de esta temporada de trancazos. Más nos vale.
Manuel Gil Antón. Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México
@ManuelGilAnton
